Las próximas horas —marcadas por la audiencia constitucional del viernes y la presentación de conclusiones del diálogo— serán clave para definir el futuro del conflicto en el país.
Fuente: eldeber.com.bo
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El conflicto social y político que estalló tras la puesta en vigencia del Decreto Supremo 5503 y que eliminó la subvención a los hidrocarburos, ingresó a una nueva fase porque pasó a los estrados judiciales. Mientras el Gobierno acepta evaluar ajustes a la norma y las protestas sociales endurecen su pulso en las carreteras, con, al menos, 20 puntos de bloqueo en el país.
El nuevo capítulo se abrió en Santa Cruz. El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada, confirmó este miércoles que la Sala Constitucional Primera admitió una acción popular contra los decretos 5503 (emergencia económica) y 5515 (que habilita al Ejecutivo a gobernar mediante medios tecnológicos), emitidos por el presidente Rodrigo Paz Pereira.
El recurso fue presentado por el abogado Wilmer Vásquez y será sustanciado en audiencia virtual este viernes a las 13:00. Quezada precisó que el proceso se encuentra “en fase de admisión, sin resolución de fondo”.
“Bajo el principio de independencia judicial, la sala constitucional encargada de sustanciar y resolver la acción la ha admitido y debe ser resuelta conforme a los cánones constitucionales y legales”, explicó. Subrayó que la acción popular tutela derechos colectivos o difusos y que anticipar criterios sería “absolutamente irresponsable”. En ese marco, el Presidente será notificado y podrá comparecer mediante representación legal o a través de funcionarios habilitados del Ejecutivo.
Desde el Gobierno confirmaron que asistirán a la audiencia. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, aseguró que el Ejecutivo defenderá los decretos “en todos los escenarios”.
Diálogo abierto, pero frágil
En paralelo al frente judicial, el Gobierno activó el carril político. En el segundo día del bloqueo nacional, autoridades nacionales y dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron —tras varias cartas de invitación y cabildeos— una mesa de diálogo en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz. Adicionalmente, otras mesas de diálogo se activaron en la mesa Chuquiago Marka, al sur de Sede de Gobierno.
En la Casa Grande del Pueblo, al que acudieron los líderes de la COB, el encuentro fue liderado por Lupo y los ministros Marco Antonio Oviedo (Gobierno), Mauricio Zamora (Obras Públicas) y José Gabriel Espinoza (Economía).
“Damos inicio a una nueva etapa de negociación sobre la base de la aprobación del DS 5503”, afirmó Oviedo, al ratificar la política oficial de explicación y diálogo. Sin embargo, el clima es frágil: la COB abandonó reuniones previas y luego convocó a un bloqueo nacional indefinido, que se fue materializando de manera escalonada durante la semana.
De forma paralela —y sin la presencia inicial de la COB— el Gobierno instaló mesas técnicas en el Campo Ferial Chuquiago Marka, con 105 organizaciones, 18 viceministros, varios ministros y más de 200 inscritos. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Julio Linares, informó que las conclusiones serán presentadas el viernes en una plenaria ministerial. Por su parte, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, reiteró que “el decreto no está escrito en piedra” y dijo que podrían darse ajustes, pero tras una evaluación.
La norma de 120 artículos fue aprobada el 16 de diciembre de 2025; levanta la subvención de carburantes y hace ajustes en la política económica que estuvo vigente durante 20 años en favor de la inversión, así como la apertura de nuevos emprendimientos económicos.
Mario Argollo, ejecutivo de la COB, ingresó a la Casa Grande del Pueblo y aseguró estar “dispuesto al diálogo”. “Aquí está en juego el país”, afirmó al ingresar; al salir, anunció que convocará a un ampliado para evaluar los resultados del encuentro.
Carreteras bajo presión
Mientras el diálogo avanzaba a trompicones, el conflicto se intensificó en las rutas. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 20 puntos de bloqueo. Las rutas del país habían amaneció con 13 cortes; luego subieron a 17 y, por la tarde, rozaron la veintena.
La mayor concentración de cortes de tuta está en La Paz (10), con focos en Pando (4), Santa Cruz (3) y Chuquisaca (3); también existen cortes en Oruro y Potosí, y en la ruta que conecta a Santa Cruz y Beni. A este escenario se suma el instructivo 002/2016 de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSTCC), que convocó a bloqueo general en las 16 provincias desde la medianoche de este jueves.
Sectores productivos alertaron por riesgos de inflación y desabastecimiento si las medidas se prolongan. Desde el Ejecutivo, Espinoza minimizó el impacto inmediato: “Por ahora son bloqueos esporádicos y aislados, sin efecto significativo en la economía”, dijo a EL DEBER, aunque reconoció que el escenario es dinámico.
El director ejecutivo de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), Pablo Camacho, cuestionó las protestas en el centro paceño que derivaron en gasificaciones y destrozos. “La imagen internacional del país se daña de manera irreversible; nos volvemos un país inviable cuando queremos atraer inversiones”, advirtió, señalando también el impacto en pequeños productores y turismo.
Protestas, violencia y detenidos
Los cortes de ruta comenzaron tras varias sesiones fallidas de diálogo con la COB y el magisterio. En La Paz, algunas protestas derivaron en hechos de violencia, con detonación de dinamita y daños al ornato público, lo que dejó una veintena de detenidos.
En ese contexto, el abogado de los detenidos Carlos Masco informó que tres mujeres —de un total de 12 personas aprehendidas— recuperarán su libertad por orden judicial, al no haberse encontrado indicios en su contra. Las mujeres, afiliadas a la Organización Bartolina Sisa, fueron inicialmente denunciadas por robo y luego vinculadas a otros delitos, extremos que no pudieron ser probados. La audiencia cautelar de los otros nueve imputados continuaba en desarrollo.
La disputa por el relato
El conflicto también se libra en el terreno discursivo. Voces del oficialismo sostienen que el cuestionamiento al DS 5503 no es técnico, sino político, y que el foco real es la eliminación de la subvención a los carburantes. Desde la oposición, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Claudia Bilbao, calificó la acción popular como política y restó probabilidad a un impacto jurídico de fondo. A su juicio, el recurso no frenará la norma ni la eliminación del subsidio.
Con el frente judicial activado, el diálogo político abierto y las carreteras bajo presión, el conflicto por el DS 5503 se consolida como el principal pulso del momento. Las próximas horas —marcadas por la audiencia constitucional del viernes y la presentación de conclusiones del diálogo— serán clave para definir si el escenario se encamina a una descompresión negociada o a una escalada mayor.