El reciente posesionado viceministro de Transparencia, Yamil García, anunció este lunes la conformación de un comité interinstitucional que realizará una auditoría integral a la administración de los recursos del Estado durante los últimos 20 años y enfocada en los aspectos jurídicos.
“Se va a trabajar en la conformación de un comité interinstitucional que va a comenzar a recabar toda la información de interés jurídico para el Estado”, afirmó la autoridad.
Según el viceministro, este comité empezará a recabar toda la información de interés jurídico para el Estado y generará una serie de exámenes en relación a la administración de los recursos de “todos los bolivianos”.
Aseguró que se elaborará una lista de “asuntos” que tenga que ver la cuantía, el monto de los proyectos, el impacto, el resultado, proyectos que fueron resueltos y aquellos paralizados.
“Vamos a trabajar de manera conjunta entre varias instituciones para informar a la ciudadanía qué ha pasado con los recursos de los bolivianos durante todos estos años”, afirmó.
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El anuncio sobre la conformación de esta comisión surge en respuesta a la investigación abierta por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) sobre un presunto desvío de fondos de cooperación destinados, principalmente, a proyectos de agua y riego.
Entre las primeras acciones, el viceministro anticipó también que solicitará informes detallados a las unidades de transparencia de todas las entidades públicas sobre su labor en las últimas dos décadas. “Vamos a preguntarles qué han hecho los últimos 20 años, qué han investigado, qué informes han emitido, dónde está la plata de los bolivianos. A partir de ello veremos si esta unidad era de transparencia o de oscuridad”, señaló.
Consultado sobre la denuncia que la ex Unidad de Transparencia impulsaba contra uno de los hijos del expresidente Luis Arce, García aseguró que todas las investigaciones continuarán su curso sin interferencias. “Como política institucional nosotros vamos a investigar hechos, no personas. Y serán responsables todas las personas partícipes de estos hechos”, dijo.
Respecto a la relación con el sistema judicial, el viceministro reiteró que el gobierno busca restablecer la independencia de poderes. “Se acabó la injerencia. A quién le corresponde administrar justicia es a los jueces, vocales y magistrados. Nosotros estamos para facilitar condiciones administrativas, no para influir en las decisiones jurisdiccionales”, enfatizó.
García también anunció que serán convocados los colegios departamentales y nacional de abogados, así como entidades vinculadas a la atención de víctimas —como SEPDAVI—, cuyo funcionamiento aseguró que está garantizado. “El Estado no va a dejar en desprotección a ninguna víctima y todos esos servicios los vamos a mantener”, afirmó.