Teófilo Caballero, Economista
No cabe duda, el PGE 2026 debe ser el redireccionamiento de la economía nacional desde un manejo estatista, centralizador, obstaculizador, burocrático y corrupto, como lo define el Presidente Rodrigo Paz en dos palabras: ESTADO TRANCA, hacia un manejo más abierto, ágil, transparente, proactivo a la iniciativa privada e integrado con el resto del mundo y no solo con un grupo de países por cuestiones dogmáticas e ideológicas. Así lo definió el pueblo boliviano con su voto el domingo 19 de octubre de 2025.
El 30 de octubre de 2025 el gobierno saliente del Movimiento al Socialismo (MAS) a la cabeza de Luis Arce Catacora entregó el PGE 2026 a la Cámara Baja (Diputados) para su aprobación cumpliendo con el procedimiento constitucional. En ese proyecto de Presupuesto seguía contemplándose la gastadera y robadera que caracterizó al MAS en sus 20 años de gobierno donde prácticamente destruyó la economía, desintitucionalizó el país, creo una frondosa estructura estatal con empresas públicas, supernumerarios por doquier, entidades descentralizadas ineficientes y corruptas y sobre todo planificaba seguir robando la esperanza a los millones de ciudadanos bolivianos, especialmente los jóvenes que son los que pagarán las consecuencias sin oportunidades de empleo y muchos de ellos sin oportunidades de formación.
En el proyecto PGE 2026 del “hermano Lucho” se contemplaba un aumento en el presupuesto consolidado de Bs. 296.566 millones a Bs. 298.332 millones; cuando en este país lo que hay que hacer es reducir el gasto público, puesto que esto está siendo financiado por emisión monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) y que está teniendo poderosa influencia para que hasta el mes de noviembre 2025 tengamos una inflación que bordea el 20% siendo la más alta de los últimos 39 años. También contemplaba seguir financiando a 67 empresas públicas con cerca de Bs. 90.000 millones cuando a mediados de diciembre de 2025 el Ministro de Economía Gabriel Espinoza informó que de esas 67 empresas solo tres generan resultados positivos y las restantes 64 empresas generan pérdidas que son asumidas al final por todo el pueblo boliviano, es decir, un desangramiento de recursos que un país con tantas necesidades no puede seguir aguantando.
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Estas empresas públicas que no son más que monstruos devoradores de recursos del Estado, en los 20 años de Masismo el binomio del despilfarro Evo-Lucho destinaron
$us. 7.750 millones de las Reservas Internacionales, solo 14 de estas empresas públicas inviables, (Yacana, Ingenio San Buena Ventura, ECEBOL, Emapa, Quipus, Envibol, YLB, etc.) quebradas desde el primer día de su funcionamiento, sin estudios de mercado ni factibilidad financiera, se devoraron nada menos que $us. 2.205 millones. Conforme con la declaración de prensa del Ministro de Desarrollo Productivo y Rural, Oscar
Mario Justiniano, estas empresas fueron creadas con un blindaje jurídico que va a dificultar su reestructuración. “…El blindaje que le hicieron a través de leyes, decretos, normativas, está tan bien entramado que se requiere toda una ingeniería, que en realidad no es operativa sino jurídica, se necesita trabajar jurídicamente para que las decisiones que se puedan tomar no sean también utilizadas para enjuiciar a quienes toman las decisiones”. Lo que afirma el Ministro Oscar Mario Justiniano es que el Masismo delincuencial ha armado toda una tramoya jurídica, morosa y dificultosa para desmontar estos monstruos devoradores de recursos, llamadas empresas públicas. Pero lo que queda claro es que el pueblo boliviano el domingo 19 de octubre de 2025 a través del voto le dio un mandato al Presidente Rodrigo Paz para que ordene la economía boliviana y nuevamente vuelva a proyectar a Bolivia hacia el mundo.
En ese proyecto de presupuesto PGE 2026 elaborado por Lucho Arce también se contemplaba un Gasto Corriente de cerca de Bs. 180.000 millones. El gasto corriente para el amable lector es el gasto que el gobierno destina a sueldos, salarios, pasajes, viáticos, publicidad estatal, gastos de representación, gastos de consultoría, servicios de la deuda pública, es decir, el mantenimiento de toda la estructura burocrática estatal. Hay que hacer una cirugía de urgencia en cada una de esas partidas presupuestarias.
Los analistas económicos y profesionales expertos en el manejo fiscal señalan que existen cerca de 600.000 empleados públicos en este momento, sin embargo, hace un par de años atrás, el gobierno del despilfarro había informado que los funcionarios públicos ascienden a 431.536. Queremos conocer la veracidad de esta información.
Existen 99 entidades descentralizadas que realizan en la mayoría de los casos funciones similares a la de los Viceministerios o Direcciones de los Ministerios o entidades como la de Dirección del MAR (DIREMAR) que fue creada para defender al estado boliviano en la demanda en el Tribunal de La Haya cuando en el 2018 dicho tribunal falló en contra del estado boliviano 14 votos contra 2 y de esa forma Bolivia perdió para siempre la posibilidad de sentarse a negociar con Chile una posible salida al mar por el Pacífico. Ese mismo año DIREMAR debió ser cerrada, sin embargo, ha seguido funcionando como si nada hubiese pasado.
Es por esa razón que el gobierno a través del Ministro de Economía José Gabriel Espinoza ha informado que el PGE 2026 (elaborado por Lucho Arce) que se apruebe por procedimiento constitucional sin analizarlo en la Asamblea Plurinacional será reformulado en el mes de marzo de 2026 donde ya estén los nuevos lineamientos y la política económica del Presidente Rodrigo Paz; en este PGE reformulado deben estar los frenos que se deben poner a la hemorragia de recursos públicos destinados al jolgorio y despilfarro creados durante 20 años de masismo o de Capitalismo de Estado, mal llamado “Modelo Social Económico, Comunitario y Productivo”.