Todo el escándalo se levantó cuando el Órgano Electoral Plurinacional pidió al Presidente se permita al candidato opositor gozar de la libertad de expresión que le garantiza la ley de leyes…
Editorial La Prensa
Las campañas electorales han mostrado una serie de facetas que van desde las agresiones físicas o verbales, pasan por traiciones, problemas jurídicos y se plasman en gigantesca publicidad mediática.
Aunque no son consecuencia directa de las campañas partidistas, los bloqueos, marchas, tomas de algunas instituciones públicas, tienen un fuerte ingrediente político y reflejan nomás las pugnas que se libran dentro de los partidos políticos.
Tal vez los oficialistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y bases sociales como la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto son las que expresan con mayor nitidez esas discrepancias políticas superficiales que afloran entre fuerzas ideológicas similares que, de agudizarse, pueden generar problemas de divisiones políticas reales. El apoyo de militantes de la Juventud Cruceñista al MAS es otro ingrediente de esta campaña que sabe de transfugios, traiciones e intereses personales antepuestos a los ideales, sacando a flote la falta de convicción ideológica de quienes van de uno a otro lado, procurando obtener mejor tajada.
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Pero nada es comparable con el caso jurídico del ex prefecto de Pando, detenido preventivamente acusado de ser autor de la denominada “masacre de Porvenir” y candidato vicepresidencial por la que se considera la principal fuerza opositora del país.
Un asunto que parecía y debía ser estrictamente judicial se ha politizado al máximo y ha permitido la participación abierta del Órgano Ejecutivo, opuesto a que el detenido hable a los medios y haga conocer su proyecto político.
Todo parece indicar que se está cometiendo una injusticia al negársele el derecho a la libre expresión, que se sumaría al de la pérdida de la libertad de locomoción y a otros torcidos procedimientos desde el momento mismo de su detención en Cobija, donde debió llevarse a cabo todo el proceso.
El caso encierra también una serie de tratos discriminatorios que ha enfrentado al Gobierno y a abogados de la defensa que insisten en que su cliente no es reo rematado y que sus derechos consagrados por la Constitución Política del Estado están siendo transgredidos al calor del odio político.
Todo el escándalo se levantó cuando el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) pidió al Presidente del país que se permita al candidato opositor gozar de la libertad de expresión que le garantiza la ley de leyes, para la que una persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario. De inmediato salieron embravecidos ministros para descalificar al OEP, que había recuperado su credibilidad con una impecable labor de empadronamiento de electores que llegaron casi a los cinco millones de personas, mostrando una independencia absoluta de otros poderes del Estado.
El dilema sobre el derecho del candidato deberá ser resuelto en el marco de las leyes y de la justicia y no puede imponerse el enceguecido odio político que lo destruye todo, incluso la dignidad del país.