El Gobierno admitió que los bonos sociales “no resolverán todos los efectos del ajuste”. Estima que las medidas sociales alcanzarán de manera directa a cerca del 30% de la población, entre beneficiarios de la Renta Dignidad, el Juancito Pinto, el PEPE y otros programas vigentes
Fuente: eldeber.com.bo
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El Gobierno defendió el Programa de protección a la gente más vulnerable, un paquete de bonos sociales que busca mitigar el impacto inicial del ajuste en los precios de los combustibles y actuar como un “amortiguador social” frente a las medidas económicas adoptadas mediante el Decreto 5503
El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Cristian Morales, explicó que el eje central del programa es el fortalecimiento de transferencias directas a los sectores de menores ingresos. En ese sentido, confirmó el incremento de la Renta Dignidad a Bs 500 mensuales, que comenzará a pagarse desde enero y tendrá carácter permanente. “Estamos hablando de una medida estructural, no temporal, destinada a proteger a quienes tienen menos capacidad de enfrentar los efectos de la transición económica”, sostuvo.
Morales también anunció el aumento del Bono Juancito Pinto a Bs 300 para la gestión 2026, con el objetivo de inyectar mayor liquidez a las familias con niños en edad escolar. A ello se suma el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), que contempla un bono de Bs 150 mensuales durante tres meses por familia, dirigido a hogares con estudiantes del sistema fiscal y de convenio, además de beneficiarios del bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y sectores en situación de indigencia.
“El mandato es claro: arrancar desde enero sin retrasos y sin excusas”, enfatizó Morales, al señalar que la Gestora Pública ya trabaja en la operativización de los pagos para evitar demoras y dobles cobros.
Desde el Ministerio de Economía, el titular de la cartera, José Gabriel Espinoza, fue enfático al rechazar que estas transferencias sean consideradas compensaciones por el ajuste. “Esto no es una compensación, porque eso significaría devolver algo que la gente perdió; si alguien tiene que compensar, son los que nos dejaron esta situación”, afirmó. Añadió que el objetivo es proteger a los sectores más frágiles durante el proceso de estabilización: “No hablamos de los más pobres, trabajamos para ellos”.
Espinoza reconoció que el impacto del decreto es complejo en el corto plazo, pero defendió la lógica del programa social como un puente hacia la estabilidad. “La inflación no es que va a venir, ya vino; los precios ya subieron y no podíamos seguir con la cobardía de sostener un subsidio insostenible”, señaló.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Jaime Coronado, explicó que el programa de bonos está incorporado en la reformulación del Presupuesto General del Estado 2026. Indicó que su despacho trabaja en las modificaciones presupuestarias necesarias para garantizar el financiamiento oportuno de la Renta Dignidad, el PEPE y los bonos existentes. “La red de protección social es uno de los tres pilares del decreto y debe ejecutarse en tiempo y forma”, afirmó.
Por su parte, el gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Marcelo Fernández, aseguró que no se requerirá ningún registro adicional para acceder a los nuevos montos. “Ya tenemos las bases de datos; la gente no debe hacer filas ni inscribirse otra vez”, aclaró. Añadió que se reforzaron los controles para evitar fraudes y pagos duplicados, así como los canales de atención al ciudadano.
El Gobierno estima que las medidas sociales alcanzarán de manera directa a cerca del 30% de la población, entre beneficiarios de la Renta Dignidad, el Juancito Pinto, el PEPE y otros programas vigentes. Para Espinoza, este enfoque busca equilibrar el ajuste económico con una señal clara de prioridad social. “Sabemos que hay un costo social y político, pero nuestra responsabilidad es que la transición no recaiga sobre los que menos tienen”, remarcó.
Las autoridades coincidieron en que el Programa de Protección no sustituye reformas estructurales, pero constituye un respaldo inmediato para los hogares más vulnerables mientras el Gobierno avanza en la estabilización fiscal y la normalización de la economía tras la aplicación del Decreto 5503.