El exfiscal anticorrupción, Anghelo Saravia, confirmó la autenticidad del documento y señaló a los exfiscales departamental y general, Paul Franco y Ramiro Guerrero, por desviar la investigación para no procesar al expresidente
Fuente: eldeber.com.bo
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Durante su gestión como ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora tenía conocimiento de que el dinero del Fondo Indígena no podía ser transferido a cuentas particulares, debido a que la Ley Financial (Ley General del Presupuesto General del Estado) lo impedía. No obstante, mientras se trabajaba en una reglamentación especial, sugirió que las organizaciones sociales afines al MAS continúen con la elaboración de proyectos bajo esa modalidad.
Durante la reunión de Directorio del Fondo Indígena, del cual era parte Arce, realizada el 23 de noviembre de 2009 en la ciudad de Tarija, surgieron dudas sobre si la ley permitía hacer transferencias de dinero a particulares.
El debate se planteó ante la cercanía del año electoral y debido a que las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, afines al MAS y al entonces presidente Evo Morales, presionaban y urgían la aprobación de proyectos del recién conformado Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, que sería conocido como el Fondo Indígena o Fondioc.
En dicha reunión, el entonces miembro del Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, Ramiro Burgos, preguntó si existía “respaldo legal para las transferencias público-privadas”.
Sandra Paredes, miembro del Fondo Indígena, respondió que aún no elaboraba el “reglamento sobre transferencias público-privadas” y que además el 2009, la Ley Financial no contemplaba esa figura.
A continuación, el entonces ministro Arce Catacora tomó la palabra y amplió: “Es cierto que en la Ley Financial no se contempla (depósitos a cuentas particulares), pero eso no quiere decir que (las organizaciones sociales) no puedan elaborar sus proyectos y que en enero (de 2010) ya se pueda transferir los recursos de acuerdo a la nueva Ley Financial”, dice el documento al que accedió EL DEBER.
Dicha acta es el principal indicio que sustenta la imputación que ayer presentó la comisión de fiscales contra Arce, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Confirmación
Consultado sobre el tema, el exfiscal del caso Fondo Indígena, Anghelo Saravia, confirmó a este medio la autenticidad del documento. Manifestó que esa acta fue parte de los indicios que se colectaron mientras él estuvo a cargo de la investigación.
“El documento también menciona que se aprobó la compra de bienes y vehículos, un gasto no previsto, pues el Fondo Indígena tenía el fin de financiar proyectos agrícolas o de producción para comunidades campesinas, no así para la compra de casas o autos para el Pacto de Unidad”, sostuvo el exfiscal, quien fue el responsable de enviar a la cárcel a la exministra Nemesia Achacollo, una de las principales sindicadas por el desfalco al Fondioc.
Solo unos meses después de aprehender a la exministra, en agosto de 2016, Saravia fue procesado y enviado a la cárcel, sindicado por un presunto caso de corrupción.
“Fui perseguido y encarcelado porque traté de investigar a todos los involucrados y en ese entonces Paul Franco (expresidente del TCP), que era fiscal departamental, y Ramiro Guerrero, exfiscal General (exviceministro de Desarrollo Rural en la gestión de Arce en la presidencia) se opusieron a que se amplíe la investigación contra Luis Arce y los otros miembros del directorio”, afirmó Saravia.
Aprehensión
El fiscal Miguel Ángel Cardozo, a cargo del proceso contra la exdiputada Lidia Patty, emitió la orden de aprehensión contra el expresidente del Estado dentro del mismo caso, a denuncia de los representantes del actual Fondo Indígena. Cardozo informó que Arce, luego de conocer todos los indicios en su contra, decidió no declarar ni esclarecer los hechos.
Ley Financial
Consultado sobre el tema, el docente y economista Germán Molina señaló que para dar un criterio preciso se deben revisar todas las normas aprobadas y promulgadas en relación al manejo del presupuesto del Estado y el funcionamiento del Fondo Indígena.
No obstante, explicó que en el caso de las transacciones relacionadas al tipo de labor que debía cumplir el Fondo Indígena, estas deberían estar normadas con una “ley específica y expresa, separada de la Ley Presupuestaria, que además tiene vigencia única de un año. Si estos recursos, como dice la prensa, fueron a dar a proyectos de inversión, se debe tomar en cuenta que estos, por lo general, no concluyen en un año, trasciende el año fiscal. Es otro factor que hace presumir que no hay un respaldo a esas decisiones, que faculte el depósito de dinero del Estado a cuentas privadas”, expuso Molina, en contacto con EL DEBER.