*Por Mario Malpartida.
En todo tiempo se dice que es necesario reformar la justicia, en sentido estricto el desempeño del Órgano Judicial, cuyos integrantes como jueces son los encargados de aplicar justicia.
La argumentación usual que explica -pero no redime- señala como causales la infraestructura: edificios, oficinas, equipamiento; así como la deficiente tecnología y, por supuesto, los sueldos bajos. Tienen razón, son factores que influyen en el funcionamiento de esa estructura inmensa, con un sistema jurídico infestado de embrollos, donde se instaló la corrupción.
En el historial de los últimos setenta años, el Poder Judicial ostenta el estigma del prevaricato, expresión más propia para endilgar a los corruptos que negocian decisiones judiciales, o se someten para mantenerse en los cargos.
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Con el triunfo de la revolución de abril de 1952 hubo cambio de Ministros, Vocales, Jueces, personal de los juzgados. Desde entonces, la carrera judicial ha sido un saludo a la bandera. Los magistrados y jueces -excepto por pocos casos- fueron nombrados por padrinazgo, amiguismo, militancia. Cuando el General René Barrientos asumió la presidencia, la renovación judicial fue un hecho cantado; y siguió con cada cambio de gobierno, «la justicia es corrupta» se decía, había que aprovechar para lavarle la cara; sucedía como un designio en la carta astral para los nacidos en el mes de mayo.
Hasta que llegó la elección por voto popular, quiso ser un remedio, pero resultó peor que el problema original. Lo imprescindible para que exista justicia, es que el juzgador tenga sapiencia intelectual, pericia para discernir lo justo e injusto, comportamiento social intachable, ser perfecto en el cumplimiento de los valores morales. ¿La meritocracia garantiza honestidad?
El Consejo de la Magistratura tiene atribuciones que debió cumplir desde su creación, y ahora repentinamente revela poder hacerlo.
La cumbre judicial que se realizó en la ciudad de Sucre acordó varios puntos cuya aplicación depende del tiempo, así como de los recursos económicos asignados. En lo inmediato: que se asigne un presupuesto mínimo sobre la base del cinco por ciento del Tesoro General de la Nación; régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional, punto que contempla el cese de los “autoprorrogados”; aumentar el número de juzgados y disminuir la retardación de justicia; implementar procedimientos digitales seguros para el uso de documentos virtuales, con validez jurídica.
Otros objetivos alcanzables que por sus características y contenido pueden implementarse a mediano y largo plazo, podrían ser: la creación de una unidad nacional especializada en justicia digital; educación en tecnología para el uso de la inteligencia artificial; establecer plataformas digitales que «validen la interoperabilidad de información entre los nueve órganos departamentales de justicia, y el Ministerio Público». Para todo esto es indispensable el servicio de empresas consultoras especializadas, y comprar un software adecuado, como el vigente en otros países.
La planificación y programación de estas acciones, estará seguramente a cargo de comités especiales; y la judicatura que se dedique a lo suyo: automatice en su conciencia –sin prebendalismo- la perfecta administración de justicia, y deje de prevaricar.
*Es periodista.