La crisis en la cúpula del TCP sigue adelante con un estrechamiento del cerco judicial contra los ex magistrados autoprorrogados, que aún litigan para frenar la orden de aprehensión, mientras el paradero de varios de ellos es aún incierto.
Fuente: eldeber.com.bo
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A solo un día de su cese inmediato por resoluciones de salas constitucionales de Potosí y Santa Cruz, el cerco judicial contra los cinco magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se estrechó drásticamente: la Fiscalía ejecutó allanamientos, activó alertas migratorias y avanzó con citaciones, mientras los exmagistrados intentan frenar su captura por vía constitucional, pese a que no se conoce su ubicación actual.
Durante la mañana, los fiscales Javier Gorena y Mario Durán ingresaron al edificio del TCP en Sucre para allanar las oficinas que utilizaban Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo, investigados por falsedad ideológica y acoso político contra mujeres, tras la denuncia presentada por las magistradas Paola Prudencio y Amalia Laura. Aunque las funciones de los autoprorrogados fueron cesadas el martes, dos de ellos (Espada y Gallardo) presentaron ayer su renuncia irrevocable.
Gorena explicó que el objetivo del operativo es registrar las dependencias e identificar documentación pertinente en la fase preliminar del caso. Funcionarios de laboratorio forense participaron en la recolección de evidencias, entre ellas documentos vinculados a los autos constitucionales 0012/2025 y 0070/2025, que fueron secuestrados para su análisis posterior.
Autoridades del TCP indicaron que las oficinas estaban prácticamente en desuso y que el martes se intentó retirar documentación antes del cese impuesto por la justicia.
Paralelamente, la Fiscalía de Sucre confirmó que ya están activadas las alertas migratorias contra los cinco exmagistrados, lo que impide que abandonen el país. “La disposición ya fue comunicada y Migración ha activado las alertas”, sostuvo Gorena. También informó que se citó a declarar a los sindicados y que el primero en presentarse fue Gonzalo Hurtado, quien acudió el martes por la tarde. Al tratarse de investigación preliminar, no fue aprehendido.
Contrataque
Sin embargo, Hurtado activó un contraataque judicial: presentó una acción de libertad ante una Sala Constitucional del Beni para anular su orden de aprehensión, suspender la alerta migratoria y frenar cualquier persecución policial. Su abogado, Álex Mejía, exige además que se garanticen sus derechos constitucionales, abriendo un nuevo capítulo en la disputa legal.
El conflicto se originó luego de que los autoprorrogados anunciaran que se mantenían en funciones por 10 días adicionales, cuando dos salas constitucionales ordenaron su cese inmediato. A ello se sumaron las órdenes de aprehensión emitidas por un juez en el municipio de La Guardia, detonando un escenario inédito en el sistema judicial.
La magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, aseguró que no hay mayor conflicto en esa instancia judicial, después de que los magistrados “autoprorrogados” fueron cesados de sus funciones.
Desde el Consejo de la Magistratura también hubo repercusión. Su presidente, Manuel Baptista, anunció procesos disciplinarios y posibles acciones penales contra los autoprorrogados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Afirmó que sus decisiones afectaron gravemente la administración judicial, dejando acefalías en ambas instituciones y paralizando procesos disciplinarios esenciales. “Respondieron a intereses particulares, no al mandato de garantizar un sistema eficiente”, advirtió.
Mientras avanza la presión institucional y fiscal, la principal incógnita sigue abierta: ¿dónde están los exmagistrados? Hasta ahora, ninguno (salvo Hurtado) ha dado señales públicas de presentarse ante la justicia.