La lucha contra la corrupción no se inaugura con decretos ni discursos. Se inaugura con señales claras, con decisiones inmediatas y visibles que revelen si el nuevo gobierno está dispuesto a romper con viejas prácticas o a repetirlas bajo otro nombre. En tiempos de profunda desconfianza ciudadana, esta es quizá la primera prueba de credibilidad política.
El país no necesita solo promesas; necesita certezas. Y esas certezas empiezan por la probidad de quienes ocuparán ministerios, viceministerios, direcciones nacionales y entidades descentralizadas. Cada nombramiento es un mensaje. Cada designación, una declaración de prioridades. ¿Se elegirá a personas con trayectoria transparente, solvencia técnica y ética pública demostrada? ¿O regresarán, recicladas, figuras cuestionadas, favorecidas por afinidades partidarias o favores políticos más que por méritos reales?
Las instituciones no se corrompen de un día para otro; se corrompen cuando se normaliza que los cargos se repartan como botín. Cuando el control interno es débil, cuando los intereses particulares pesan más que el servicio público, cuando la impunidad se vuelve costumbre. Por eso, la selección del equipo gubernamental no es un trámite administrativo: es el punto de inflexión que define el rumbo de toda la gestión.
La ciudadanía observa, compara y evalúa. Lo hace desde un lugar de cansancio, incluso de escepticismo. Por eso, el gobierno que de verdad pretenda combatir la corrupción debe comenzar por su propia casa:
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
– Transparencia absoluta en las designaciones, incluyendo criterios de selección y hojas de vida verificables.
– Declaraciones juradas accesibles, actualizadas y con control ciudadano real.
– Incompatibilidades estrictas, sin excepciones “con justificativo político”.
– Tolerancia cero a casos de nepotismo, tráfico de influencias o antecedentes cuestionables.
En este contexto, es esencial que el proceso de designación reafirme que todo ciudadano, sin distinción alguna, ha tenido igual oportunidad de acceder a los cargos públicos. El presidente Rodrigo Paz, como cualquier ser humano, tiene derecho a equivocarse y, por supuesto, a enmendar errores que pudieron surgir bajo la presión y urgencia de tomar decisiones. Asimismo, considerando la diversidad cultural del país y la existencia de personas idóneas y probas en todos los estamentos sociales, resulta fundamental asegurar la presencia de representantes de distintos grupos sociales en el equipo de colaboradores del nuevo gobierno. La pluralidad no solo fortalece la legitimidad, sino también la calidad de la gestión pública.
Un gabinete y una administración pública construidos sobre la ética, la capacidad y la independencia no lo son todo, pero sin ellos nada funciona. Ni las políticas públicas, ni la inversión, ni la seguridad jurídica, ni la gobernabilidad. La confianza, esa palabra tantas veces usada y tan pocas veces construida, es la columna vertebral de cualquier proyecto de Estado.
El mensaje para las principales autoridades del país es claro: la lucha anticorrupción no se posterga, se encarna. No puede ser un capítulo más del discurso, sino la esencia misma de la gestión. Porque si el gobierno quiere pedir sacrificios, paciencia o compromiso a la ciudadanía, primero debe demostrar que está dispuesto a actuar con rectitud, sin privilegios y sin doble estándar.
La población no exige perfección; exige decencia. Y esa decencia comienza, siempre, por elegir bien a quienes tendrán en sus manos la responsabilidad de administrar el poder público.
Fernando Crespo Lijeron