La dinámica y el ejercicio de la política y el accionar y el discurso de los gobernantes (Presidente, Vicepresidente, ministros, parlamentarios, gobernadores, alcaldes, fiscales, jueces) se mueve en un espacio en el que el derecho a la información está orientado a la población.
Además, son ellos los que se benefician, asumen y practican, por cualquier medio a su alcance, la libertad de expresión; no solo como un derecho, sino como un elemento esencial, a través del cual compartan sus preocupaciones, actividades, dialogan con la gente, informan y generan reacciones de toda clase.
Ese derecho fundamental de la libre expresión encuentra en esos gobernantes un cortapis que, cuando afecta a sus motivaciones y son blanco de críticas, comentarios, rechazos, acuden al fácil expediente de amenazar con una ley que regule, norme, controle a las poderosas y necesarias redes sociales, que el internet nos permite a los ciudadanos estar en movimiento y participar con nuestras expresiones y opiniones.
Precisamente cuando un político comete deslices en su accionar y en su decir, mucho más ahora que con su celular produce noticias, videos -los cuales los ponen a consideración del inmenso público que está al acecho de lo que dirán o harán sus cantantes, autoridades o sus ídolos -es cuando se enojan y se estrellan contra esas redes o contra la Inteligencia Artificial, defendiéndose con que la tecnología ha creado ese video comprometedor o que hackearon sus cuentas de Facebook o de WhatsApp.
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El video del Vicepresidente Edmand Lara, en el que hacía públicas las infidelidades de su esposa, es real; no fue creado por la IA ni manipulado. Así lo han constatado los expertos. Ha causado miles de reacciones contra la autoridad gubernamental; pero sus seguidores salieron a advertir que están preparando una ley que buscará sancionar contenidos. La sospecha recae en los usuarios de las redes sociales.
Las redes sociales y su uso siempre han estado en el centro del debate, ya sea en campañas electorales, en situaciones de conflictos, en la crisis de poderes o cuando se le ocurra a algún gobernante. Vivimos en un mundo donde todos estamos navegando con una fluidez intensa y cambiante.
Navegamos en espacios digitales de enormes alcances: financieros, políticos y comunicacionales, quizás siendo éste el que nos involucra a todos los habitantes del planeta Tierra, porque cada uno de nosotros somos seres de comunicación.
Estamos, somos y hacemos en nuestros espacios, donde nos desarrollamos, pero no vivimos en una isla o en una burbuja; de ahí que necesitamos del otro para convivir o para pelearnos.
Supercomunicados, hiperconectados, muy informados, nos desenvolvemos en una sociedad de la virtualización, donde la hiperinflación de la información nos ha atrapado, proceso del que somos parte como productores, consumidores y distribuidores de datos, noticias; haciendo uso de ese derecho esencial que es la libertad de expresión, que se ha convertido en vital, así como el agua que necesitamos para vivir cada día.
¡Es paradójico!. Mientras el poder, en todos sus niveles, goza y ejerce sus facultades de expresarse por las redes, para decir lo que quiere; no les gusta que la ciudadanía dé rienda suelta a su imaginación para crear sus propias reacciones, las mismas que vienen acompañadas de críticas fuertes, suaves, de humor, de insultos, descalificativos, porque, claro, el ciudadano no puede ser tan permisivo y callarse cuando observa las metidas de pata de sus autoridades.
Algunas preguntas para los que quieren imponer una ley mordaza a la libre expresión: ¿Van a controlar las expresiones de enojo, alegría, felicidad, molestias de la gente, que ha encontrado en las redes sociales un aliado para su libre expresión?¿Van a regular las reacciones de cientos de miles de ciudadanos que tienen el derecho de expresarse por alguna acción o discursos de las autoridades? ¿Van a poner mordazas a más de 12 millones de bolivianos que, gracias al celular, son protagonistas del devenir de la historia de este país y que necesitan que su voz sea escuchada y tomada en cuenta?
¿Acaso no es mejor que el político sea más prudente y tenga cuidado con lo que dice y hace, ya que siempre habrá un celular que lo estará filmando o, en su caso, que sepa usar mejor sus propias redes sociales? ¿Acaso no saben que ya existen una serie de leyes que sancionan la discriminación, el racismo, las injurias, los insultos, las calumnias y que no necesitamos más leyes?
Recordarle a los gobernantes y a todos sus operadores que la libertad de expresión es más que un derecho humano; es una necesidad, así como el aire que respiramos, el agua que tomamos.
En democracia hemos aprendido a amar nuestras libertades y a defenderlas. La libertad de expresión y su ejercicio no es un delito, es una necesidad y un instrumento para sentirnos más libres y más decentes.
Hernán Cabrera es periodista.