La Fiscalía emitió dos requerimientos de cooperación internacional, a través de la Cancillería de Bolivia, para citar y tomar la declaración de la ciudadana paraguaya Sandra Bathania Otazú, quien figura como representante legal de Botrading S. A.. La firma se adjudicó millonarios contratos con YPFB Corporación y es investigada por un presunto daño económico de hasta $us 857 millones.
La paraguaya Sandra Bathania Otazú aún no fue notificada formalmente del proceso penal. La investigación apunta a contratos presuntamente lesivos al Estado firmados con YPFB Corporación.
Otazú es una de más de 20 personas investigadas, entre funcionarios de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos, sindicadas por la suscripción de contratos presuntamente lesivos al Estado. De manera oficial, la ciudadana paraguaya aún no fue notificada con el proceso penal abierto en Bolivia y, en consecuencia, no asumió defensa legal.
Botrading S. A. fue creada inicialmente con otra razón social durante el gobierno de Evo Morales; sin embargo, no tuvo operaciones activas hasta la gestión de Luis Arce, cuando se modificó su nombre, se dispuso su instalación en Paraguay, se le otorgó capital prestado por YPFB Corporación y se designó como representante legal a la abogada Otazú.
Según la exdiputada tarijeña Luciana Campero, Botrading es una empresa “de papel”, que operaba en Paraguay desde oficinas reducidas y con solo tres abogados asociados, una estructura que —afirmó— resulta sospechosa para una compañía que realizó transacciones por hasta $us 857 millones con YPFB para el abastecimiento de combustibles a Bolivia.
Investigación parlamentaria
Ante estas denuncias, una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa inició una investigación que derivó en la elaboración de dos informes remitidos a la Contraloría General del Estado, en los que se identificaron al menos nueve irregularidades en 12 contratos firmados entre YPFB y la empresa paraguaya.
El fiscal Yujra aclaró que el informe legislativo hace referencia a un daño económico de $us 355 millones, pero que en el curso de la investigación fiscal se verificaron transacciones que alcanzan los $us 857 millones. En ese marco, explicó que será la Contraloría o una auditoría forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) la que determine la existencia de irregularidades y la cuantificación final del daño económico.
Para Campero, la operación de Botrading en Paraguay tenía como objetivo evadir los mecanismos de fiscalización bolivianos. No obstante, precisó que el entramado jurídico de la empresa constituye un elemento secundario en la investigación, que actualmente se concentra en las irregularidades detectadas en los 12 contratos.
La denuncia fue presentada en julio por los legisladores de la Comisión Especial. El 5 de diciembre, la Fiscalía emitió una imputación formal contra seis personas, entre ellas el expresidente de YPFB Corporación, Armin Dorgathen, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, entre otros.
Hasta la fecha, el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Anticorrupción, donde radica la causa, aún no fijó fecha ni hora para la audiencia cautelar de los seis imputados.