Por: Fernando Roger Chuquimia Vargas
Definitivamente 2025, se ha convertido en un punto de inflexión tanto en lo político y económico para Bolivia, un año de transición estructural marcada por la crisis.
Hasta los primeros días de noviembre de 2025, la economía boliviana estuvo restringida en el acceso a créditos externos por más de 1.500 millones de dólares, por la falta de aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sumado a este aspecto las fuertes fluctuaciones en el tipo de cambio paralelo (TCP), la falta de provisión de combustible, el incremento del costo de los productos importados y la especulación, incidiendo directamente en la inflación.
A partir del 8 de noviembre de 2025, existe un cambio de timón en el país. Inicialmente el Gobierno del Presidente Paz empezó con anuncios en materia económica, por ejemplo, eliminación de impuestos, reformulación del presupuesto público, supresión de aranceles, publicación del valor referencial del TCP, entre otros que no han tenido ningún efecto.
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No obstante, a partir de la aprobación del Decreto Supremo 5503 (DS), empieza realmente ciertos cambios en el modelo económico en Bolivia. Uno de ellos, la eliminación de la subvención a los hidrocarburos, donde prácticamente los precios han incrementado en un 80% y 160%, en gasolina y diésel, respectivamente. Si bien, esta medida es necesaria y reduce el déficit fiscal, lamentablemente tiene un efecto cadena en el resto bienes y sectores de la economía nacional, con un impacto en los próximos meses hasta que la economía absorba los nuevos precios sin subvención, traducido en mayor inflación y pérdida del poder adquisitivo.
Asimismo, las autoridades señalan que, la norma de referencia es el inicio de un nuevo rumbo; sin embargo, es importante resaltar que, las medidas de protección social son insuficientes, por ejemplo, el incremento al salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos, sólo beneficia al 20% de la población económicamente activa, es decir a trabajadores formales, y no así al restante 80% que representa a los trabajadores del sector informal, además que ésta medida podría ocasionar el cierre de medianas y pequeñas empresas (MYPES) ante su incapacidad de financiamiento.
En este sentido, 2025 Bolivia cierra su economía con una contracción generalizada de la economía del 0,5%, según la proyección del Banco Mundial, una inflación por encima del 20%, continuando en una estanflación y sin solucionar la escasez de dólares.
Emergente del cambio de paradigma económico y político, 2026 será un año donde la población verdaderamente sentirá los efectos de las medidas económicas implementadas por el actual Gobierno. Los precios de la canasta familiar podrían estabilizarse, una vez que la economía absorba el impacto del fin de las subvenciones, no obstante, este es un riesgo latente, debido a que en 6 meses se actualizarán los precios de los hidrocarburos.
El DS continuará en tela de juicio debido a que, existen artículos inconstitucionales, por cuanto, elude la aprobación por parte de la ALP, por ejemplo, el artículo 5, faculta al Banco Central de Bolivia a gestionar financiamiento externo sin considerar la capacidad de endeudamiento del país; los artículos 10 y 11, autorizan a suscribir contratos para inversiones estratégicas prioritarias sobre los recursos naturales (litio y tierras raras), además de dar ciertos beneficios por 15 años a los inversionistas; y los artículos 50 y 51, que liberalizan por completo las exportaciones sin garantizar el abastecimiento interno.
Finalmente, 2026 continuarán los ajustes económicos, traducido principalmente en la determinación del nuevo régimen cambiario, impactando en la devaluación de la moneda nacional. Es así que, el próximo año Bolivia tendrá una economía altamente dependiente de los créditos externos y del sector privado. Y de no tomarse las medidas adecuadas de protección social a los sectores más vulnerables, el país podría presentar una recesión, desempleo, devaluación de la moneda, cierre de MYPES y aumento de la pobreza, cometiendo nuevamente el error histórico de que el costo de los ajustes económicos lo paguen los más pobres.