El empleo agropecuario se reduce con mayor fuerza en El Salvador y Bolivia. Un informe revela que, mientras los hombres se han reducido en el campo, las mujeres han aumentado en un 10% entre 2019 y 2023.
Fuente: El País.bo
Más de 80 por ciento del empleo agropecuario en América Latina continúa desarrollándose bajo relaciones laborales sin protección formal, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales, revela un nuevo informe de agencias de las Naciones Unidas.
“La informalidad sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales para la justicia social y el desarrollo sostenible en América Latina”, apuntó Ana Virginia Moreira Gomes, directora regional para América Latina y el Caribe en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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La entidad elaboró el informe junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el propósito de “ofrecer una hoja de ruta” para abordar la informalidad agropecuaria “con políticas integradas y con enfoque territorial”, dijo Moreira Gomes.
El nuevo estudio identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como factores persistentes que limitan el avance hacia el trabajo decente en el sector.
A pesar de su papel fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo agropecuario sigue enfrentando desafíos asociados a menores niveles de formación, condiciones laborales frágiles y una marcada exposición a riesgos ambientales y climáticos.
Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agropecuario se mantuvo estable, pero sin avances significativos en formalización, señala el informe.
Residen en áreas rurales 39,2 % de las personas en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, y 18,5 % de quienes viven en pobreza extrema.
El sector agropecuario aporta 6,5 % del producto interno bruto (PIB) regional y 12,6 % del empleo total; no obstante, registra la tasa de informalidad más alta entre las ramas de actividad económica, cercana al 80 por ciento de su ocupación.
La informalidad femenina alcanza 86,4 %, frente a 78 % en los hombres. Esa brecha se explica, en parte, porque el trabajo familiar auxiliar, informal por definición, concentra 38,5 por ciento del empleo femenino y solo 7,1 % del masculino.
Una proporción importante de las personas ocupadas trabajan menos de 35 horas semanales, lo que está asociado a mayores probabilidades de informalidad laboral.
Más de 50 % del empleo agropecuario está representado por personas con bajo nivel educativo (hasta seis años de estudio).
La estructura etaria del empleo agropecuario muestra una mayor presencia de jóvenes, y sobre todo de adultos mayores, que en el resto de la economía.
Cerca de 7,3 millones de niñas, niños y adolescentes (de cinco a 17 años) trabajan en la región, y 46 % de ellos lo hace en actividades agrícolas.
La estacionalidad del empleo, la falta de contratos, y las jornadas parciales, agravan aún más las condiciones laborales.
El informe también analiza 35 políticas públicas implementadas en la región, concluyendo que, aunque muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas integran explícitamente objetivos de formalización del empleo ni contemplan un enfoque de género.
“Asegurar el trabajo decente en el sector agropecuario no es solo mejorar condiciones laborales; es fortalecer la resiliencia de nuestros países, la seguridad alimentaria de millones y la capacidad de la región para enfrentar los desafíos globales”, dijo el representante regional de la FAO, René Orellana.
Orellana hizo un llamado a “fortalecer el diálogo social, la digitalización rural y el financiamiento sostenido”, para avanzar en la formalización y desarrollo del sector.
Empleo agropecuario se reduce en El Salvador y Bolivia
El Salvador y el Estado Plurinacional de Bolivia son los países en donde más se ha reducido la porción del empleo agropecuario con respecto al total de mano de obra, a nivel de Latinoamérica, según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento, divulgado la semana pasada, señala que ambos países presentaron las caídas más pronunciadas de trabajo agropecuario, que ronda entre 2.4 y 2.2 puntos porcentuales, en su participación en el mercado laboral total.
Según el documento, entre 2019 y 2023 la porción del empleo agropecuario en El Salvador pasó de representar un 16.3 % de la mano de obra formal e informal, a rondar un 14.1 % de los trabajadores, una reducción de 2.2 puntos porcentuales.
En El Salvador, el presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Campo), Luis Treminio, ha externado en diversas ocasiones que la caída en la mano de obra en el campo está relacionada con el aumento en el costo de los insumos, la baja rentabilidad y la ruptura en el relevo generacional.
El presidente de la Asociación de Ganaderos de El Salvador (AGES), Sandor Sielizar, señaló este año que la falta de mano de obra también estaba influenciada por el aumento de la venta de las tierras por parte de los productores.
Por su parte, en Bolivia la participación en el empleo total pasó de 27.4 % a un 25 % durante dicho quinquenio.
El informe destaca que solo Ecuador, Perú y Panamá reportaron un incremento en la participación de productores en el mercado laboral.
En este caso, Ecuador señaló que un 29.7 % de la mano de obra se concentró en el sector agropecuario en 2019, una cifra que bajó a un 31.3 % para el 2023.
Por su parte, en Perú la proporción pasó de 23.5 % a 24.3 %, mientras que en Panamá la participación pasó de 14.4 % a 14.7 %.
Según la OIT, la tendencia de descenso en la participación del sector agropecuario en el empleo general se redujo en promedio en toda la región.
“Entre 2019 y 2023 continuó la tendencia descendente en la participación del sector agropecuario en el empleo total: el promedio ponderado de los 13 países muestra una reducción del 12.9 % al 12.2 %”, apunta el informe.
Tendencia
La OIT señala que el crecimiento del empleo en general en El Salvador rondó un 0.2 % entre 2019 y 2023, mientras que, durante este mismo período, el trabajo agropecuario se redujo en un -3.3 %.
El Salvador mantuvo la tasa más baja de crecimiento del empleo en general, entre los 13 países analizados en Latinoamérica, a una tendencia igualada solo por Panamá y por encima de países como Bolivia, en donde la mano de obra formal e informal creció un 4 % en esos cinco años.
Por otro lado, Costa Rica y Paraguay reportaron una reducción en el empleo en general en dicho quinquenio de -0.9 % y -4 %, respectivamente.
En el sector agropecuario la situación es similar, El Salvador tuvo la cuarta tasa más alta en la reducción del empleo, con un -3.3 %, al mismo nivel que República Dominicana.
Las cifras salvadoreñas fueron superadas por un -4.1 % en Costa Rica, un -5.5 % reportado en Paraguay, y un -5.7 % en Chile.
Los productores en El Salvador han asegurado que buena parte de la mano de obra en el campo está conformada por adultos mayores y mujeres, con una menor participación de hombres jóvenes.
La OIT confirma que los salvadoreños que trabajan en el campo se redujeron en un 4.9 % entre 2019 y 2023, mientras que la participación de las mujeres aumentó en un 10 %.
Las recomendaciones de la FAO
El informe FAO-OIT contiene 10 recomendaciones de política para potenciar al sector con trabajo decente y seguridad alimentaria, la primera de las cuales es impulsar estrategias y políticas que aceleren la transición a la formalidad.
Se debe “integrar la formalización de la unidad económica y laboral en las estrategias de transición climática justa”, pues “la adaptación y mitigación del cambio climático deben ir de la mano con la creación de empleo formal y trabajo decente”.
Asimismo, consolidar el diálogo social tripartito como herramienta de legitimidad y sostenibilidad, garantizar financiamiento sostenido y diversificado para la transformación rural, e incorporar tecnologías digitales como eje de inclusión productiva y formalización.
Debe también trabajarse en combatir la desinformación y rediseñar los incentivos para formalizarse, vincular la formación técnica y profesional con las demandas del sector, y ampliar la cobertura y calidad de la protección social en las poblaciones rurales, todo lo cual requiere monitoreo y evaluación sistemática.
Agropecuarios y Gobiernoacuerdan trabajar juntos
A finales del mes de noviembre el Gobierno nacional, a través del ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, y del ministro de Trabajo, Édgar Morales, acordó implementar un trabajo conjunto y permanente con la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) y con productores de todo el país, con el objetivo de avanzar en temas transversales del sector agropecuario y promover el desarrollo productivo mediante propuestas normativas. Entre estas, destaca la intención de institucionalizar el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, valoró el encuentro con las autoridades, resaltando que desde hace muchos años el sector no lograba reunirse de forma directa con los ministros de Estado. Señaló que Bolivia necesita producir y exportar, y que los agropecuarios están dispuestos a trabajar, siempre que existan reglas claras que den estabilidad al sector. Por ello, indicó que uno de los compromisos asumidos es avanzar hacia la institucionalización del Senasag, para garantizar un servicio transparente y eficiente.
Como parte de este acercamiento, se definió la creación de espacios operativos de coordinación entre los viceministerios, las cámaras agropecuarias departamentales y las asociaciones nacionales de productores, orientados a atender las necesidades específicas de cada departamento y de cada rubro productivo. Estas determinaciones surgieron durante la reunión sostenida en instalaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), en la ciudad de La Paz, donde participaron autoridades gubernamentales, directivos de Confeagro y representantes del sector productivo.
Los acuerdos fueron formalizados en un documento conjunto de cuatro puntos. En la reunión también se estableció que Confeagro, las cámaras agropecuarias departamentales y las asociaciones de productores se comprometen a presentar al Gobierno propuestas de leyes, decretos y otras normas orientadas a resolver los problemas estructurales del sector y fortalecer la producción nacional.
Fuente: El País.bo