La tensión crece en la zona Miguel Dolling, en el municipio de Guanay, donde comunarios denuncian avasallamientos, destrucción de cultivos y el avance de actividades mineras ilegales en plena área urbana. La conflictividad, que ya llegó a la Fiscalía y la Policía, se ha convertido en un símbolo de la desprotección estatal frente al tráfico de terrenos y la explotación de oro sin control.
Fuente: ANF
Angélica Salas, una de las afectadas por este atropello, relató que el problema comenzó con el “rellenado” de terrenos, una práctica que —según afirmó— tiene el objetivo de urbanizar y agrandar la zona sin autorización municipal. En ese proceso, parte de sus cultivos fueron destruidos. “Están matando las plantas que mis padres cuidaron tantos años”, lamentó, en contacto con ANF, señalando que las parcelas estaban en plena producción y que nunca recibió una propuesta de compensación por los daños.
Salas, junto a los demás afectados, identificó como principal responsable a Ruddy A. A., presidente de la junta de vecinos y dirigente de la zona Miguel Dolling, a quien denunció, y hoy debía declarar ante el fiscal. Lo describió como “abusivo” y “prepotente”, y aseguró que se burla de cualquier intento de denuncia. Según su testimonio, la empresa encargada del rellenado, y que explota de oro sin permiso, Flormining SRL, a quien también reclamó, afirmó trabajar bajo las órdenes directas de él, lo que refuerza su convicción de que existe una operación organizada para avanzar sobre terrenos privados.
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El temor ha ido creciendo entre los vecinos. Los afectados denunciaron que los trabajadores de la empresa están acumulando montículos de piedras justo al borde de las chacras y en varios casos sobre los cultivos, lo que interpretaron como una estrategia para seguir avanzando sin respetar límites. “La gente tiene miedo de declarar”, dijo una afectada que pidió el anonimato, evidenciando el clima de presión que siente la población.
Los afectados acudieron a múltiples instituciones —la Alcaldía, la Fiscalía y la Policía— pero sin obtener respuesta concreta. Afirmaron que el alcalde Víctor Ticona prometió intervenir, “pero no hace nada”.
“Hay mucho dinero por el oro, por eso no están obrando”, denunciaron en contacto con ANF. Son más de una decena de familias afectadas en este sector de Guanay -hay otros sectores más-, que se han organizado para presentar notas e insistir en que las autoridades detengan el avasallamiento.
Otro comunario confirmó que detrás de la destrucción de cultivos y el tráfico de lotes hay una razón más profunda: la minería ilegal que avanza desde los ríos Mapiri y Tipuani hacia el radio urbano, y por varios sectores. “Antes decían que eran descolmataciones. Ahora ya están dentro de la población haciendo trabajo minero”, denunció a ANF.
Identificó como responsables de estas operaciones a los directivos de la zona Miguel Dolling y a la empresa Flormining SRL, que —según señaló— actúa en complicidad con la junta de vecinos. Afirmó que explotan oro de manera ilegal y con los desmontes amplían y allanan terrenos y destruyen cultivos, para después ponerlos a la venta, a razón de 5.000 bolivianos el lote. La denuncia también fue confirmada por el alcalde de Guanay. “Es tierra de nadie. La policía cuida a los explotadores y no a la población”, aseguró.
Las denuncias no son nuevas. De acuerdo con datos judiciales, la empresa Flormining SRL, representada por Juan Carlos Quispe —la empresa tiene antecedentes desde 2024 —, y el dirigente Ruddy A. A. ya tienen procesos abiertos en la Policía y la Fiscalía desde el 28 de octubre de 2025. Los denunciantes son Angélica Salas, Jenny T. y Elffi R. Pero, a pesar de estos antecedentes, el avasallamiento continúa a vista de autoridades municipales y judiciales.
El alcalde Víctor Ticona dio su versión el 6 de noviembre, en una declaración a la Red Activa Guanay del Norte Amazónico. Reconoció que el tráfico de tierras en Miguel Dolling es un problema grave y que la venta de lotes es ilegal. Aunque no se refirió a la minería ilegal, que es la causa generadora del problema, aseguró que nadie tiene competencia para vender terrenos y que, en el marco de la Ley Municipal solo pueden ser entregados de manera gratuita dentro de un proyecto técnico de ampliación del radio urbano.
Ticona afirmó haber recibido información de que al menos 50 lotes se vendieron en la zona a 5.000 bolivianos cada uno, lo que estimó en un movimiento económico de 250.000 bolivianos. “Es un delito muy delicado”, advirtió. También pidió a los vecinos no dejarse estafar por esos dirigentes, porque esos terrenos no podrán ser regularizados.
Ticona anunció que convocará a los dirigentes para realizar un estudio técnico que permita evaluar una posible ampliación de la zona, pero recalcó que ni él ni la dirigencia tienen atribución para lotear.
La postura del alcalde contrasta con la percepción de los comunarios, quienes sostienen que la Alcaldía no está actuando con la firmeza necesaria para frenar el avance minero y el loteamiento ilegal. El comunario insistió: “Si el alcalde hubiese querido parar esto, ya habría enviado una nota de paralización a la empresa y convocado a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera)”.
Los antecedentes de la empresa Flormining SRL explican parte del conflicto. En 2024, la firma fue denunciada por extraer oro sin autorización mientras realizaba un contrato de descolmatación de ríos firmado con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve). Según la denuncia de ese entonces, Flormining colocó alfombras mineras en plena zona urbana y extrajo al menos 1.184,5 gramos de oro.
La operación generó indignación en la población y, tras una denuncia formal, los trabajos fueron paralizados en el sector conocido como “Chancholandia”, un antiguo botadero y área previamente explotada por Comsur. Sin embargo, la empresa volvió meses después, a otro sector. Ahora en alianza con la junta de vecinos de Miguel Dolling, dirigida por Ruddy A. A. para reactivar la explotación aurífera.
Hoy, esa actividad se ha extendido hacia terrenos agrícolas. Y mientras el oro sale, los cultivos desaparecen. “No sabemos dónde reclamar”, lamentó una de las afectadas. “Solo queremos que dejen de destruir, que respeten la tierra”.
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