El Gobierno asegura que no se vulnera la Constitución ni otras normativas. Las observaciones fueron planteadas en las jornadas previas a la reanudación de las sesiones en la Asamblea Legislativa y en medio de protestas de varios sectores.
Fuente: eldeber.com.bo
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Tras el receso de fin de año, la Asamblea Legislativa se prepara para retomar actividades con el Decreto Supremo 5503 en el centro del debate. La norma, que no solo elimina la subvención a los carburantes sino que, a través de 115 artículos, perfila un giro del modelo económico del Estado, enfrenta observaciones por parte de Libre, la fuerza que había anticipado su respaldo al espíritu de esas medidas de ajuste económico.
Esta alianza advirtió que al menos cinco artículos vulneran la Constitución Política del Estado (CPE), recortan atribuciones del Legislativo y contradicen a la Ley del Presupuesto (PGN).
Desde la alianza Unidad también emergen cuestionamientos, especialmente vinculados con la explotación de recursos naturales. En ambos bloques aclaran que no plantean la abrogación total, sino la eliminación de disposiciones consideradas inconstitucionales, en particular aquellas que afectan la competencia legislativa para aprobar créditos y contratos de inversión.
El Gobierno, en tanto, sostiene que el decreto no será abrogado, aunque admite la posibilidad de realizar ajustes puntuales si fueran necesarios y también niega que se vulnere la Constitución.
Artículos observados
Los artículos más observados del Decreto 5503 por la bancada Libre, van desde el 8 hasta el 13 que están en el capítulo de “Régimen extraordinario de promoción y protección de inversiones”, puntos referidos a las “inversiones estratégicas prioritarias” en seis rubros: minería y metalurgia; hidrocarburos y energía; generación eléctrica y energías renovables; agroindustria y alimentos; infraestructura y transporte y manufactura exportable (artículo 10).
En los artículos 11, 12 y 13, se establece las nuevas reglas del juego para las inversiones estratégicas mediante “contrato de inversión, suscrito entre el Estado y el inversionista, aprobado mediante decreto supremo”.
El artículo 12 habla de la aprobación expedita (fast track) de proyectos de inversión con una “tramitación prioritaria”, un plazo máximo de 30 días para aprobar el proyecto. Todo este trámite se hará mediante una “Ventanilla única de inversiones estratégicas” (VUIE).
El artículo 13 dice que la VUIE, es la instancia que crea el Ejecutivo y que estará a cargo de la Cancillería, que es puesta como la “autoridad central responsable de diseñar, negociar y promover acuerdos de inversiones, cooperación económica y técnica con otros Estados”.
En ninguno de estos artículos cita el rol de la Asamblea Legislativa que tiene la facultad constitucional de aprobar, mediante ley, todo proyecto de inversión extranjera para explotar recursos naturales.
En ese marco, el senador José Manuel Ormachea, alerta que el decreto de Paz vulnera la CPE. “Este decreto le faculta al presidente a lograr este tipo de préstamos sin permiso y visto bueno del Legislativo, lo cual es inconstitucional y cercena facultades del Órgano Legislativo”, dijo Ormache a EL DEBER.
Además, el artículo 110 referido a la “prohibición de créditos internos”, también es observado por Libre. Ese punto señala: “Queda prohibida la concesión de créditos internos por parte del Banco Central de Bolivia a las empresas públicas”.
Mientras el DS 5503 prohíbe financiar a las empresas públicas, la Ley vigente del PGN establece lo contrario. Dicha norma es herencia del gobierno de Luis Arce, no fue modificada ni aprobada por la Asamblea Legislativa y entró automáticamente en vigencia el 1 de enero.
“Por jerarquía, ley mata decreto y en ese marco, las subvenciones a las empresas estatales improductivas quedan nuevamente activadas. Existe una plena contradicción entre el Decreto 5503 y el Presupuesto que ya está activo y vigente”, afirmó Ormachea y bajo ese análisis concluyó que “automáticamente se abrogarían varios artículos” del decreto de Paz.
En esa línea, la diputada Cecilia Requena (Unidad) también observó los artículos 11, 12 y 13 que crea una vía rápida para acoger inversiones mediante decreto supremo, una ventanilla única, un “silencio administrativo positivo” de 30 días calendario para aprobar los proyectos, y todo sin la participación de la Asamblea Legislativa.
“Uno lee el decreto y parece crear una nueva forma paralela de firma de contratos sobre recursos naturales que ni siquiera da tiempo – con los 30 días calendario – para cumplir con la consulta previa e informada, una licencia ambiental”, observó la legisladora y agregó que ello no implica exigir la abrogación de toda la norma. Respalda la anulación a la subvención y otras medidas sociales.
Tras las explicaciones del Gobierno que aseguró que no se vulnera la CPE, Requena espera que el decreto sea ajustado, aclarando las facultades de la Asamblea Legislativa en materia de aprobar contratos para explotar recursos naturales.