El canciller apuntó contra los altos ingresos de líderes del sector minero y advirtió que eliminar la norma implicaría volver a las filas por combustible y agravar el impacto sobre el transporte público.
Fuente: El Deber
El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, lanzó una dura crítica contra dirigentes del sector minero al cuestionar la racionalidad de sus demandas y el nivel de ingresos que perciben, en medio del conflicto por la derogación de un decreto vinculado al abastecimiento de combustibles.
“Un dirigente gana el equivalente a siete ministros de Estado”, afirmó Aramayo, al señalar que existen líderes sindicales y cooperativistas cuyos ingresos —según dijo— alcanzan niveles que no guardan relación con los aportes reales del sector al país.
“Habría que ver cuánto le reporta realmente en impuestos al país el sector minero”, añadió, poniendo en duda el balance entre ganancias privadas y contribución fiscal.
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El canciller insistió en que el Gobierno está abierto al diálogo, pero pidió que las demandas vengan acompañadas de propuestas concretas. “Los invitamos a sentarse con papel y lápiz y mostrar la alternativa. ¿Cuál es la alternativa?”, cuestionó.
En ese marco, advirtió que derogar el decreto implicaría retroceder en la gestión del combustible: “Volver a hacer filas y luego la siguiente etapa será preguntarnos con qué compramos combustible”.
Aramayo subrayó que las medidas de presión no afectan a los dirigentes con altos ingresos, sino a la población que depende del transporte público. “¿A quiénes están afectando? A quienes viven del transporte público, a quienes se transportan en transporte público”, dijo.
Y remató con una comparación directa: “Un dirigente que gana 50.000 u 80.000 bolivianos, cooperativas que se regalan lotes enteros de vehículos de alta gama, seguramente no dependen del transporte público como muchos otros”.
Las declaraciones elevan el tono del debate entre el Gobierno y el sector minero, al poner en el centro no solo la viabilidad de las demandas, sino también la desigualdad interna y el impacto social de las medidas de presión.