Emilio Martínez Cardona
Es saludable que el ala gradualista del gobierno haya sido superada por los partidarios de pisar el acelerador en las reformas liberales. El momento es ahora, cuando Paz conserva una alta popularidad.
El subsidio al precio interno de los combustibles era insostenible y ya había llegado a los 4.000 millones de dólares en este año, representando casi la mitad del déficit fiscal de Bolivia.
Aunque la revisión del subsidio implicará una ola temporal de subida en los precios, es clave indicar que no será inflacionaria, como se dice equivocadamente. La inflación es la suba sostenida de los precios, a partir de un fenómeno monetario, por la emisión de dinero inorgánico desde el Banco Central.
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La presente medida, al reducir drásticamente el déficit fiscal, permitirá que el BCB deje de imprimir (así se especifica en un artículo del decreto). Por lo tanto, tras la oleada inicial de aumentos de precios, el país debería encaminarse a una estabilización, cortando el proceso inflacionario al que nos llevaba la administración de Arce Catacora, que en sus últimos dos años de gestión había acumulado un 43% de inflación en los alimentos.
Es el remedio amargo que produce efectos desagradables por un rato, pero que luego lleva a la mejoría de lo que era una persistente enfermedad.
Para estar seguros de que no habrá mayor dependencia de la máquina de imprimir billetes, debe redoblarse la agenda de la libertad, procediendo a una pronta privatización o liquidación de las empresas públicas deficitarias, con licitaciones transparentes. Basta de “análisis que da parálisis”, en un área que ya había sido ampliamente diagnosticada por fundaciones de estudios económicos.
Esto, además, dará la señal que mucha gente reclama legítimamente, de un ajuste del gasto estatal y político, que acompañe al ajuste ciudadano que viene con los nuevos precios de los combustibles.
En cuanto a los sectores productivos más afectados por la nueva política de combustibles, el gobierno puede impulsar mesas de diálogo técnico, para ver qué costos estatales y regulaciones burocráticas pueden reducirse o suprimirse (por ejemplo, verificando la Función Económico-Social en el agro cada diez años o con un alivio tributario a la pequeña industria, complicada por el aumento del salario mínimo). Es posible, de esta manera, diseñar medidas complementarias, sin tocar el decreto 5503.
En la vereda de enfrente, el tándem Evo-Lara tratará de capitalizar la situación, fogoneando el caos con propósitos tanto electorales como destituyentes. Más allá de diferencias partidistas y matices ideológicos, la ciudadanía que no quiere una recaída en el populismo tendrá que contrarrestarlos.