Fuente: https://www.vision360.bo
La Defensoría del Pueblo alerta que, entre octubre y noviembre de este año, seis alimentos de la canasta familiar boliviana incrementaron de forma sostenida su precio entre un 22 % y 38 %, según el departamento. Por ese motivo, la institución solicitó coordinar con el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) para solucionar esta situación.
Los productos afectados por la subida son el aceite comestible, el azúcar blanca, el arroz, la harina, la carne de res y la de pollo, todos ellos entre los más importantes en la dieta de las familias bolivianas. Según un comunicado de la Defensoría, esta situación pone en riesgo el derecho de la población al acceso a una alimentación suficiente y de calidad.
Según el informe, las verificaciones en los mercados de abasto de las nueve ciudades capitales y la ciudad de El Alto demostraron que el encarecimiento se da en todo el país. Si bien los seis alimentos mencionados son los que más se repiten, no son los únicos. En Santa Cruz de la Sierra se elevaron los precios de 11 productos; en Oruro, Potosí y Cochabamba, de nueve; en Sucre, de ocho; en La Paz y Trinidad, de siete; y en Tarija y Cobija, de seis productos.
Asimismo, la investigación reveló que, entre enero y noviembre de 2025, la canasta básica de 13 alimentos para el consumo semanal de una familia de cuatro miembros mostró un incremento acumulado entre el 22 % y el 38 %, dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, entre las más altas, Cochabamba registró un 38,8 %, mientras que Santa Cruz alcanzó 30,4 %, Tarija 28,9 % y Potosí 26,8 %.
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La Defensoría del Pueblo gestionó reuniones con el Viceministerio de Comercio y Logística Interna y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) con el objetivo de abordar la problemática vinculada a la subvención del pan y otros factores que afectan la seguridad alimentaria de la población.
Además, se exhortó al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Ministerio de Defensa, al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor y a las Intendencias Municipales a desarrollar acciones para garantizar el abastecimiento de alimentos a precio justo, realizar controles interinstitucionales para evitar el agio y la especulación, y publicar los puntos de reclamo y de atención al usuario y consumidor.
La Defensoría del Pueblo adelantó que continuará monitoreando el comportamiento de los precios de los alimentos a nivel nacional.
Al respecto, el Gobierno y el Ministerio Público llevan adelante investigaciones en EMAPA por acciones irregulares. En el proceso se detectó un supuesto clan familiar que comerciaba harina subsidiada, dirigido por el dirigente panificador Rubén Ríos, quien cumple detención preventiva en San Pedro, mientras que el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, es prófugo de la justicia.