Guido Zambrana Ávila
Ex Decano de Medicina, UMSA
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Sin duda, el gobierno actual, al igual que el anterior, ignoran a la universidad pública porque pase lo que pase ella seguirá funcionando respondiendo a su responsabilidad con el pueblo que la mantiene, independientemente de su crítica situación multifactorial. Se percibe claramente la decisión de gobernar con las universidades privadas marginando a las públicas. Lo lamentable es que hasta ahora la ministra de Educación, originaria de la universidad privada, no ha mencionado a la universidad pública como parte del Sistema Educativo Boliviano, marginándola de los espacios de debate sobre la educación inicial, primaria y secundaria. Visión contraria a la que tuvieron los países emergentes que lograron gran desarrollo económico a partir de la mejora de la calidad educativa con la transformación profunda de la educación superior.
En Bolivia, no existe un verdadero Sistema de la Educación Boliviana, menos lo que deberían ser los subsistemas, entre ellos el de la educación universitaria. El concepto de sistema, supone la coexistencia de varios componentes que convergen hacia el logro del mismo objetivo, lo que no ocurre en nuestro país; además, al interior de todos los sectores educativos la anarquía es la regla.
En la educación superior boliviana, coexisten las denominadas universidades públicas, las privadas, la policial, de las fuerzas armadas; las pedagógicas, la artísticas, las indígenas y otras que se desarrollan con independencia, sin diálogo y sin ninguna coordinación sistémica, haciendo cada una lo que mejor le parece. Existe un viceministerio de educación superior, intrascendente para el desarrollo y gestión sistémica de la educación superior que, además, fue y es extremadamente permisivo con el sector privado que se ha desarrollado de manera explosiva y descontrolada con fines de lucro desmedido y de la peor calidad, salvo pocas excepciones.
La autonomía y el cogobierno paritario, que tenían como esencia la gestión corresponsable de docentes y estudiantes para bien de la universidad pública, se fue deteriorando y distorsionando por acción de los grupos de poder proclives a la corrupción. El deterioro y degradación de la autonomía universitaria y el cogobierno tienen su inicio en el sistema electoral profundamente corroído que eliminó la meritocracia para permitir el uso ilimitado de dineros de origen obscuro en campañas electorales, traficar con el voto de docentes interinos, cobrar aportes a funcionarios eventuales y sobornar a dirigentes estudiantiles que promueven el voto estudiantil a cambio de favores académicos o amenazas de reprobación.
En consecuencia, la asimetría normativa, liberalidad de las universidades privadas, la baja calidad y los entuertos en las universidades públicas son las que primero deben resolverse. Es decir que, para mejorar la calidad de la educación en Bolivia debe priorizarse una profunda reforma universitaria junto a la transformación de todos los niveles educativos.
El gobierno del MAS intervino sutilmente la autonomía universitaria a través de darles poder y dinero a las dirigencias estudiantiles; el extremo fue haber designado a un estudiante como autoridad del CEUB por varios años. La disponibilidad económica y la unidad compacta de dirigentes estudiantiles corruptos con el 50 % del poder, les permite negociar intercambio de beneficios con autoridades y docentes dispuestos al contubernio. La calidad aun existente en las universidades públicas es más por iniciativa de docentes comprometidos que por efecto de políticas institucionales. El Estado interviene a conveniencia en las universidades y negocia su silencio con la asignación presupuestaria, haciéndolas cada vez menos trascendentes para el Estado que prefiere trabajar con la universidad privada.
Los procesos académicos y administrativos se han ido degradando progresivamente en universidades públicas como privadas. Existen denuncias y se ejecutaron procesos por cobros irregulares para la admisión y el egreso, cobros excesivos en las privadas y burocracia insana. Así mismo, casos de acoso, abuso, persecución de adversarios y protección a casos de corrupción. La estructura sistémica de la universidad pública coordinada por el CEUB es aparente; cada universidad hace lo que le conviene sin cumplir lo normado en congresos y conferencias. En las universidades privadas ocurre lo mismo para proteger los intereses que hacen a su naturaleza.
Académicamente, existe una evidente, aunque asimétrica, obsolescencia de currículos, planes de estudio y modelos educativos. Así mismo, es escasa y a sistémica la incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, Formación Basada en Simulación, Formación Basada en Competencias y otras. Hay rigidez institucional con escasos intentos por crear nuevas carreras que den respuesta a las realidades y demandas emergentes, manteniendo carreras tradicionales sobresaturadas que debían reducirse o desaparecer. Se mantiene la obsolescencia y el anacronismo de currículos estáticos y rígidos por intereses no académicos.
La situación desastrosa de la educación superior y, en particular de la universidad pública demanda la atención del gobierno de turno que no llega a comprender que una alianza responsable y respetuosa entre ambos lograría la transformación educativa que necesitamos y fortalecería la gestión del gobierno. El respeto pleno a la autonomía universitaria, con un cogobierno digno, son indispensables y no deben constituir un obstáculo para la interacción comprometida y responsable entre la universidad y el Estado.
Finalmente, recordar que no existe un verdadero Sistema Educativo, ni una Ley Integral de la Educación Boliviana que sustituya la Abelino Siñani, menos para los subsistemas como el de Educación Universitaria, lo que explica la anarquía y la crisis educativa. No es suficiente ni garantiza éxito enfocarse en la medición de la calidad, nuevo currículo para la educación inicial, primaria y secundaria, digitalización y modificación de la Ley Abelino Siñani al margen de la universidad y sin tener previamente un Sistema Integral de la Educación Boliviana con sus subsistemas público, privado y de régimen especial con una Ley que regule su funcionamiento.