La Paz. Una auditoría jurídica ordenada por la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas) S.A. intervenida, respecto a 89 procesos laborales, incluido el bono de antigüedad, demandado por 401 trabajadores, determinó que hubo negligencia de los abogados que patrocinaron los mismos, extremo que lleva a la firma a perder más de Bs 150 millones.
Fuente: ATB
El exinterventor de Epsas, Marcel Humberto Claure Quezada y otras exautoridades, realizaron despidos “injustificados” de varios trabajadores que a lo largo de los años fueron reincorporados, después de ganar procesos laborales, a quienes se le pagó y a otros se les tiene que cancelar los sueldos devengados, que suma otra pérdida para Epsas.
Una auditoría de 2022, ejecutada por la consultora Cidsaf S.R.L. (Contable, Tributaria y Auditoría) que revisó procesos judiciales de las gestiones 2019, 2020 y 2021, concluyó que hubo una “deficiente gestión documental en el manejo de expedientes de los procesos judiciales laborales”.
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El documento apunta a una demora excesiva en los plazos procesales de los procesos judiciales laborales adversos, llegando a pasar más de una gestión creando multas y actualizaciones a favor del demandante y en consecuencia Epsas asume pagos muy elevados, que podrían presumirse como daño económico.
“Hemos revisado 10 casos reportados de demandas de reincorporaciones, sueldos devengados y bono de antigüedad, los cuales no están cerrados, por lo que no se pueden determinar importes finales o costos que la empresa tendrá que asumir (…) en consecuencia, existe inconsistencia de criterios técnico legales, o falta de conocimiento del ordenamiento jurídico administrativo”, se lee en el documento.
Asimismo, advirtió “serias deficiencias de personal en el área de Administración de Personal de la Epsas S.A. en las gestiones 2019 y anteriores, con la que llevaron adelante el proceso de fiscalización y auditoría realizadas por la Caja Petrolera de Salud (CPS); al no entregar documentación requerida en los plazos establecidos, conllevó a un proceso coactivo sujeta a fiscalización de Aportes Patronales al Seguro Social de Corto Plazo, que comprendió las gestiones 2013 a 2017, cuyo “auto de solvendo” dispuso el pago inmediato fue de Bs 4.552.914,64.
BONO ANTIGÜEDAD
En diciembre de 2016, el exinterventor Marcel Humberto Claure Quezada determinó “eliminar el bono de antigüedad” de los trabajadores de Epsas, calculado sobre nueve salarios mínimos, argumentando que se requería esos recursos para inversión en proyectos de agua.
En mayo de 2017, el Sindicato Único de Trabajadores de Agua y Saneamiento (Sutas) inició una demanda laboral de devolución del cálculo de bono de antigüedad, ya que se lo habría ejecutado sin ninguna comunicación previa.
Uno de los hallazgos más relevantes de la auditoría fue la inobservancia al Convenio Laboral Colectivo y reducción unilateral de base para el cálculo de bono de antigüedad, “extremo que se constituye en una negligencia sustantiva de alta relevancia, plenamente atribuible a Marcel Humberto Claure Quezada”.
Otro hallazgo de la auditoría jurídica fue la argumentación insuficiente en contestación a la demanda.
“La defensa debía haber invocado el Art. 123 del Código Procesal del Trabajo, por el que no se dio un adecuado uso al argumento de una pretensión poco clara o precisa, por lo que se identifica algún tipo de deficiente argumento”, sostiene el escrito.
“Corresponde concluir que este hallazgo se constituye en una negligencia adjetiva de alta relevancia atribuible a la abogada patrocinante Lourdes Frida Terán Iquiadez, quien planteó una errada estrategia de defensa con argumentación insuficiente, la cual influyó en desarrollo del proceso”, añade el documento.
Se puntualiza que la abogada no realizó las observaciones, oportunamente, a los puntos de hecho a probar, negligencia que en menor grado puede ser atribuible también al exjefe del departamento legal José Luis Rosas Salazar.
PROCESOS DE REPETICIÓN
Una de las recomendaciones de la auditoría es considerar el inicio de procesos de repetición o resarcimiento de “daño patrimonial” en contra de los responsables de las acciones y omisiones relevantes que derivaron en el proceso laboral sobre reducción del bono de antigüedad.
Al respecto, el investigador y consultor en agua y saneamiento, José María Herbas Postigo, manifestó a EL DIARIO que un hecho unilateral como este puede dejar a la población en riesgo de suspender la continuidad del servicio a cargo del operador, por lo que exigió que las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, tomen cartas en el asunto.
Además, respecto de la actitud de los interventores de Epsas, los abogados anteriores y actuales, manifestó que son designados al calor del favoritismo político y no por los méritos o experiencia en el sector.
“Los abogados sin criterio proceden a diseñar procesos laborales sin considerar los factores adversos, en casi todos los procesos laborales ha perdido la empresa, provocando serios problemas económicos, llevando al extremo los juicios laborales. En una cantidad de 15 a 20 abogados se ocupan de mantener este desorden legal y provocar una deficiente representación, es lo que también refleja en la presente auditoria”, señaló Herbas.