Emilio Martínez Cardona
Una reciente investigación de Human Rights Foundation (HRF) puso al descubierto la existencia de un lobby mediático-político del chavismo o, actualmente, madurismo, en los Estados Unidos. No es la primera vez, por supuesto, que se habla de forma genérica de estos intereses y sus operaciones, pero en esta ocasión los datos son específicos y contundentes, tanto sobre los nombres concretos como sobre sus mecanismos de acción, algo que incluso puede llevar a revisar protocolos en los principales medios internacionales de comunicación.
En resumidas cuentas, la investigación detectó que Juan González, quien fuera alto asesor del gobierno de Joe Biden para temas de América Latina, no promovió el levantamiento de sanciones al régimen dictatorial de Nicolás Maduro por una ingenua pasión por el deshielo y el apaciguamiento, sino por los intereses puros y duros de un grupo de grandes tenedores de bonos de la deuda venezolana, a quienes convenía más la “estabilidad autoritaria” que la apertura democrática.
Este poderoso grupo económico, expresión de aquellos que en Venezuela se denominan “boli-burguesía” más sus socios internacionales, operó durante años para darle oxígeno a una dictadura moribunda y paseó a sus analistas, el principal de los cuales sería González, por las mayores tribunas mediáticas del planeta, mientras iba dejando un rastro de chats de coordinación que al final se convertirían en una importante prueba incriminatoria.
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En las conversaciones, quedó claro que el grupo buscaba evitar la rendición de cuentas que vendría con un nuevo gobierno democrático, que podría “revisar la legitimidad de bonos emitidos bajo opacidad, investigar posibles actos de corrupción, replantear la reestructuración con mecanismos transparentes y desconocer obligaciones generadas sin control parlamentario”, al decir de la investigación de HRF. De manera que estos grandes bonistas habían llegado a la conclusión de que “sólo negociando con Maduro” estarían protegidos sus intereses.
Ahora, en el marco de la declaratoria del Cártel de los Soles como organización terrorista, medios como CNN, por cuyas pantallas pasó González, están analizando una eventual revisión de sus protocolos de divulgación, para no darle plataforma a la distorsión y las narrativas producidas por los narco-regímenes, al menos en el caso de voceros que sean parte de un claro conflicto de intereses.
Este escándalo subraya la preocupación sobre cómo los intereses económicos ocultos pueden distorsionar el debate público y la política exterior respecto a países con gobiernos autoritarios. Estos descubrimientos deben interesarnos en toda América Latina, entendiendo que las metodologías descritas son parte de un “modelo exportable” implementado por un proyecto político-criminal de dimensiones continentales.