Altas autoridades nacionales y regionales, instituciones y sectores destacaron y respaldaron el cese de mandato de los magistrados autoprorrogados del TCP.
Fuente: eldeber.com.bo
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Bolivia vivió este martes una jornada que marcó un punto de inflexión en su sistema de justicia: el cese definitivo de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) generó una ola de reacciones entre autoridades nacionales, líderes regionales e instituciones que destacaron el comienzo de una nueva etapa de independencia judicial. El país, señalan, clama desde hace años por una justicia despolitizada y, para muchos, la salida de los magistrados prorrogados representa el cierre de un ciclo de arbitrariedades que erosionó la confianza pública.
El presidente Rodrigo Paz Pereira fue uno de los primeros en pronunciarse, calificando a los exmagistrados como uno de los tres “símbolos de la injusticia y la persecución” (junto al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría General del Estado). A su criterio, la salida de los “autoprorrogados” permite al TCP encarar un proceso de modernización y recuperar la legitimidad perdida.
“Hoy termina una era de abuso institucional que dañó profundamente la justicia”, afirmó el mandatario en una de sus intervenciones. Añadió que lo ocurrido abre la ruta para que la justicia constitucional recupere su rol técnico, imparcial y alejado de presiones políticas.
Desde Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho sostuvo que el final de los magistrados autoprorrogados es consecuencia directa de los cambios estructurales que atraviesa el sistema judicial.
A su juicio, Bolivia empieza a reconstruir la institucionalidad que durante años se vio capturada por intereses partidarios. En su evaluación, “los magistrados ilegales no dejaron otro camino que la rendición de cuentas”, y corresponde ahora que la justicia examine con profundidad los presuntos atropellos cometidos contra la Constitución.
Críticas diversas
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, fue más allá y recordó que los magistrados del TCP fueron responsables de habilitar la repostulación de Evo Morales, pese al resultado del referendo del 21F. Los calificó como operadores políticos que sirvieron “tanto en la era de Evo como de Arce”, debilitando la credibilidad de la justicia constitucional. “Los que desconocieron la voluntad popular no pueden seguir definiendo el destino del país”, expresó el cívico.
También la Defensoría del Pueblo destacó el fin de la autoprórroga. Recordó que esa prolongación irregular del mandato fue “nociva para la institucionalidad democrática” y violatoria del orden constitucional, al tratarse de funciones ejercidas más allá del periodo de seis años sin opción de reelección. La institución reiteró que el respeto estricto a los plazos y a la renovación de autoridades es un componente básico para garantizar la vigencia de los derechos humanos y la separación de poderes.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, añadió una dimensión adicional al debate: recordó que la Asamblea Legislativa es la única instancia facultada para convocar elecciones judiciales y que, si los plazos lo permiten, la renovación plena de magistrados podría concretarse en 2026, una vez superado el ciclo electoral de las elecciones subnacionales.