El gasolinazo –como solía decirse en épocas de dictadura- es simple y llanamente una nivelación del precio de la gasolina, diesel y jet fuel a estándares internacionales y se da en el marco de la recuperación económica la Patria que impulsa el gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, con el apoyo incontrastable de los ciudadanos que no son soldados de la corrupta revolución democrática y cultural.
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Una nivelación en esa proporción afecta, sin duda, a la ya desdichadísima economía de sectores populares y de la clase media desprotegidos por los gobiernos de los autodenominados socialistas del siglo XXI y de la derecha de Jeanine Añez, que traicionó a la Patria.
Lo cierto y evidente es que la nivelación se hacía más que imprescindible para acabar con los contrabandistas y suwas militantes y seguidores de los expresidentes Morales y Arce Catacora, para frenar la sangría de importantes recursos destinado a la subvención del precio de los combustibles.
Como quiera que la nivelación se da en pleno ejercicio de la democracia, por la que mayoritariamente optaron los bolivianos, la protesta callejera anunciada por algunos dirigentes de sectores que ven afectados sus intereses personales, no será posible porque la decisión del gobierno nacional es firme, y porque además, la colectividad boliviana está dispuesta a pisar terreno firme para salir del cenagoso pozo al que nos llevaron los que se denominaban la reserva moral que, en los hechos, había sido una reserva extremadamente putrefacta.
Y el principal opositor y perdedor en la segunda vuelta, como en 2006 y 2010, no le acierta una, por su falta de ubicación en el tiempo y en el espacio, y porque no tiene liderazgo que logre aglutinar.
Antes del 22 de enero de 2006, el solo anuncio de un posible incremento en el precio de los carburantes generaba movilizaciones, paros, huelgas, bloqueos, o como lo ocurrido en diciembre de 2010 cuando se levantó la subvención y obligó al gobierno de Evo Morales, Álvaro García Linera y al MAS a revertir lo decretado; ese entonces, nadie mencionaba el art. 158. Parágrafo I. numerales 8. y 9. de la Constitución, como ahora algunos opinadores y presentadores de noticias señalan en redes sociales y medios de comunicación.
Hoy, lo que aún existe es alguna dirigencia que vela sus propios intereses y poco o nada les importa los intereses de los trabajadores y, peor aún, de la población en general.
Nos guste o no, esta nivelación de precios –con la que expreso mi acuerdo personal porque no es un gasolinazo- debía llegar más temprano que tarde, porque no es posible seguir aguantando que un país limitado en recursos y desfalcado por los gobiernos de Morales, Añez y Arce, se dé el lujo de seguir subvencionabdo con más de 2.000 mil millones de dólares/año el precio de los combustibles.
Amén de lo que puedan decir o rasgarse las vestiduras, todos los insubstanciales opositores, sean políticos, cívicos, sindicales, federados, libres, vecinales, cocaleros o no, la decisión del gobierno debe ser irreversible, ¡ni un paso atrás! Porque no hay, ni habrá en los siguientes meses, capacidad económica para continuar con una subvención siniestra.
Finalmente, haría bien el Presidente del Estado en recomendar a algunos de sus ministros, una viceministra y a la vocera que, en conferencias de prensa o mensajes, utilicen un léxico apropiado cuando se refieran a temas sensibles, como es el caso de la nivelación de precios de combustibles; esto, para evitar que algunos reaccionarios y también liberales, pretendan llevar agua a su molino para ambicionar indisponer al pueblo que, reitero, es quien finalmente soporta este tipo de nivelación de precios o elevación de otros productos e insumos.