Por José Luis Bedregal Vargas
La construcción de una justicia más profesional en Bolivia ha tenido, en la Escuela de Jueces del Estado (EJE), con sede en Sucre, uno de sus pilares institucionales más relevantes. Desde su creación, la EJE fue concebida no solo como un espacio de capacitación, sino como el eje técnico de una futura carrera judicial basada en mérito, formación especializada y actualización permanente. En un sistema históricamente marcado por la precariedad institucional, la injerencia, a través de magistrados y de autoridades en función de gobierno, fue devastadora en los años de hegemonía del MAS.
En sus primeras etapas, la Escuela concentró esfuerzos en ordenar la formación inicial de juezas y jueces, desarrollar programas académicos y establecer procedimientos de selección más sistemáticos, sin embargo, el sistema de admisión se vio ensombrecida por la intromisión del poder político de turno. Con el tiempo, amplió su alcance a la capacitación continua de funcionarios judiciales y a la implementación de modalidades virtuales, lo que permitió llegar a operadores de justicia en todo el país y responder a nuevas exigencias normativas y procesales, más no se pudo llegar al objetivo establecido por la injerencia constante.
En el último año, la EJE ha logrado avances institucionales importantes: certificaciones académicas internacionales, mayor articulación con el Consejo de la Magistratura y una oferta sostenida de cursos de formación y especialización. Estos resultados muestran una institución que ha ganado capacidad técnica y reconocimiento, y que hoy cumple un rol clave en la provisión de recursos humanos para el Órgano Judicial a la cabeza de una destacada autoridad. No debemos dejar de lado que es la primera vez que esta institución se encuentra a cargo de una mujer.
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Sin embargo, estos avances conviven con un contexto crítico que no puede ser soslayado. Diversos medios de comunicación, plataformas de denuncia y debates en redes sociales han registrado reiteradamente cuestionamientos al sistema judicial boliviano por casos de corrupción, retardación de justicia y presiones políticas sobre jueces. La destitución de autoridades judiciales por faltas graves y la acumulación de procesos disciplinarios que deberían ser de conocimiento público han reforzado la percepción ciudadana de que los problemas de la justicia no se resuelven únicamente con formación técnica, se requiere un alto nivel de ética y moral por parte de los administradores de justicia. Aunque estas denuncias no se dirigen a la Escuela de Jueces, sí afectan el entorno institucional en el que los antiguos egresados ejercen funciones.
Asimismo, los procesos de elección judicial y la baja confianza ciudadana en la independencia del sistema, han evidenciado un límite estructural. La formación profesional que ofrece la EJE no siempre encuentra correlato con los mecanismos de designación, evaluación y protección institucional de jueces en ejercicio. Esta tensión afecta el impacto real de la capacitación que brinda la Escuela y alimenta la brecha entre el discurso de reforma judicial y la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
En este escenario, la Escuela de Jueces enfrenta un desafío mayor, orientado a consolidarse no solo como un centro de formación, sino como un actor que contribuya a transformar la cultura judicial, reforzando la ética pública, la evaluación de desempeño y la rendición de cuentas. La EJE es una institución necesaria y valiosa, que va dando buenas señales y esperanza de cambio. Su aporte será plenamente efectivo si se acompaña de reformas estructurales que garanticen independencia, meritocracia y control real del poder judicial. Sin esa convergencia, la transformación de la justicia seguirá siendo una promesa inconclusa.