Ha causado enorme preocupación las declaraciones del presidente de la República, Rodrigo Paz, el 1 y 2 de noviembre, al señalar que la Gestora pública está sin recursos, que esto se debe a una mala administración de exautoridades de gestiones pasada. Afirmó que Bolivia está a punto de perder dos juicios arbitrales con dos empresas que administraron el fondo de pensiones, una por 94 millones y otra por 77 millones, lo que consideró de riesgoso pagar esa indemnización por irresponsabilidades de gestiones anteriores.
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, para tranquilizar a la población boliviana expresó que el dinero de la Gestora pública de seguridad social a largo plazo está garantizado, ya que la Gestora es una institución, y que a partir de “ahora funcionará de forma correcta”. El mensaje del ministro va por la línea de dar certidumbre a los jubilados y aportantes cuando enfatiza, que el flujo de la Gestora debe estar dirigido ahora a inversiones que reporten mejores intereses para los jubilados. Subrayó que se van a hacer auditorías técnicas financieras a la administración del Fondo de pensiones, que permita conocer las operaciones inadecuadas e ilegales que se efectuaron en el pasado, y que hay una serie de casos que serán develados pronto con los resultados de las auditorías.
Como precedente se conoce que el Banco Bilbao Argentaria de Vizcaya (BBA) demandó al Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), justificando y probando que el Gobierno de Bolivia nacionalizó el sistema de pensiones, infringiendo la prohibición de medidas arbitrarias, no obstante que el contrato suscrito con BBA AFP no se había cumplido, respecto a la administración del Fondo de pensiones. La decisión del CIADI es que el Estado debe pagar 94 millones de dólares por esa infracción arbitraria. Y Futuro de Bolivia S.A. AFP Previsión que el CIADI a tutelado en 77 millones de dólares.
Los pagos que debe efectuar el Estado de Bolivia por rescisión de contrato mediante Decretos Supremos en los gobiernos de Evo Morales y Arce Catacora, que fue la torpeza más grande de no respetar los acuerdos firmados y que están protegidos por normas internacionales, sin duda que va a repercutir en el Fondo de Pensiones de los jubilados, porque el Gobierno actual podrá repetir la sangría económica en los directores ejecutivos que administraron el Fondo, y que ahora solo aparece Jaime Durán como exautoridad responsable del mal manejo de los recursos.
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Entre estas irregularidades y estando de ministro de Economía, Luis Arce Catacora, los jubilados recuerdan que fue el expresidente Luis Arce quien compró un software presuntamente para la Gestora a la empresa panameña Sysde en 3,8 millones de dólares, dinero que pagó, pero que nunca entregaron el software. Yun segundo contrato suscribió Arce Catacora, con la empresa Helsohn de Colombia en octubre de 2019, de 10,4 millones de dólares por el software, que en realidad terminó siendo una clase de alquiler, porque el Estado debía pagar 1,6 millones de dólares al año por concepto de
licencia y código fuente. Las auditorías especiales identifican a Arce Catacora como el responsable del daño económico al estado; es decir, al Fondo de Pensiones.
La versión de Jaime Durán es que el 50 % que equivale a 102 millones de bolivianos han sido invertidos en el sistema financiero nacional, en depósitos a plazo fijo de los bancos, que genera un interés entre el 3 y 4 % y el 35% en la compra de bonos soberanos emitidos por el Banco Central de Bolivia a plazo de hasta de diez años con interés superiores a la banca privada. En cifras reales 8.700 millones de dólares se destinó a la compra de bonos y no se sabe si estas autorizaciones fueron desde el Ejecutivo o del Directorio, y si fueron efectuadas con mantenimiento del valor del dólar, lo que temo que fue lo menos que cuidaron, no obstante que los montos justificaba hacerlo. Algunos especialistas han señalado que el 95 % de los recursos de la Gestora está en papeles.
Se suma a las disposiciones de dinero los 2.000 millones de dólares que la Gestora invirtió en el Banco Fassil, quebrado. Y últimamente 43 millones de dólares invertidos en la empresa frigorífico BFC con capitales brasileños y paraguayos, una empresa frigorífera exportadora de carne supuestamente hacia el mercado de Rusia, que fue observada por las autoridades rusas por falsificación de certificados de origen de la carne. ¿Cómo es que esta empresa logró capturar recursos del Fondo de pensiones? Si desde el 2024 fue vetada por Rusia.
Todos los ingresos del Fondo de Pensiones es de los jubilados y los trabajadores activos aportantes y el patrimonio, es de naturaleza privada. Su administración debería estar a cargo de un directorio nacional con personal profesional calificado que tengan el estatus de jubilados, dada que la riqueza acumulada en el sector: idoneidad, experiencia y competencia garantizará inequívocamente la autonomía e independencia de gestión. Esto no es suficiente, hay necesidad de modificar la Ley de Seguridad Social y la Ley de Pensiones, para que la administración sea autónoma, privada y con directorios en cada Departamento, que garanticen el sistema sostenible de los recursos con inversiones que den seguridad y certidumbre a todos los jubilados y aportantes del país. La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe encarar las modificaciones legales.
Por lo que se propone arriba, y con el propósito de recuperar los dineros mal invertidos por la Gestora y para evitar la intromisión del Ejecutivo con Decretos y Resoluciones en las políticas de inversión del Fondo de Pensiones, hay que ordenar las auditorias especiales, para saber dónde están los aportes, qué rendimiento de intereses se tuvo desde el traspaso del Fondo de Pensiones a la Gestora e identificar quiénes son los responsables del daño económico. Con mayor razón si sabe que ya existen auditorias especiales realizadas por el Viceministerio de Transparencia en la Gestión de Jeanine Añez, en cuyo hallazgo se responsabiliza al expresidente Luis Arce Catacora por daño económico al Estado con los contratos de compra de software que jamás se entregaron a la Gestora.
El ministerio público como titular de la acción penal deberá tomar las acciones que por ley está obligado a cumplir (Art. 225 CPE), porque la corrupción no puede ni debe seguir en el podio y la justicia boliviana en los últimos lugares de la región y del mundo.
El profesor Luigi Ferrajoli expresa: “Los derechos no son solo condición de la dignidad de las personas y de la democracia, son también condición del desarrollo económico”. Hay que invertir en los derechos sociales y el Estado Constitucional debe resguardarlos.
Pedro Gareca Perales