La mayor cantidad de esos recursos fueron destinados para la compra de harina, trigo y arroz. El foco en la subvención generó dependencia social, corrupción y aplazamiento de la biotecnología para mejorar la producción de trigo
Fuente: El Deber
La política de subvención a la harina de trigo, implementada hace más de una década por el Gobierno, para garantizar el precio del pan de batalla en el occidente del país, ha terminado acumulando un efecto nocivo en al menos tres dimensiones: social, política y económica.
El pasado viernes, después de una reunión en la que los panificadores rechazaron la propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo —que presentó un sistema digital para la reasignación “transparente” de harina a precio diferenciado—, las protestas en las calles paceñas se empezaron a sentir, incluso entre panificadores ‘federados’ e independientes. Estos últimos anunciaron el fin de la subvención y decidieron vender la marraqueta a Bs 0,80.
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En el campo político, la subvención generó una red de corrupción que se benefició de la comercialización. Uno de los últimos gerentes de Emapa, Franklin Flores, se encuentra prófugo y el ejecutivo de la Federación de Panificadores, Rubén Ríos, enfrenta cargos porque una empresa a su nombre vendía a Emapa el quintal de harina a Bs 480 y su panificadora se hacía ‘subvencionar’ el producto a Bs 109.
Sin embargo, el mayor costo fue para la economía del país. Según datos oficiales disponibles, incluyendo informes de la FAO, en los últimos siete años el Presupuesto General del Estado (PGE) destinó al menos Bs 2.808 millones para la subvención alimentaria, principalmente harina, trigo y arroz; aunque Flores, cuando fungía como gerente de Emapa, indicó que, en los últimos años, solo para la harina se destinaba Bs 1.000 millones anuales.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicados en marzo del presente año, la harina subvencionada beneficiaba a cerca de 2.000 panificadores a nivel nacional. Y, de acuerdo con la Rendición Pública de Cuentas 2024 de Emapa, de las 2,3 millones de bolsas de harina de 50 kilos distribuidas en el país, La Paz y El Alto concentraban el 74% de la distribución del insumo.
En esa ocasión, Flores señaló que la bolsa de 50 kilos se compraba en Bs 315, pero se entregaba a Bs 96. Es decir, el Estado asumió un subsidio de Bs 219. En total, 1,7 millones de bolsas fueron destinadas a La Paz; 290.630 a Cochabamba; 137.284 a Oruro; 69.835 a Potosí; 53.840 a Chuquisaca y 30.070 a Beni.
Los panificadores de Santa Cruz, Tarija y Pando, no reciben harina subvencionada. En el departamento cruceño no se comercializa el ‘pan de batalla’ y los más populares son el pan casero y el pan francés, que varían desde Bs 0,50 hasta Bs 1 por unidad.
Los panificadores de Santa Cruz han explicado en distintas oportunidades que la entrega de harina subvencionada respondía a aliados del entonces partido gobernante MAS y que el producto era de muy baja calidad.
Efecto acumulado
El economista Alberto Bonadona calificó la subvención alimentaria, especialmente de la harina de trigo, como “un ancla para la inflación” y, aunque parezca positiva por su efecto inmediato, lo más perjudicial es su efecto acumulado.
“Ese efecto acumulado es claramente nocivo porque genera, de manera exponencial, unas necesidades crecientes de la subvención a la harina. Es lo que ahora genera un desequilibrio en la relación del precio del pan y los otros precios, porque ese precio se queda abajo y los otros siguen al mercado o muestran otro tipo de comportamiento”, consideró.
Resaltó que se ha demostrado que se puede producir pan de batalla a Bs 0,70 levantando la subvención, lo que debería ser aprovechado por el Gobierno para quitar ese tipo de gasto para otros productos como la manteca, levadura o azúcar.
Bonadona, quien radica en la ciudad de La Paz, afirmó que la mayoría de los vecinos están dispuestos a pagar entre Bs 0,70 y 0,80. “Yo soy un amante de la marraqueta y estoy dispuesto a pagar 70 u 80 centavos. La gente grande, chica, de todas las edades, está de acuerdo en pagar más y creo que eso se ve clarísimo, que sería la forma de contribuir a que se levante esta subvención. Y no va a haber un levantamiento popular por esa razón, tal vez sea un levantamiento en contra de los bandidos que han estado haciendo su negociado”, expresó.
Por su parte, el economista Fernando Romero subrayó también que en el corto plazo, subvencionar harina contribuye a estabilizar el precio del pan, reducir presiones inflacionarias y proteger a hogares urbanos vulnerables.
“Sin embargo, como política permanente, sí genera una contradicción estructural: debilita las señales de mercado para productores, limita la inversión privada en la cadena triguera, reduce la competitividad nacional y perpetúa la dependencia de importaciones. Para que la política tenga coherencia, la subvención debe complementarse con inversión productiva sostenida en semillas, riego, mecanización, acopio y tecnificación”, señaló.
Por lo expuesto por Romero, y más allá de los casos detectados en Emapa, la subvención presenta efectos negativos que deben ser considerados, como el alto costo fiscal recurrente, que resta espacio presupuestario para salud, educación o infraestructura; distorsión de precios relativos que desincentiva la producción nacional; reducción de la inversión privada por incertidumbre y competencia desleal con insumos subvencionados; pérdidas por filtraciones y beneficiarios no objetivo, e ineficiencias de gestión: acopios por debajo de metas, problemas logísticos y retrasos administrativos.
El economista recomendó mantener subvenciones focalizadas y temporales, orientadas solo a poblaciones vulnerables, panaderías registradas y programas sociales. Así también redirigir progresivamente parte del gasto a inversión productiva, es decir, semillas de alto rendimiento, riego tecnificado, ampliación de silos y modernización de plantas de molienda.
“Iniciar un programa nacional de sustitución de importaciones para la cadena triguera con metas medibles a tres y cinco años; fortalecer auditorías, trazabilidad y mecanismos anticorrupción en Emapa y en todas las compras públicas del sector; establecer precios de referencia y contratos de compra garantizada para productores nacionales, reduciendo incertidumbre y estimulando la expansión de la oferta interna”, agregó.
Se redujo la importación
De acuerdo con datos facilitados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2020 al 27 de noviembre de 2025, Bolivia importó —privados y estatales— un total de 1.130 toneladas de harina de trigo por un valor de $us 430,12 millones.
En dicho periodo, las importaciones cayeron casi un 40%. En 2020 se importaron 364 toneladas y en lo que va de 2025, cerca de 146 toneladas. Argentina es el principal proveedor, con 142,3 toneladas en 2025, seguido de Paraguay, con 3,6 toneladas; Brasil, con 2,2 toneladas y Estados Unidos, con 225 kilos. En 2023 se importó de Afganistán 5,3 toneladas.
Fuente: El Deber