El Ministerio Público abrió dos procesos penales principales: uno vinculado a tenencia y portación ilegal de armas, asociación delictuosa, organización criminal e instigación pública a delinquir, y un segundo proceso específico por la muerte de las dos personas registradas en Cotapachi.
Fuente: El Deber
Por Ariel Melgar Cabrera
“Un conjunto de personas organizadas generó actividades irregulares y enfrentó a la Policía Boliviana, con la finalidad de impedir el cumplimiento de una orden judicial”, señaló Tejerina en conferencia de prensa. Indicó que, durante los disturbios, los efectivos hicieron uso de agentes químicos y otros elementos disuasivos para controlar a grupos enfrentados, contexto en el cual se produjeron las muertes.
“Tenemos alrededor de ocho personas aprehendidas, encontradas en flagrancia con objetos contundentes utilizados para enfrentar a la Policía”, detalló Tejerina. Agregó que, tras el trabajo coordinado entre la Policía, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Ministerio Público, se logró individualizar a un probable autor del delito de homicidio, quien ya fue arrestado y contra el cual existen elementos materiales suficientes que sustentan la probabilidad de autoría.
Por su parte, el subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Peña Rojas, sostuvo que el operativo policial se ejecutó conforme a una orden de operaciones orientada exclusivamente al desbloqueo del botadero, sin incidentes durante el ingreso. Sin embargo, afirmó que los efectivos fueron emboscados de manera planificada cuando se retiraban del sector.
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“Se utilizaron artefactos explosivos, dinamita y petardos contra los servidores públicos policiales. Son acciones de carácter criminal”, denunció Peña Rojas, al señalar que incluso días antes ya se había reportado una persona herida por la manipulación de explosivos, lo que evidenciaría una preparación previa.
Tejerina subrayó además que las investigaciones preliminares permitieron advertir el uso indebido de bienes del Estado durante los hechos, aspecto que también será investigado. En ese contexto, llamó a las autoridades municipales y a sectores movilizados a no promover acciones que alteren el orden constitucional.
“Llamamos a la cordura, a la paz social y a permitir que las instituciones trabajen de manera libre y transparente para esclarecer este hecho”, afirmó el fiscal departamental. Además destacó que una comisión de fiscales, autoridades del Ministerio de Gobierno, la cúpula policial y representantes de Derechos Humanos trabajan con el fin de garantizar una investigación objetiva y transparente.
Las autoridades aseguraron que en las próximas horas se definirán nuevas imputaciones y medidas cautelares, mientras continúan las pericias técnicas y la recolección de testimonios para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades penales en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en Cochabamba.