Bolivia no atraviesa únicamente una crisis económica o política. Atraviesa, sobre todo, una crisis de liderazgo y una aguda crisis moral que el nuevo gobierno recibe como herencia, pero que ya no puede seguir postergando. Mientras no se lo diga con claridad, el país seguirá atrapado en el mismo círculo vicioso: confrontación permanente, improvisación, promesas vacías, degradación ética y deterioro institucional.
Durante años, la política boliviana ha estado secuestrada por caudillos, jefes de facción y dirigentes que confundieron el poder con propiedad personal. Se gobernó mirando encuestas y cálculos de corto plazo, no el futuro del país. Se tomaron decisiones para sostener cuotas de poder, no para resolver los problemas estructurales. El resultado es evidente: un Estado debilitado, una economía frágil y una sociedad cansada y frustrada.
La polarización se convirtió en método de control. Dividir para gobernar pasó a ser práctica habitual. Quien discrepa es señalado como enemigo, traidor o antipatriota. Este clima tóxico no construye país; lo paraliza y lo empobrece. Ningún nuevo gobierno puede aspirar a estabilidad ni gobernabilidad si reproduce esta lógica heredada.
A ello se suma un deterioro profundo de la ética pública. La corrupción ya no escandaliza: se tolera. La autoridad moral dejó de ser un requisito del poder y se transformó en un discurso vacío. Sin ética y sin ejemplo, ningún liderazgo es legítimo. Un país donde el poder sirve para proteger privilegios y no para servir a la ciudadanía está condenado al estancamiento.
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Las instituciones, lejos de fortalecerse, han sido utilizadas como instrumentos políticos. La justicia perdió credibilidad, la Constitución se interpreta según conveniencia y la seguridad jurídica sigue siendo una promesa incumplida. Ningún proyecto de desarrollo es posible con reglas cambiantes e instituciones débiles.
El nuevo gobierno tiene hoy una oportunidad que no puede desaprovechar: romper con el caudillismo y gobernar con visión de Estado. Bolivia necesita estadistas, no agitadores. Líderes capaces de decir la verdad, incluso cuando es incómoda. No hay política social sostenible sin responsabilidad económica. El populismo puede generar aplausos momentáneos, pero termina empobreciendo precisamente a quienes dice defender.
Gobernar no es imponer ni silenciar. Gobernar es dialogar, construir consensos y respetar la pluralidad política, regional y cultural. La diversidad boliviana no es el problema; el verdadero problema ha sido la incapacidad de la dirigencia para administrarla con madurez y sentido de país.
El mundo avanza y Bolivia no puede seguir encerrada en discursos ideológicos estériles. Sin apertura, inversión y reglas claras no habrá empleo digno ni futuro para los jóvenes. Defender la soberanía no es aislarse; es gobernar con inteligencia estratégica.
Un verdadero estadista no se aferra al poder ni se cree indispensable. Respeta la alternancia, forma nuevos liderazgos y deja instituciones más fuertes que su propio mandato. Todo lo demás es miedo a perder privilegios.
Bolivia no necesita salvadores ni discursos épicos. Necesita liderazgo responsable, ético y con visión de largo plazo. Pero esta sigue siendo una tarea compartida: la gran deuda no es solo de quienes gobiernan, sino también de una ciudadanía que debe dejar de conformarse con menos y empezar a exigir más.
Porque sin estadistas, no hay futuro. Y Bolivia ya no puede darse el lujo de seguir perdiendo tiempo.
El nuevo gobierno debe dar una señal clara e inmediata de cambio real: iniciar el mandato con un acuerdo nacional mínimo, público y verificable, centrado en tres pilares innegociables: 1) Respeto pleno a la institucionalidad y la independencia de la justicia, 2) Disciplina económica y transparencia en el uso de los recursos públicos, 3) Diálogo político y social permanente sin exclusiones ni estigmatizaciones.
No se trata de discursos ni de gestos simbólicos, sino de decisiones concretas que demuestren que esta vez se quiere gobernar como estadistas y no como caudillos.
Fernando Crespo Lijeron