Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas repudia fallo de juez que beneficia con detención domiciliaria a Rubén Ríos


El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua expresa su profunda indignación y preocupación por la determinación adoptada por el Juez 11º Cautelar Penal, Hugo Huacani, quien benefició con detención domiciliaria al dirigente panificador Rubén Ríos en el caso de las irregularidades detectadas en la subvención de harina.


Fuente: Prensa MDPRyA

Las autoridades de esta cartera de Estado lamentan que ciertos operadores de justicia no acompañen el esfuerzo que el equipo jurídico del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua está realizando para identificar y sancionar a los responsables de los hechos de corrupción descubiertos.



Asimismo, se exige a las autoridades competentes evaluar e investigar el accionar de este operador judicial, debido a que decisiones de este tipo generan desconfianza, alimentan la impunidad y traicionan el esfuerzo institucional para erradicar la corrupción.

No se trata solo de la responsabilidad directa de Rubén Ríos. Las indagaciones están develando vínculos ilícitos entre este dirigente y sus familiares, configurando una red de corrupción con delitos graves como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. Se trata de un caso estructural que afecta la credibilidad del sector y el patrimonio de todos los bolivianos.

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Por otra parte, la medida otorgada por el juez abre un evidente riesgo de fuga, tal como sucedió con el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.

El dirigente panificador Rubén Ríos ya demostró resistencia a enfrentar las acusaciones: no fue encontrado por varios días en su domicilio. Ese dato debería ser suficiente para entender que no se trata de una persona dispuesta a someterse a la ley, sino de alguien que busca evadirla.

En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua exige que la medida sustitutiva aprobada por el juez sea revisada y revertida. Las autoridades piden que la justicia envíe señales claras de cambio, de compromiso real con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

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