La población boliviana ha sido muy clara antes y después de las elecciones generales presidenciales y, al presidente del Estado, Rodrigo Paz, a poco más de un mes de su mandato, le ha reclamado ¿hasta cuándo va a mantener la subvención a los carburantes? La medida política ha sido adoptada la noche del 17 de diciembre mediante DS. 5503, que en menos de 24 horas el vicepresidente Edman Lara y las fuerzas políticas de Libre, Súmate, con excepción de PDC-UN, han rechazado la medida del gobierno.
El gobierno, al incrementar los combustibles: la gasolina de 3,74 a 6,96 (86,1%) por litro y el diésel de 3,72 a 9,80 (163%), puede que el objetivo sea dar salida al sistema de corrupción de los regímenes anteriores, cuidando que el impacto social y económico no recaiga en las espaldas del pueblo.
La medida en cuanto objetivo puede ser justificada, necesaria y urgente; sin embargo, podría causar un stock séptico en el sector transporte, productivo y en todas las familias bolivianas, que tiempo atrás ya tuvieron que soportar en plena espiral de inflación la subida del pasaje en micros y colectivos hasta 2,5 bolivianos por pasajero. Se desconoce hasta qué punto serían capaces de resistir la subida de pasajes y de los alimentos y, los empresarios productores, con el aumento del diésel, la responsabilidad de negociar el mínimo vital de Bs. 3.300, seguro que tomarán la medida del ajuste de la hoja de costo de la cadena productiva, para trasladar al consumidor, elementos que en el decurso podrían generar protestas, marchas y repulsión a la medida expulsión a la subvención de carburantes.
Una medida importante como la asumida por Rodrigo Paz, debió ser consultada a todos los sectores políticos y organizaciones directamente afectadas y, en su caso, preguntar al soberano en las elecciones subnacionales de 22 de marzo de 2026: Si está de acuerdo o no con el levantamiento total de la subvención a los carburantes y si está de acuerdo o no con la reforma parcial de la Constitución para cambiar el modelo de justicia y la seguridad jurídica en la inversión.
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En el mejor de los casos el mecanismo ideal y sin protestas sociales hubiera sido la legitimación de la medida por medio de la consulta al pueblo, aunque el Decreto Supremo No. 5503 se convierte en un instrumento legal idóneo para aplicar políticas públicas que permitan el ahorro de 2.000 millones de dólares. En esta línea, el experto en hidrocarburos, Álvaro Ríos, afirmó: «Es preferible enfrentar precios más altos de la energía antes que un país desabastecido». La medida va a permitir un ahorro al Estado de 7 millones por día.
Desde el portafolio de Economía, José Gabriel Espinoza, hace un llamado público a los Concejos municipales, alcaldes y transporte para que asuman la responsabilidad de «admitir un incremento no elevado en el transporte público». No es posible elevar precios con incrementos significativos, si existen costos asociados al transporte público como arancel cero para importación de llantas y otros que benefician al sector, como una especie de compensación. Además, se aclara que el Estado sigue subvencionando la gasolina que se cotiza en 9,80 el litro en el mercado internacional, en atención a que la gasolina se importa en un 50% y es la que más se consume en el mercado nacional, en tanto que el diésel se importa en un 100%, según declaración del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.
Comienza a notarse que desde el Ejecutivo existe una visión de cambiar el modelo extractivista, regresivo y corrupto, por uno de confianza y desarrollo, donde los destinatarios sean todos y, no solo los mandantes del partido en gobierno, esa cultura abominable empieza a ser eliminada.
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó este jueves que «el paquete de reformas de Bolivia busca restaurar la estabilidad, la prosperidad y la inversión, tras décadas de políticas fallidas». Efectivamente, con sacrificio hay que limpiar los nubarrones, salir del estancamiento y aprovechar la interdependencia de los Estados, que nada nos impide pensar con optimismo, que hay capacidad y políticas legítimas para hacer historia y, no ser visto, como el patio trasero en épocas del oscurantismo (siglos V-XV).
La población boliviana no puede seguir siendo víctima de la corrupción, por actores fallidos que eluden la justicia bajo cualquier elemento sin razón. La salida de esta baja para la sociedad boliviana, no pude ser otra, que cerrar las 63 empresas estatales creadas durante los gobiernos de Morales Ayma y Arce Catacora, que han demandado una inversión de 7.750 millones de dólares y 1.463 millones de dólares por daño económico, según informe del ministro de la presidencia, José Luís Lupo Flores.
Esta realidad continuará, si la expulsión de la subvención a los combustibles no se acompaña a corto plazo, con la purga de aproximadamente 290.000 empleados públicos con militancia azul, de los más de 700.000 que representan al sector público. Esta medida de depuración debe operarse en todas los ministerios e instituciones públicas del Estado, incluyendo a los Órganos Judicial ordinario, Tribunal Constitucional Plurinacional y ministerio público. De esta forma, los lobos con aval y los lobos artificiales que ejercían influencia política no se salvarán, en su caso, de ser investigados por vía disciplinaria o por presuntos delitos penales.
En materia de política, Henry Kissinger dice: «En política no siempre se obtiene lo que quieres, pero puedes obtener lo que necesitas».
Pedro Gareca Perales