La Paz. El investigador José María Herbas explicó que 401 trabajadores ganaron un caso y que, a ese monto, se suma otros Bs 25 millones al año, por la reposición de un bono de antigüedad. Señalan al exinterventor Marcel Claure como el principal responsable.
Fuente: eldeber.com.bo
Una auditoría jurídica ordenada por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) de La Paz, a la que EL DEBER tuvo acceso, confirma que 401 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas) ganaron un juicio laboral, por el cual se les debe pagar Bs 150 millones, aproximadamente, por la supuesta vulneración de sus derechos, cuando se les suprimió el pago de un “bono de antigüedad”, desde diciembre de 2016.
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El investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, señaló a este medio que, de acuerdo al estudio, el principal responsable es el exinterventor de Epsas y exgerente de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Marcel Humberto Claure Quezada, quien instruyó retirar este bono por motivos políticos y sin un respaldo legal.
Quiebra técnica
“Pero el tema es más grave, ya que a este daño económico debemos sumarle otros 25 millones de bolivianos de pérdida anual, ya que el fallo judicial señala que se debe reponer el pago del bono de antigüedad a los actuales trabajadores. Y como lo he denunciado, hay otra decena de procesos penales y laborales perdidos por Epsas, que en nuestro criterio ya llevan a la empresa de servicio de agua de los paceños a una virtual quiebra técnica”, sostuvo Herbas en una entrevista.
El actual interventor de Epsas, Pedro Flores, impuesto por el Gobierno del MAS y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se negó a responder las consultas sobre el tema.
Herbas basa la hipótesis de la “quiebra técnica de Epsas”, en los datos administrativos, que señalan que de los Bs 380 millones que reportan como ganancia, Bs 100 millones se van al pago de los salarios de 540 empleados con ítem y 280 eventuales.
Epsas, intervenida desde 2013, en el Gobierno de Evo Morales, administra 500.000 conexiones de agua y alcantarillado, aproximadamente, en ocho municipios del eje metropolitano del departamento de La Paz: Mecapaca, Achocalla, Laja, Pucarani, Viacha, Palca, El Alto y La Paz.
Datos técnicos
La auditoría jurídica fue instruida luego de varias denuncias presentadas por Herbas ante el extinto Viceministerio de Transparencia, que ya había instruido el inicio de acciones legales hacia los responsables. Sin embargo, dos ministros de Medio Ambiente Agua, además de directores de Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS) ignoraron las recomendaciones.
Sin embargo, el último ministro de MMAyA, de la era del MAS, Álvaro Ruiz, instruyó a Epsas ejecutar la “auditoría jurídica externa”, que luego de un proceso de licitación fue ejecutada por la “Consultora Navarro & Asociados”, que entregó el trabajo 45 días después de su adjudicación, el 17 de octubre, conforme conminaba la nota MMYA/Despacho 1373-2025.
Herbas afirmó que dicha licitación, fue realizada para auditar más de 80 procesos judiciales, en el ámbito laboral, que representan otra cantidad de “millones de bolivianos en perdidas, por la mala administración de Epsas, además de una deficiente defensa técnica.