El comandante general de la Policía Mirko Sokol aseguró en su posesión que “queda totalmente prohibido cobrar un solo centavo a ningún ciudadano boliviano por ningún motivo”.
Fuente: ANF
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Los internos de los penales de San Pedro, en La Paz, y Morros Blancos, en Tarija, denunciaron que las redes de cobros ilegales, extorsión y abusos policiales continúan operando dentro de las cárceles del país, pese a los recientes anuncios del comandante de la Policía, general Mirko Sokol, sobre una política de “tolerancia cero” contra la corrupción. Las personas privadas de libertad piden que esa promesa no quede en discurso y se traduzca en cambios en los recintos penitenciarios.
En San Pedro, Diego, uno de los internos, aseguró que las declaraciones del comandante Sokol generaron expectativas, pero la realidad dentro del penal no ha cambiado. “Acá sigue la corrupción, siguen los cobros. Los policías de las puertas tienen que ser cambiados, porque siguen cobrando para que ingresen las visitas (fuera del horario habitual), para el ingreso de verduras, alimentos, frutas y, claro, también para sustancias prohibidas como el alcohol y la droga”, denunció en contacto con ANF.
Según explicó, también persisten los cobros a los internos recién llegados: “Los delegados hacen el cobro, pero una parte de ese dinero va al coronel, al director del penal, sobre todo de la sección Chonchocorito. Por eso dicen que es su mina de plata”.
Julio, otro interno de San Pedro, confirmó que la situación se mantiene sin cambios visibles. “En población siguen los cobros. Los policías también cobran a los familiares para salir del penal. Hicimos la denuncia a Régimen Penitenciario, pero no hacen nada. Ojalá que lo que dijo el nuevo comandante se cumpla, ya es mucho abuso para nosotros y nuestras familias”, indicó a ANF.
En el penal de Morros Blancos, las denuncias se hicieron públicas a través de una carta firmada por los internos, quienes acusan directamente al gobernador del recinto, un teniente coronel, de liderar un esquema de cobros y extorsión. De acuerdo con el documento, a los nuevos reclusos se les exige entre 3.000 y 15.000 bolivianos, dependiendo del delito, y se cobra por el ingreso de bebidas alcohólicas. Señalan que el operativo se sostiene con la participación de dos internos “recaudadores”, un expolicía y un exfuncionario municipal, que manejan las tarifas para comida, visitas, productos e incluso el acceso a celdas. “Hacen llorar a las familias y gente humilde del campo”, se lee en el documento.
El comandante general de la Policía Mirko Sokol aseguró en su posesión que “queda totalmente prohibido cobrar un solo centavo a ningún ciudadano boliviano por ningún motivo”. En días posteriores reforzó esta línea mediante un memorando interno que advierte que cualquier solicitud, aceptación o insinuación de dinero o favores será considerada falta grave y conllevará sanciones administrativas, disciplinarias o penales. “La Policía Boliviana —dijo en su posesión— ingresará en un proceso profundo de transformación orientado a convertirse en una institución moderna y humana”.
Sin embargo, para organismos de derechos humanos, el problema va mucho más allá de una instrucción interna. Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), afirmó que los cobros dentro de los penales son la evidencia más visible de una corrupción estructural arraigada en la Policía.
“Los policías son quienes reciben los recursos de los privados de libertad que extorsionan. Cuando uno va a denunciar al comandante departamental o al director del penal, se hacen oídos sordos”, advirtió en contacto con ANF. Según Herrera, la Unidad de Investigación Policial “casi nunca encuentra nada”, lo que confirma que el sistema policial está “amañado y organizado para encubrir hechos delictivos dentro de la propia institución”. Por eso considera imprescindible una refundación estructural para erradicar estas prácticas.
La pastoral penitenciaria también respalda esa denuncia. Miguel Sotelo, con años de trabajo en cárceles, sostuvo que la corrupción es tan profunda que opera en complicidad con mafias internas. “La mafia manda prácticamente en Morros Blancos, y lo hace de acuerdo con los policías”, señaló a ANF.
Explicó que existe un flujo de información desde efectivos policiales hacia los grupos criminales para identificar a jóvenes con familias que puedan pagar. “Si se equivocan y el muchacho no tiene plata, lo torturan”, recordó, mencionando un caso donde tuvo que intervenir incluso el cónsul argentino.
Sotelo afirmó que los policías también extorsionan directamente, con cobros que alcanzan entre 2.000 y 5.000 bolivianos, o incluso dólares. Dentro del penal “todo se cobra”: papeles, celdas, entrada, salida. Las familias no se libran de esta lógica: “Para ver a su hijo deben pagar. Hubo un caso de alguien que ya había salido y tuvo que pagar 20 bolivianos solo para entrar a votar”.
Remover a los policías corruptos —añadió— es un proceso lento y desgastante. “Sacamos a dos, pero tardaron más de seis meses. Este sistema está podrido, y Régimen Penitenciario a nivel nacional es parte de este mundo podrido”. Por eso compara el estado del sistema con “un árbol podrido que debe arrancarse de raíz”.
Las denuncias de los internos, los organismos de derechos humanos y la pastoral coinciden en un punto: las promesas anticorrupción serán insuficientes si no se intervienen los núcleos de poder que permiten que la extorsión sobreviva gobierno tras gobierno.
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