Funcionarios de inteligencia venezolanos confiscaron dispositivos, interrogaron al grupo y los obligaron a grabar un video antes de expulsarlos del país
Fuente: infobae.com
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El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que un equipo de Chilevisión fue retenido durante siete horas por organismos de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia, en un incidente que incluyó la confiscación de equipos, la eliminación de material periodístico y la posterior expulsión del país.
El hecho ocurrió el jueves 11 de diciembre, cerca de las 13:30 horas (hora de Colombia), en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, según la organización gremial.
De acuerdo con el SNTP, el equipo de Chilevisión, conformado por el periodista Roberto Cox, un camarógrafo y dos encargados de seguridad, fue interceptado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y llevado hasta un control fronterizo.
La presencia de equipos de prensa llamó la atención de los agentes, quienes iniciaron un procedimiento de control que derivó en la retención del grupo. En el primer contacto participaron entre tres y cuatro funcionarios, quienes posteriormente trasladaron al equipo a un cuartel fronterizo para ser interrogados.
Durante la detención, los funcionarios confiscaron todos los teléfonos celulares, los pusieron en modo avión y dejaron al equipo completamente incomunicado.
Dos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) revisaron los dispositivos, solicitaron las claves de acceso y examinaron conversaciones de WhatsApp y galerías de fotos.
La denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela
Según el sindicato de prensa venezolano, los agentes eliminaron contenido de los teléfonos, incluyendo fotos y videos personales de las últimas dos semanas, en su mayoría grabados en Chile y Argentina, sin relación con Venezuela.
El procedimiento incluyó la revisión de mochilas y equipos de trabajo, así como interrogatorios sobre la función de cada aparato utilizado para los despachos periodísticos.
Además, los funcionarios tomaron fotografías del equipo, “como si fuéramos presos” -dijo Cox en diálogo con el sindicato de prensa- y los obligaron a grabar un video en el que debían declarar que no habían sido golpeados ni despojados de pertenencias personales. Finalmente, el grupo firmó un documento de expulsión y fue devuelto a Colombia.
Roberto Cox, en conversación con el SNTP, relató que la retención se produjo pese a que no tenían intención de ingresar a Venezuela. El periodista detalló que la incomunicación fue total y que la eliminación de material afectó tanto a su labor profesional como a su información personal.
El periodista subrayó que la experiencia resultó intimidante y que la presión ejercida por los agentes incluyó la grabación forzada del video y la revisión de todos los dispositivos.
El SNTP advirtió que este tipo de procedimientos forma parte de un patrón de hostigamiento contra la labor periodística en Venezuela, especialmente en zonas fronterizas y de alta vigilancia.
La organización gremial señaló que la revisión arbitraria de teléfonos, la eliminación de material y la incomunicación prolongada constituyen prácticas que vulneran los estándares internacionales de libertad de prensa y seguridad de los periodistas. El sindicato insistió en que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar el trabajo informativo sin intimidaciones ni represalias.
El mes pasado, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela reiteró su llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen los crímenes contra periodistas, y para que se garantice que estas violaciones no se repitan.
Ipys subrayó que informar en Venezuela “sigue siendo una labor castigada” y reclamó acciones concretas para proteger a los trabajadores de la prensa.
La actuación de los organismos de inteligencia venezolanos en este caso, según el SNTP, refuerza la preocupación internacional por el clima de hostigamiento que enfrentan los comunicadores en el país y evidencia la persistencia de prácticas que ponen en riesgo la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas.