Con estas evidencias, la Fiscalía profundiza la investigación sobre un posible caso de corrupción y desvío de recursos en el seno de EMAPA, entidad creada para garantizar la seguridad alimentaria. El caso expone cómo un mecanismo de subvención estatal, destinado a beneficiar a la población, habría sido aprovechado para un enriquecimiento privado que provocó un severo daño económico al Estado en el desvió de productos de primera necesidad.
En una investigación por presunto desvío de recursos por la compra, venta y almacenado de harina subvencionada, la Fiscalía allanó un galpón de propiedad del dirigente panificador Rubén Ríos, quien lo alquilaba a EMAPA para almacenar harina y encontró en su interior una caja fuerte, oficinas, un vehículo y un horno industrial, elementos que no guardan relación con el contrato de almacenaje.
“Entre lo más sobresaliente es un galpón bastante extenso, se ha encontrado también la existencia de algunas oficinas, una habitación, existe un vehículo también que al parecer estaría en desuso, también se ha podido encontrar una caja fuerte y también la existencia de un horno industrial al interior del galpón”, informó el fiscal Ronald Jurado, en entrevista con Cadena A, tras cumplir la orden judicial en el inmueble.
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Estos elementos han levantado sospechas sobre el uso real del espacio, originalmente destinado solo al depósito de productos de EMAPA por lo que el fiscal Jurado confirmó la relación contractual entre el dirigente y la empresa estatal y explicó que, conforme a los indicios de la investigación, existía un convenio por el cual EMAPA alquilaba el galpón a Ríos específicamente para almacenar sus productos, cancelándole por este concepto aproximadamente 19,000 bolivianos mensuales.
Este acuerdo es el núcleo de la investigación, que busca determinar si los fondos públicos pagados por el alquiler fueron utilizados para un fin legítimo o si el espacio se empleaba para otros propósitos privados.
La presencia del horno industrial, en particular, es considerada un indicio grave, ya que sugiere la posibilidad de que en el lugar no solo se almacenaba la harina subvencionada, destinada a abaratar el precio del pan para la población, sino que podría haberse estado realizando su procesamiento o comercialización de manera irregular.
Con estas evidencias, la Fiscalía profundiza la investigación sobre un posible caso de corrupción y desvío de recursos en el seno de EMAPA, entidad creada para garantizar la seguridad alimentaria. El caso expone cómo un mecanismo de subvención estatal, destinado a beneficiar a la población, habría sido aprovechado para un enriquecimiento privado que provocó un severo daño económico al Estado en el desvió de productos de primera necesidad.