Uno de los pilares del plan de gobierno propuesto para los próximos 5 años por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, es la redistribución de los recursos del Estado hacia una descentralización paritaria entre el Estado nacional y las autonomías departamentales, municipales, indígenas y universitarias. A este pilar de su gestión lo denomina Bolivia 50/50, donde 50% queda en manos del Estado nacional y el 50% pasa a constituir responsabilidad de las autonomías. Plantea que las competencias asignadas por la Constitución a cada nivel de gobierno en el país, sean cumplidas con la aplicación descentralizada de facultades con presupuesto que hasta ahora, en gran medida, han sido re-centralizados por el Órgano Ejecutivo nacional.

En un estudio publicado por la Fundación Jubileo en septiembre de 2025 se constata que, de los 343 municipios existentes en el país, «solo 77 serían viables de acuerdo al criterio poblacional, pero también hay otros componentes de evaluación, como la alta dependencia de transferencias fiscales, las limitaciones para generar ingresos propios, la desigualdad territorial y las brechas de capacidades técnicas».

Jubileo define la viabilidad municipal en base con base en seis criterios, respaldados o por datos concretos del Atlas Municipal ODS, FAM-ARLAT, INE.

1. Viabilidad fiscal: Mide la proporción de ingresos propios frente a la dependencia de transferencias. El umbral adoptado (≥20% de recaudación local) subraya la necesidad de cierta autonomía financiera. Únicamente el 5% de los municipios logra cumplirlo.
2. Viabilidad administrativa: Se evalúa mediante la capacidad de ejecución presupuestaria (≥60%). Sorprendentemente, más de 80% supera ese mínimo, lo que indica una razonable eficacia formal. Sin embargo, no siempre se traduce en mejoras tangibles de bienestar.
3. Viabilidad demográfica: Considera la población mínima de 10.000 habitantes establecida en la Ley Marco de Autonomías. Cerca de 42% de los municipios no llega a esta cifra, lo que podría limitar su sostenibilidad de largo plazo y su aptitud para ofrecer servicios eficientes a la población.
4. Viabilidad económica: Examina la masa de actividad productiva y su distribución (PIB municipal y PIB per cápita). El 64% de las entidades no se ubica en la mediana o por encima, revelando bases productivas débiles que constriñen la capacidad de generar empleo e ingresos locales.
5. Viabilidad social: Incorpora indicadores de pobreza multidimensional, acceso a servicios básicos y necesidades básicas insatisfechas. Cerca de 68% de los municipios no logra una cobertura básica suficiente para calificar como “viable” socialmente.
6. Viabilidad de capital humano: Incluye el porcentaje de población que culminó la secundaria, la desnutrición infantil y la inclusión laboral femenina. El 85% de municipios no cumple con estos valores de referencia, evidenciando la persistencia de falencias educativas, nutrición y brechas de género.

Las conclusiones de la investigación social realizada por esta institución prestigiosa nacional son desalentadoras, en cuanto a la situación real de las autonomías municipales en el país. Solo el 5% consigue la autonomía financiera deseable; más de la mitad de los municipios no cumple al menos tres de los seis criterios descritos; no hay relación entre la elevada ejecución presupuestaria y los resultados efectivamente logrados en desarrollo humano o dinamismo productivo; se identifican municipios cuyo desempeño es tan bajo que no cumplen ningún criterio de viabilidad, planteando la necesidad de decisiones más profundas, como la fusión o la creación de entes intermunicipales que les permitan cooperar y compartir servicios de manera efectiva; y, finalmente, los municipios que cumplen tres o cuatro criterios de los seis mencionados, suelen presentar poblaciones mayores (alrededor de 36.000 habitantes de media) y cierta capacidad de recaudación local (4,83%). En contraste, los que solo cumplen uno o dos criterios, muestran menor población (alrededor de 10.861 habitantes), muy poca recaudación (0,80%) y bajas condiciones de bienestar.

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Paz Pereira ha delineado públicamente la hoja de ruta trazada en sus primeros 21 días de gobierno. En el encuentro con el sector privado del turismo, autoridades nacionales y algunos representantes de las llamadas ETAs (entidades territoriales autonómicas), fue taxativo: «Si quieren crecer como región, profundicemos las capacidades autonómicas de tomar determinaciones en diferentes rubros. Los siguientes seis meses vienen elecciones: o saltamos hacia el presente y el futuro mirándonos cara a cara para enfrentar el futuro de la Patria o volvemos al pasado del despilfarro, la corrupción y la demagogia. Tenemos que tomar determinaciones como Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia, capitalismo para todos como eje central para el desarrollo de las capacidades de los bolivianos, acabar con el Estado tranca, pero si eso no se refleja en las capacidades de desarrollo de cada una de las regiones seguiremos siendo vistos como siempre:  todos somos iguales, sí somos iguales ante la ley pero no somos iguales como regiones. Y por eso cada región tiene que potenciar sus capacidades, en cada uno de los rubros».

El concepto de política pública invocado por el presidente boliviano es un llamado de atención a la ciudadanía acerca de la importancia de elegir en los comicios autonómicos del 22 de marzo de 2026 con esa mirada puesta en la nueva conformación de gobiernos locales, departamentales e indígenas autonómicos porque «es importante entender que cada región necesita ese derecho de inicio del 50% que no se limita al pacto fiscal sino a las capacidades en líneas generales de generar políticas públicas más allá, de capacitar y formar recursos humanos, donde cada región tendrá esa posibilidad pero no es de la noche a la mañana».

Las autonomías fueron constitucionalizadas por la Asamblea Constituyente. Hasta 2009, el principal hito autonómico lo marcó la municipalización del país a través de la Ley de Participación Popular el 20 de abril de 1994. Anteriormente, sólo 25 centros urbanos contaban con la facultad gubernativa y elegían Alcalde y Concejales. El Cabildo del Millón en el departamento de Santa Cruz el año 2008 aprobó el primer Estatuto Autonómico del país. Sería este el primer grito regional que obligó a los constituyentes a incorporar las autonomías departamentales en la nueva Constitución.

Sin embargo, los gobiernos de Evo Morales y luego de Luis Arce Catacora recentralizaron competencias y presupuestos al decidir desde la sede de La Paz la asignación de recursos destinados a las autonomías a cubrir gastos de la administración central. Las autoridades de los gobiernos autónomos en muy pocos casos reclamaron el cercenamiento de sus facultades.

La corrupción, el despilfarro y la falta de conciencia política dejaron de lado los principios autonomistas. Lejos de fortalecer e institucionalizar modelos de administración que evidenciaran los beneficios de contar con gestiones más cercanas a las necesidades y los problemas vecinales, los aparatos burocráticos replicaron las consignas, los obstáculos y las intermediaciones propios del centralismo en las entidades autonómicas.

El documento de la Fundación Jubileo construye sus recomendaciones a partir de dos paradigmas complementarios. Uno de ellos es la «economía política adaptativa» (Yuen Yuen Ang), enfoque que sugiere que los municipios deben tratarse como sistemas complejos, donde la política, la economía y la cultura coevolucionan, con tres políticas públicas:

1. Incentivos fiscales flexibles. Se propone revisar el régimen de transferencias, premiando la recaudación local y la evidencia de mejoras tangibles en servicios básicos o indicadores sociales.
2. Gestión administrativa experimental. En lugar de planes rígidos, cada municipio contaría con márgenes de experimentación controlada: adopción de tecnologías, esquemas de participación o metodologías de cobro de impuestos ajustadas a su realidad. La evaluación de resultados ocurriría en ciclos cortos, nutriendo la retroalimentación y la corrección constante.
3. Descentralización enfocada en el aprendizaje. El fortalecimiento de redes (por ejemplo, asociaciones municipales) permitiría difundir experiencias exitosas y evitar duplicar fallas. Es vital promover la circulación de información entre municipios con grados de viabilidad distintos.

También aborda la situación de aquellos municipios que no cumplen ninguno de los criterios de viabilidad y que presentan un cúmulo de rezagos: población escasa y decreciente, muy baja recaudación y poca actividad económica significativa.  Es un asunto que más temprano que tarde deberá ser encarado por las autoridades políticas o continuar en una situación sui generis en la que la población carece de toda posibilidad de atención a sus demandas. El estudio propone:

1. Fusión o cooperación obligatoria. En vez de mantener entes municipales formalmente autónomos, pero inviables en la práctica, se propone la creación de entes intermunicipales que permitan a varios municipios compartir servicios, aunar presupuestos, gestionar proyectos de envergadura y coordinar políticas de manera más sólida.
2. Impulsar economías de escala: Estas entidades mancomunadas podrían gestionar sis- temas de agua potable, recolección de residuos, seguridad ciudadana o redes de transporte en un ámbito mayor, reduciendo costos y mejorando la calidad de los servicios.
3. Reinserción del capital humano: La conformación de un ente intermunicipal incrementa la base poblacional y la masa fiscal, haciéndola más atractiva para inversiones o profesionales con altos niveles de especialización.

En sus conclusiones, el documento «Viabilidad Municipal en Bolivia y elementos para una nueva visión de la descentralización municipal en la era de la complejidad» propone «la segunda generación de descentralización municipal revalidando el papel local en la construcción del bienestar y el desarrollo, a la vez que reconoce las barreras de tamaño, recaudación y capacidades institucionales que frenan a muchas alcaldías bolivianas. Si en la década de 1990 se priorizó la transferencia de competencias y la participación popular, ahora la meta es articular dichas competencias con auténticos incentivos para la autonomía fiscal, la incorporación dinámica de tecnología y la adaptación constante a partir de la evidencia».

«Como experiencias de otros países han demostrado, la clave radica en la combinación de un paradigma adaptativo (aprendizaje, flexibilidad y evaluación continua) con la focalización de misiones específicas que concentren esfuerzos. Solo así se podrá pasar de una ejecución presupuestaria frecuentemente ineficaz a una inversión pública con resultados tangibles en reducción de la pobreza, diversificación económica y mejora sostenida de la calidad de vida. Para quienes se encuentran en una inviabilidad extrema, la creación de entes intermunicipales se alza como una vía de integración y rescate, permitiendo generar economías de escala y viabilidad a nivel supramunicipal.

En síntesis, la propuesta establece que los municipios deben reinventarse como espacios de innovación y liderazgo social. Con el apoyo de la ciudadanía, la adopción de tecnologías emergentes y la redefinición de las reglas fiscales, es posible empoderar a las autoridades locales para que diseñen y ejecuten transformaciones profundas, arraigadas en la realidad de cada territorio, y pensadas para que nadie —ni los municipios ni sus habitantes— quede rezagado. Así, la descentralización volverá a ser una apuesta audaz, no solo para mejorar la gestión pública, sino para sembrar oportunidades que impulsen la prosperidad y la equidad en todo el territorio boliviano».

No será fácil ni en el corto plazo el diseño y la implementación de la promesa electoral del presidente Paz Pereira. Muchos han hecho del postergado «pacto fiscal» la panacea que solucionará las administraciones autonómicas. Como se deja ver rápidamente, el problema es complejo y no se resuelve firmando cheques desde la sede de Gobierno hacia las regiones, municipios y universidades, sino demostrando que las autonomías son capaces de ejercer a plenitud sus facultades y obligaciones para resolver las demandas de la población, elevar el nivel de desarrollo humano y garantizar los servicios básicos esenciales.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, norma exigida por la Constitución de 2009 para ejercerlas, requiere una revisión con mirada autonomista y descentralizadora. El Tribunal Constitucional que dictó varias sentencias constitucionales con visión centralista en contra del desarrollo autonómico también tendrá que perfilar nuevas resoluciones con la vista en un país con autonomías, como lo reclamó el Oriente boliviano históricamente, como logró que sea constitucionalizado en 2008 y como lo exige un nuevo ciclo histórico de cercanía estatal local sin autoridades nacionales inmiscuyéndose en presupuestos y competencias autonómicas.

El desafío está planteado.

Por Gabriela Ichaso.