El rubro de la construcción registró un crecimiento del 0,46% en los primeros seis meses de 2025, según el INE, gracias al dinamismo del sector privado y pese a la inflación, la escasez de divisas y la menor inversión pública.
Fuente: El Diario
La construcción boliviana atraviesa en 2025 un año de resiliencia: dejó atrás la caída de 2024 y el estancamiento que se arrastraba desde 2021, pero la recuperación sigue siendo frágil y depende casi por completo de la capacidad de adaptación del sector privado.
En el primer semestre de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción registró un crecimiento de 0,46%, en un contexto en el que la economía en su conjunto cayó 2,40%, señalan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Se trata de una mejora todavía modesta, que se explica por el esfuerzo inversor de las empresas constructoras privadas, mientras otros sectores continúan en contratación. La variación interanual del rubro muestra, sin embargo, una baja del orden de 0,8%, lo que revela que el repunte aún no logra consolidarse.
La industria de la construcción mantiene su papel como uno de los mayores generadores de empleo en Bolivia, con una participación que bordea entre el 18% y el 20% del total de ocupados, según diagnósticos sectoriales recientes.
Actualmente, cerca del 19,97% de las personas empleadas en el país trabajan en actividades vinculadas a la construcción, lo que equivale a algo más de 1,4 millones de personas, entre obreros, técnicos y profesionales. Este peso en el mercado laboral convierte al sector en un actor clave para cualquier estrategia de reactivación económica.
El entorno macroeconómico ha sido particularmente adverso. La persistente escasez de divisas y combustibles, junto con el incremento de precios de insumos, equipos y materiales, encareció de forma abrupta los costos de construcción y presionó los márgenes de rentabilidad de las empresas.
La inflación acumulada al mes de septiembre de 2025 alcanzó un 18,33%, según datos oficiales del INE y el Banco Central de Bolivia (BCB), muy por encima de las metas iniciales del Gobierno, y con una variación interanual cercana o superior al 20% en varios grupos de bienes vinculados al sector.
A ello se sumó la fuerte depreciación del boliviano en el mercado paralelo, con un tipo de cambio que llegó a más que duplicar la paridad oficial en los meses de mayor tensión cambiaria, elevando el costo de todos los insumos importados.
En este escenario, la baja inversión pública en infraestructura y la acumulación de deudas millonarias por parte de entidades estatales, gobernaciones y municipios, especialmente el de Santa Cruz de la Sierra, golpearon con fuerza al sector durante 2024 y el inicio de 2025.
La reducción de los presupuestos de obra pública y los bajos niveles de ejecución —que no superan el 70% en promedio— significaron menos licitaciones, menos frentes de trabajo y mayor incertidumbre para las constructoras. A esto se añadieron los retrasos en los pagos por parte de instituciones públicas, que extendieron los plazos de cobro hasta 90 o 180 días y deterioraron el capital de trabajo de las empresas, obligándolas a financiar con recursos propios o con créditos cada vez más caros.
A pesar de estas dificultades, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) asociada a la construcción mostró un comportamiento más dinámico. Para la gestión anterior, la inversión en edificaciones, viviendas, vías y otras obras civiles creció 2,93%, incluso en un contexto donde el resto de la economía registró una caída superior al 8%, de acuerdo con informes oficiales y análisis de organismos públicos.
La construcción llegó a representar alrededor del 71% de la formación de capital total, lo que confirma que el sector se ha mantenido como columna vertebral de la inversión, impulsado en buena medida por proyectos privados orientados a vivienda, comercio y logística. Los datos oficiales de 2025 aún no fueron difundidos en su totalidad, pero las cifras preliminares refuerzan la idea de un sector que resiste mejor que el promedio de la economía en medio de la crisis.
La agenda de problemas que arrastra el rubro es amplia. Además de la escasez de dólares, que complica la importación de materiales clave como acero, maquinaria pesada, acabados y equipos de construcción, las empresas enfrentan una inflación de costos que afecta también a los productos fabricados en Bolivia, pues dependen de componentes o materias primas externas.
El encarecimiento del crédito, con tasas más elevadas y condiciones más restrictivas, reduce el acceso a financiamiento para capital de trabajo y nuevos proyectos, desacelerando la dinámica del negocio. En paralelo, la caída en la aprobación de nuevos permisos de construcción y el menor consumo de cemento reflejan la cautela de los inversionistas ante la incertidumbre macroeconómica, aunque las ventas totales de cemento muestran cierta adaptación de la demanda privada, que aprovecha oportunidades puntuales de inversión.
Frente a este contexto, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz) y las cámaras departamentales asumieron un papel protagónico en la negociación de medidas de alivio para el sector.
Uno de los hitos fue la promulgación de los Decretos Supremos 5321 y 5452, que establecieron mecanismos de reajuste de precios en la obra pública para mitigar el impacto de la inflación en los contratos en ejecución.
Estas normas buscaban evitar la paralización masiva de obras y garantizar su culminación, su aplicación ha resultado compleja por la diversidad de restricciones, plazos y alcances, particularmente en lo referido a insumos importados.
Las organizaciones empresariales gestionan ahora ajustes transitorios adicionales para que los mecanismos de reajuste incluyan también insumos nacionales como el cemento y se apliquen de forma más ágil.Otro avance institucional relevante fue la aprobación del DS 5327, que anuló la obligación de facturación anticipada en obras públicas, una práctica que generó serios problemas de liquidez a las constructoras y empresas de servicios.
Antes de esta modificación, las compañías debían emitir facturas por cada planilla y asumir los impuestos correspondientes, incluso cuando los pagos efectivos se realizaban meses después, lo que encarecía y hacía aún más riesgoso el negocio.
Con la eliminación de la facturación anticipada, el flujo de caja de las empresas mejora parcialmente. No obstante, el reto de los pagos tardíos y la burocracia administrativa persiste en muchos niveles del Estado.
En paralelo a la defensa de la estabilidad de las empresas, el sector comenzó a profundizar su apuesta por la construcción sostenible y la innovación tecnológica.
Cadecocruz impulsó la certificación EDGE en proyectos de infraestructura, trabajando con expertos acreditados por la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial y la Cámara de Comercio e Industria Boliviano Alemana (AHK), que desarrollan programas piloto de capacitación y prácticas profesionales en proyectos reales.
Estas iniciativas buscan generar un ecosistema en el que la eficiencia energética, el uso racional de materiales y el diseño sostenible se convertirán en un estándar de mercado.
A ello se suma el impulso a la digitalización de la construcción mediante la metodología BIM, con el apoyo de organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Pacto Global y la Embajada Británica, para mejorar la planificación, reducir costos y aumentar la transparencia en la ejecución de obras.
En el plano normativo, el gremio constructor también ha colocado en la agenda pública la necesidad de contar con una nueva Ley de Contrataciones que reemplaza al Decreto Supremo 181, vigente desde hace más de una década. La propuesta apunta a un marco moderno que brinda seguridad jurídica, reduzca discrecionalidades y responda a las realidades técnicas y financieras de los proyectos de infraestructura actuales.
Cadecocruz, la Cámara Boliviana de la Construcción y las cámaras departamentales coordinan acciones para que este planteamiento se traduzca en un proyecto normativo concreto, que incorpora criterios de sostenibilidad, transparencia, eficiencia en la contratación y promoción de alianzas público‑privadas.
Las proyecciones del sector para el cierre de 2025 y el año 2026 se mueven en un rango estrecho y prudente. La expectativa central es un crecimiento cercano al 1% anual, condicionado a la evolución de las políticas económicas del Gobierno, la normalización del mercado de divisas y la capacidad de ejecutar inversión pública en niveles mayores a los actuales.
El escenario es de amplia volatilidad: un manejo exitoso de la crisis podría permitir recuperar tasas de expansión previas a la pandemia, mientras que una profundización de los desequilibrios macroeconómicos podría arrastrar al sector a caídas que rondarían el -3%. La construcción se encuentra, en términos prácticos, en un momento de transición, donde decisiones de política económica y regulatoria definirán si el rebote incipiente se convierte en un ciclo de crecimiento o en un paréntesis antes de una nueva contracción.
Las necesidades estratégicas de la industria son claras. Los empresarios exigen certidumbre sobre la disponibilidad de dólares y la regularización del suministro de combustibles, factores críticos para la importación de insumos, el funcionamiento de la maquinaria y la continuidad de las obras.
También plantean la urgencia de implementar una Ley de Concesiones y un marco robusto de Alianzas Público‑Privadas (APPs) que habilite proyectos de infraestructura de gran escala con participación de capital privado y financiamiento internacional. Otra prioridad es incorporar a Bolivia en el ecosistema de finanzas sostenibles, de modo que el país pueda acceder a recursos de organismos multilaterales para infraestructura verde y resiliente, y ofrecer incentivos en los Códigos de Urbanismo y Obras para construcciones certificadas bajo estándares como EDGE.
Entre los proyectos estratégicos que el sector considera esenciales para dinamizar la economía figuran el Hub Viru Viru, los corredores bioceánicos y Puerto Busch, entre otros, que podrían mejorar la competitividad logística del país y atraer inversiones en minería, agroindustria y servicios.
Para que estos emprendimientos se vuelvan realidad, será clave mejorar el acceso al crédito para empresas constructoras, tanto grandes como medianas y pequeñas, además de avanzar hacia una legislación laboral específica para la construcción que promueva la formalización y permita generar empleo masivo sin elevar de forma desproporcionada los costos de contratación.
La apuesta por la construcción sostenible se presenta, como una oportunidad para reducir costos de operación, mejorar la calidad de las edificaciones y disminuir la huella ambiental de la actividad.
La mirada de mediano y largo plazo sobre el futuro del rubro en Bolivia es, pese al momento crítico, moderadamente optimista. Estudios recientes estiman que el país enfrenta un déficit de infraestructura cercano al 50%, con carencias en vivienda, carreteras, puentes, sistemas urbanos y equipamientos para sectores como minería, energía y agroindustria.
Esta brecha, sumada a la estructura demográfica joven y la creciente demanda de servicios urbanos, crea un potencial significativo para la expansión de la construcción en las próximas décadas.
Si el Ejecutivo logra estabilizar la economía en un horizonte de tres a cinco años y encarar los desequilibrios fiscales, externos y cambiarios, el sector podría retomar crecimientos anuales de entre 4% y 7% a partir de 2030, con la construcción como motor de empleo, inversión y productividad.
A corto plazo, el desafío es navegar una etapa de recesión incipiente con inteligencia y resiliencia empresarial. Las recomendaciones de analistas y gremios del rubro apuntan a que las compañías fortalezcan su balance y liquidez en moneda fuerte, lo que les permitiría aprovechar oportunidades de compra de activos a precios deprimidos cuando la crisis alcance su punto más profundo.
También se sugiere acelerar la adopción de tecnología y soluciones digitales, así como profundizar alianzas estratégicas entre empresas nacionales e internacionales para compartir riesgos, acceder a financiamiento y ampliar mercados.
El comportamiento del sector de la construcción en los próximos años será, en buena medida, un termómetro de la capacidad de la economía boliviana para superar la coyuntura actual y sentar las bases de un nuevo ciclo de crecimiento sostenible.