Con base en información obtenida de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) al 2do trimestre 2025, las inversiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP) llegaron a un monto de Bs. 192.830 millones, equivalente a $us. 28.109 millones. De esa cartera de inversiones, un 63% está invertida en el sector público y el 37% en el sector privado.
La mayor parte de la cartera de inversiones del SIP está invertida en activos financieros de “bajo riesgo”. El 22,66% está invertida en instrumentos con calificación “AAA”. el 16,55% con calificación “AA1”, el 7,38% con calificación de riesgo “AA2”, el 3,88% en instrumentos con calificación de riesgo “AA3”. Sin embargo, el 36,3% está invertida en deuda soberana.
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El 94% de la cartera de inversiones del SIP está en moneda nacional, el 5% en dólares americanos. El resto está UFV’s y otros como los MVDOL.
Durante el segundo trimestre de la gestión 2025 las inversiones realizadas por SIP, se observa que el 48,78% se invirtió en Depósitos a Plazo Fijo, el 30% en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), el 8,52% en Cuotas de Participación FIC, el 3,29% en Bonos de Largo Plazo, el 2,79% en Cupones de Bonos y el restante 6,22% se invirtieron en otros instrumentos. Se estima que el SIP solo tiene recursos de “alta liquidez” por un valor aproximado de 313 millones de dólares.
Se recuerda, con datos oficiales, que existe aproximadamente 2,8 millones de personas afiliadas al Sistema Integral de Pensiones (SIP), donde el 61% son hombres y el 39% son mujeres. De los cuales el 88% son dependientes y un 12% son independientes.
En el mes de octubre de 2025 el SIP recaudo Bs.1.169.296.118, un poco más de 170 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta recaudación ha crecido en un 9% respecto al mes de octubre de 2024.
Recientemente, hubo una polémica entre autoridades nacionales vigentes y anteriores sobre el uso y destino de los recursos del SIP administrados por la Gestora Pública, por lo que se vio por conveniente compartir estos datos oficiales. Lo cual no quiere decir que no se deban hacer las auditorías y estudios financieros correspondientes para determinar cuál fue el uso real de los recursos recaudados mensualmente de los trabajadores y aportantes del país, y si el mismo fue eficiente a favor de los mismos.
Por: Luis Fernando Romero Torrejón
Economista, investigador y docente universitario