En Bolivia, en lo que va del año, 69 mujeres fueron asesinadas y varias de ellas abusadas sexualmente o con un despliegue de exacerbada violencia de parte de sus agresores antes de ser eliminadas.
Fuente: Los Tiempos
El último caso fue el de la adolescente de 13 años, Tanya, violada, estrangulada y asesinada por su agresor el pasado 15 de noviembre, en un hecho que conmocionó no sólo a Chulumani (lugar donde ocurrió) sino a todo el país.
Los expertos ven como causas para estos crímenes la vigencia enraizada del Estado patriarcal que genera desigualdad estructural, falta de presupuesto para organizar campañas de prevención, ausencia de un Estado que escuche a las vícimas y familiares para a partir de ello generar políticas de prevención y sanción y la pobreza entre otras.
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Si bien el feminicida de Tanya ya fue juzgado y condenado a 30 años, el máximo castigo no parece intimidar al resto de los potenciales asesinos de mujeres que día a día van en aumento no sólo en Bolivia, también en América Latina.
En 2023, último año en el que la mayoría de los países de Latinoamérica reportó datos completos, 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio en la región, según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en América Latina y el Caribe.
La cifra alarmante es de once feminicidios por día. Más del 65 % fueron perpetrados por parejas o exparejas de las víctimas.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, varias instituciones y expertos de Latinoamérica se han manifestado sobre la gravedad de los feminicidios y la urgencia de dar soluciones.
Yamila González Ferrer -experta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU dijo a DW que “la violencia hacia las mujeres y las niñas tiene causas múltiples, pero, sobre todo, está asentada en la desigualdad estructural que genera el sistema patriarcal, una ideología que durante siglos se ha consolidado en las sociedades latinoamericanas ”.
Añade que “el mandato de control masculino sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres sigue profundamente naturalizado, y esa idea de posesión es un factor que alimenta muchas de las violencias más extremas”.
En Bolivia rige la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y sanciona el feminicidio con la pena máxima de 30 años de prisión. Sin embargo, organizaciones feministas denuncian que la plena aplicación de esta ley sigue obstaculizada por la falta de presupuesto y personal especializado.
Estudios citados por Europa Press del Institut Barcelona d’Estudis Internacionals concluyen que los “principales retos” son garantizar que los datos sobre feminicidios se procesen y se traduzcan en acciones efectivas; y que el Estado escuche a las víctimas, familias y organizaciones.
Fuente: Los Tiempos