Para entender la gravedad de la crisis del diésel en Bolivia hay que poner los números sobre la mesa. No es percepción ni relato opositor: es matemática pura.
Según ANH, Bolivia consume 7 millones de litros de diésel al día, es decir, alrededor de 180 millones de litros al mes. Fuentes gubernamentales estiman que de ese volumen, al menos el 30% se desvía al comercio ilegal, lo que significa que 54 millones de litros mensuales no llegan al destino, para el cual fueron importados y subsidiados con recursos de todos los bolivianos.
Hablemos en términos logísticos para dimensionar el saqueo. Ese volumen equivale a 1.800 cisternas mensuales de 30.000 litros, o lo que es lo mismo, 75 cisternas cada día desviadas hacia el contrabando, el mercado negro y actividades ilegales. No se trata de hormigas cargando bidones: es una operación a gran escala, sostenida, organizada y protegida.
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Nada de esto sería posible sin bandas privadas y redes públicas operando de manera coordinada. El desvío de diésel no es un accidente ni una falla menor del sistema: es un negocio estructurado, incubado durante años por el masismo corrupto, que convirtió el subsidio en botín y al Estado en cómplice por omisión o por acción directa.
¿Se puede frenar esta sangría? Sí. Y no requiere inventar nada extraordinario. No evitará la solución de fondo que pasa por la eliminación del subsidio, que todavía está en consideración de mesa económica y política, pero significará un alivio para las arcas fiscales y una inexcusable responsabilidad del estado para desmantelar las redes de corrupción.
Primero, control tecnológico real: GPS obligatorio y monitoreo en tiempo real de todas las cisternas, con rutas trazadas, puntos de descarga verificados y alertas automáticas ante desvíos. La tecnología existe; lo que ha faltado es voluntad política.
Segundo, intervención y desmantelamiento de las redes. No basta con decomisar un camión de vez en cuando para la foto. Hay que ir tras los operadores logísticos, los financiadores y los funcionarios que garantizan impunidad.
Tercero, transparencia y control cruzado entre importación, transporte y consumo final. Cada litro debe tener trazabilidad. Si hoy no la tiene, es porque a alguien le conviene que no la tenga.
Mientras el país hace filas, pierde producción y ve evaporarse millones de dólares, 75 cisternas diarias se van por la canaleta del contrabando y los destinos ilegales, este saqueo no puede continuar. El modelo masista normalizó la corrupción como forma de gobierno, el nuevo tiempo debe garantizar transparencia, las redes deben ser desmanteladas, los delincuentes deben rendir cuentas a la justicia.
Controlar el diésel no es un problema técnico. Es, ante todo, una decisión política.
Jaime Navarro Tardío
Político y exdiputado Nacional.