*Por: Ramiro Sánchez Morales
La corrupción no solo vacía las arcas públicas: vacía, sobre todo, la confianza en que la ley vale lo mismo para todos. En Bolivia, como en buena parte de Sudamérica, la “lucha contra la corrupción” se ha vuelto un lema obligatorio, pero con frecuencia convive con impunidad para algunos y persecución selectiva para otros. Informes de organismos internacionales, estudios académicos y reportes de prensa muestran un patrón persistente: las instituciones hablan de justicia para todos, mientras la práctica revela una justicia a medida de los ciclos de poder (Fundación Construir, 2021; Human Rights Watch [HRW], 2020; Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI], 2021).
Este artículo revisa el período 2006‑2025 y aborda cinco ejes: i) la corrupción estructural y la justicia selectiva en Bolivia; ii) la captura del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General; iii) la evidencia internacional sobre instrumentalización judicial; iv) el espejo regional; yv) el significado y los límites del cierre del Ministerio de Justicia por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Se trata de un trabajo de revisión de informes internacionales, estudios académicos y fuentes periodísticas, con enfoque descriptivo‑analítico, presentado en estilo APA 7 para reforzar su seriedad y verificabilidad.
- Corrupción estructural y justicia a medias
Durante las dos últimas décadas, Bolivia acumuló una lista amplia de casos emblemáticos de corrupción: el Fondo Indígena (FONDIOC), múltiples escándalos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el caso de las barcazas chinas, los contratos con la empresa CAMC asociados a Gabriela Zapata y, más recientemente, el colapso del Banco Fassil. Diversos estudios han mostrado cómo el FONDIOC, creado para financiar proyectos de desarrollo indígena, devino en una “gran estafa” con obras inconclusas, proyectos fantasmas y millones desviados a cuentas particulares (CEDLA, 2016; Infobae, 2025).
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En el caso de YPFB y de las barcazas chinas se repiten patrones: contratos opacos, sobreprecios, empresas intermediarias sin experiencia y redes político‑empresariales que se benefician de la debilidad de los controles (Cabildeo Digital, 2019; IBCE, 2017). El caso Banco Fassil, por su parte, reveló una trama de créditos irregulares, desvío de recursos de ahorristas y connivencia con reguladores, generando pérdidas de millas de millones de bolivianos y exponiendo la fragilidad del sistema financiero frente a la captura (Aby Ayala TV, 2025).
Pese a la magnitud de estos hechos, la mayoría no ha terminado con sentencias firmes proporcionales al daño. En el FONDIOC, las imputaciones recayeron sobre todo en funcionarios intermedios y dirigentes, mientras la cadena de diseño y control político permaneció diluida por años (CEDLA, 2016; Infobae, 2025). En YPFB y barcazas chinas se registraron detenciones preventivas y medidas cautelares, pero también demoras, sobreseimientos y procesos inconclusos (Cabildeo Digital, 2019; IBCE, 2017). La imagen que se proyecta es la de una justicia que llega, pero tarde, de forma fragmentada y rara vez hasta la cúspide de las estructuras de poder.
- Ministerio de Justicia y Fiscalía General: bisagras de la selectividad
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, creado en 2006, fue concebido como órgano rector de política judicial, derechos humanos y lucha contra la corrupción (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2018). En la práctica, distintos gobiernos lo utilizaron como bisagra entre el poder político y el sistema de justicia, con ministros que jugaron un rol activo en la legitimación o impulso de decisiones judiciales controvertidas.
Durante el gobierno de Evo Morales, el ministro Héctor Arce Zaconeta defendió públicamente el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilitó la reelección indefinida, pese al referéndum de 2016, reforzando la percepción de alineamiento entre Ejecutivo, TCP y Ministerio de Justicia (Fundación Vicente Pazos Kanki, 2018; Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2018). En el gobierno transitorio de Jeanine Añez, Álvaro Coímbra se convirtió en uno de los principales voceros de la ofensiva penal contra exautoridades y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), justificando procesos por terrorismo y sedición que HRW luego aparecieron abusivos o carentes de prueba suficiente (HRW, 2020; Fundación Construir, 2021).
Bajo la presidencia de Luis Arce Catacora, el ministro Iván Lima impulsó un discurso de “reforma judicial”, pero informes sobre el estado de la justicia señalan que se mantuvieron intactos los mecanismos de designación politizada de magistrados y fiscales, así como el uso intensivo de la detención preventiva y la selectividad en la persecución penal (Fundación Construir, 2021; Univalle, 2020). En todos estos ciclos, el Ministerio de Justicia actuó más como engranaje de la estrategia gubernamental sobre causas sensibles que como garantía de independencia judicial.
La Fiscalía General del Estado es la otra pieza clave. Su titular es elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada durante largos periodos por mayorías oficialistas, lo que facilita la politización del cargo (Fundación Construir, 2021). Informes sobre justicia en Bolivia describen una concentración excesiva de poder en el fiscal general, con discrecionalidad para priorizar o archivar causas de alto contenido político, lo que se traduce en persecución selectiva contra ciertos actores y protección de aliados del gobierno de turno (Fundación Construir, 2021; HRW, 2020).
Así, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General, lejos de ser solo instituciones técnicas, se configuraron como nodos de decisión que pudieron orientar la acción penal hacía unos u otros, reforzando una justicia de doble estándar.
- La instrumentalización judicial según el GIEI y HRW
La instrumentalización del sistema de justicia en Bolivia ha sido documentada con detalle por instancias internacionales. El GIEI-Bolivia, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar los hechos de violencia y violaciones de derechos humanos de 2019, concluye en su informe final que existe “instrumentalización del sistema de justicia con multas políticas” y que la falta de independencia judicial es un problema estructural, anterior y posterior a la crisis (GIEI, 2021).
El GIEI identifica varios patrones: uso abusivo de la detención preventiva, aplicación de tipos penales ambiguos como terrorismo y sedición a conductas principalmente políticas o de protesta, y selectividad en la apertura y tramitación de causas por violaciones de derechos humanos y otros delitos graves (GIEI, 2021). Además, resalta la influencia del poder político sobre fiscales y jueces, y recomienda reformas profundas en los procesos de designación de autoridades judiciales y en la estructura del Ministerio Público.
HRW, en su informe “La justicia como arma: persecución política en Bolivia”, llega a conclusiones convergentes para el período 2019‑2020. Tras analizar 21 casos, incluyendo el proceso por terrorismo contra Evo Morales y causas contra exfuncionarios y simpatizantes del MAS, la organización sostiene que el gobierno de Jeanine Añez abusó del sistema de justicia para perseguir adversarios políticos (HRW, 2020). Entre las prácticas documentadas se encuentran imputaciones basadas en evidencias débiles, uso excesivo de la prisión preventiva, violaciones al debido proceso y aplicación expansiva de delitos graves a conductas de naturaleza política.
Tanto el GIEI como HRW insisten en que estos problemas no se resuelven con un simple cambio de gobierno, porque están anclados en estructuras institucionales –Ministerio de Justicia, Fiscalía General, mecanismos de designación de magistrados– que facilitan la captura política. Sin reformas de fondo, cualquier administración puede usar la misma maquinaria con distinto objetivo.
- El espejo regional: mega causas, lawfare e impunidad
La experiencia boliviana se vuelve más comprensible al mirarla en el contexto regional. En Perú, el caso Odebrecht y la trama Lava Jato derivaron en la investigación o procesamiento de varios expresidentes, desde Alejandro Toledo hasta Pedro Pablo Kuczynski (Examen, 2020; Wikipedia, 2019). Aunque esta persecución relativamente transversal fue presentada como ejemplo de justicia igualitaria, el uso intenso de la prisión preventiva y la inestabilidad política dejaron dudas sobre la solidez institucional del proceso.
En Brasil, la Operación Lava Jato alcanzó a grandes empresas, políticos de varios partidos y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, lo que en un inicio consolidó su imagen como cruzada anticorrupción ejemplar (Moura, 2022; El Clip, 2022). Sin embargo, la revelación de comunicaciones entre el juez Sergio Moro y fiscales, y la posterior anulación de condenas por parcialidad, llevaron a reinterpretar la operación como un proceso donde, pese a su alcance formal amplio, hubo un sesgo particular contra el Partido de los Trabajadores (Moura, 2022).
En Argentina y Brasil, diversos autores y centros de estudio han utilizado el concepto de lawfare para describir la combinación de procesos judiciales y campañas mediáticas dirigidas centralmente contra ciertos liderazgos –como Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva– sin que ello signifique la inexistencia de corrupción, pero sí una aplicación desigual de la justicia (CELAG, 2020; Pensamiento Penal, 2020).
En el extremo opuesto se ubica Venezuela. Informes de Transparencia Venezuela y reportajes de investigación documentan más de 400 casos de “gran corrupción” asociados al chavismo y al gobierno de Nicolás Maduro, con montos estimados de decenas de millas de millones de dólares fugados a paraísos fiscales, pero apenas se registran investigaciones efectivas contra altos funcionarios en ejercicio (Transparencia Venezuela, 2020; Voz de América, 2023; Wikipedia, 2020). Allí, la “lucha contra la corrupción” se dirige casi exclusivamente contra opositores o exjerarcas caídos en desgracia, en un contexto de captura casi total del poder judicial.
Chile, Colombia y Paraguay ofrecen variantes intermedias: se exponen casos relevantes (financiamiento ilegal de la política, redes clientelares, parapolítica), se dictan algunas condenas, pero se mantienen estructuras de poder que limitan el alcance sistémico de la justicia (CIPER, 2025; CIDH, 2018). La lección regional es que la lucha anticorrupción puede ser amplia pero desordenada, selectiva bajo ropaje de neutralidad, o prácticamente inexistente frente al poder gobernante.
- El cierre del Ministerio de Justicia por Rodrigo Paz: oportunidad y límites
En este escenario, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha introducido un gesto institucional sin precedentes: el cierre del Ministerio de Justicia. El 19-21 de noviembre de 2025, tras un escándalo provocado por la revelación de que su ministro de Justicia, Freddy Vidovic, ocultó una condena penal previa que lo inhabilitaba para el cargo, Paz anunció la eliminación de la cartera (Deutsche Welle, 2025; La Patria, 2025). En su declaración, calificó al despacho como “Ministerio de la persecución” y afirmó que, durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, se había utilizado esa estructura para “chantajear y presionar a la sociedad” desde el poder (DW, 2025; La Tercera, 2025; Reuters, 2025).
Este cierre tiene un doble significado. Por un lado, constituye un reconocimiento explícito de que el diseño institucional del Ministerio de Justicia no solo fracasó en garantizar la independencia judicial, sino que se convirtió en parte del problema: un canal formalizado de injerencia del Ejecutivo sobre jueces y fiscales (Fundación Construir, 2021; Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 2018). Por otro, abre interrogantes sobre quién asumirá ahora las funciones de política judicial, coordinación con el Ministerio Público y promoción de reformas legales, y bajo qué salvaguardas se evitará que otras instancias reproduzcan la misma lógica de captura.
En paralelo, los indicadores internacionales señalan que Bolivia llega a este punto en uno de sus peores momentos en términos de percepción de corrupción: con calificación de 28‑29 sobre 100 y ubicación alrededor del puesto 133 a nivel mundial, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (Transparencia Internacional, 2024; Vision 360, 2025). Estos datos reflejan una desconfianza arraigada que no se revertirá solo con medidas simbólicas.
El desafío de Paz consiste en articular el cierre del Ministerio de Justicia con una reforma profunda del Ministerio Público, de los mecanismos de designación de magistrados y de la Contraloría General. Sin cambios estructurales en estos pilares, el riesgo es que la justicia selectiva solo cambie de destinatarios: antes opositores al MAS, luego exautoridades del MAS y aliados del ciclo 2006-2025, pero siempre con un mismo patrón de uso estratégico del derecho penal.
Conclusiones y Recomendaciones
Primero, la corrupción en Bolivia se presenta como un fenómeno estructural, que atraviesa gobiernos, niveles del Estado y actores privados, con casos emblemáticos que han producido daños masivos, pero sanciones incompletas. Segundo, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General han funcionado, durante gran parte del período 2006-2025, como bisagras de la interferencia política en el sistema judicial, más que como defensores de su independencia. Tercero, la instrumentalización de la justicia ha sido confirmada por organismos internacionales, que describen un uso selectivo del derecho penal y de la detención preventiva con multas políticas.
A la luz de este diagnóstico, se proponen algunas recomendaciones:
- Reforma integral de la justicia y del Ministerio Público.
Rediseñar los procesos de selección de magistrados y fiscales mediante concursos públicos, evaluación de méritos, participación ciudadana y observación internacional, minimizando la intervención partidaria directa (Fundación Construir, 2021; GIEI, 2021).
- Autonomía reforzada de la Contraloría y órganos de control.
Asegurar mandatos no coincide con el ciclo político, reglas claras de priorización de auditorías y blindajes frente a presiones para que las investigaciones alcancen tanto a gestiones pasadas como al gobierno en ejercicio.
- Política anticorrupción transversal y verificable.
Establecer criterios públicos para seleccionar casos emblemáticos (monto, impacto social, jerarquía de los implicados) y publicar informes periódicos desagregados por nivel y período de gobierno, de modo que la ciudadanía pueda verificar si la persecución es realmente general y no solo contra vencidos políticos.
- Protección de denunciantes y fortalecimiento del periodismo de investigación.
Adoptar leyes de protección a denunciantes internos y marcos que eviten la criminalización del periodismo que revela corrupción, siguiendo estándares interamericanos de libertad de expresión (CIDH, 2018).
- Monitoreo internacional y evaluaciones independientes.
Mantener una relación activa con la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y organizaciones especializadas para monitorear el avance de las reformas, emitiendo recomendaciones y alertas tempranas frente a eventuales regresiones.
El cierre del Ministerio de Justicia por Rodrigo Paz es un gesto fuerte que reconoce el papel corruptor y persecutorio que esa cartera llegó a desempeñar. Su verdadero alcance, sin embargo, dependerá de que vaya acompañado de reformas profundas en la Fiscalía, en la judicatura y en la Contraloría. Solo cuando la persecución penal alcance, con igual rigor, a aliados y adversarios, y cuando los grandes casos de corrupción se resuelvan con verdad y sanciones proporcionales, podrá decirse que Bolivia está dejando atrás la era de la “justicia para algunos” para entrar en una etapa de justicia verdaderamente republicana. Referencias seleccionadas:
Aby Ayala TV. (2025). Escándalo Banco Fassil: 50 empresarios participaron del destino de más de 4.000 millones de bolivianos.
Cabildeo Digital. (2019). Los casos de corrupción en más de una década de Evo Morales.
CEDLA. (2016). Fondo Indígena: La gran estafa.
CIDH. (2018). La lucha contra la corrupción y su impacto en los derechos humanos.
CIPER. (2025). Las verdaderas cifras del caso SQM.
Deutsche Welle. (2025, 21 de noviembre). Bolivia: Paz cierra el Ministerio de Justicia tras escándalo.
Fundación Construir. (2021). Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2020.
Fundación Vicente Pazos Kanki. (2018). El cártel de Evo: un modelo de corrupción en Bolivia.
GIEI. (2021). Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos ocurridos en Bolivia en 2019.
HRW. (2020). La justicia como arma: persecución política en Bolivia.
IBCE. (2017). Corrupción mancha 10 años de gestión en YPFB.
La Patria. (2025, 20 de noviembre). Rodrigo Paz cierra el Ministerio de Justicia entre críticas y polémica.
La Tercera. (2025, 19 de noviembre). Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la persecución política.
Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. (2018). Memoria institucional.
Moura, G. (2022). La operación Lava Jato y el proceso político en Brasil.
Transparencia Internacional. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción 2024.
Univalle. (2020). El impacto de la corrupción en el sistema de justicia boliviano.
Visión 360. (2025). Bolivia se mantiene en su nivel más bajo en el índice mundial de corrupción.
Voz de América. (2023, 2 de abril). Los cinco mayores escándalos de gran corrupción de los gobiernos de Chávez y Maduro.