El Gobierno del MAS busca cómo zafarse del control internacional en el combate a las drogas. Un informe de EEUU lo pone en evidencia.
Editorial El Día
Esta semana se dio a conocer el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la lucha antidrogas en el mundo y que pone a Bolivia, junto con Venezuela y Birmania en la franja de los países que han fracasado la lucha contra las drogas y que no han cumplido acuerdos internacionales relacionados con el tema.
El documento fue emitido el 15 de septiembre, fecha en la que se le comunicó a Bolivia la “descertificación” y que sirvió de base para la suspensión de las preferencias arancelarias contempladas en la ley ATPDEA. Pese a que correspondía que Washington adopte sanciones aún más fuertes, como la cancelación de gran parte de la cooperación, el Secretario de Estado le recomendó a la Casa Blanca no hacerlo y sobre todo no levantar la ayuda antidrogas porque podría ser peor, incluso para los intereses norteamericanos.
Al leer el documento, cualquiera puede entender por qué el Gobierno del MAS está buscando formas alternativas de medir su comportamiento en relación a las drogas y nuevos socios en el combate al narcotráfico. Pese a que puede establecer mecanismos de control regionales con la Unasur, la Alba o con quien quiera; hacer alianzas con países vecinos para intercambiar información y adoptar otras acciones coadyuvantes, la administración de Evo Morales no puede zafarse de los convenios internacionales que sistemáticamente está violando al dejar que el circuito coca-cocaína se desborde en el país. Estados Unidos, el más interesado en que se cumplan esos pactos firmados por Bolivia, porque se trata del principal destino de la droga y el más afectado, no hace más que recordar cada uno de los acápites de los tratados que obligan al país a ejecutar acciones concretas contra las mafias que producen y comercializan drogas.
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Lo que sugiere el informe es de una lógica incontrastable, pues relaciona la expulsión de Bolivia de la policía antidrogas norteamericana (DEA) con un poco entendible “éxito” de las fuerzas antinarcóticos locales que dicen incautar cada día más droga, pero que hasta ahora no han dado con ninguno de los grandes clanes que controlan esta actividad. Si bien el documento no lo cita, pero en realidad, el último grupo importante que se capturó fue el integrado por las hermanas de una ex constituyente del MAS de apellido Terán, pero que hoy gozan de libertad, merced a oscuros procedimientos “legales”. En Estados Unidos creen que esto ocurre porque ya no existe el apoyo de inteligencia que otorgaba la DEA, aunque es posible –decimos aquí-, que la inteligencia “nacional” esté cumpliendo otros fines.
Los datos del informe son de tal precisión, que hasta incluyen novedades como la apertura de nuevos mercados para la coca excedente, el crecimiento en más de 11 mil hectáreas de los cultivos, hechos que colocan al país con un potencial de producción de cocaína de casi 200 toneladas métricas, es decir, un 50 por ciento por encima de la gestión anterior. Al final del documento, no deja de ponderar algunos logros en la erradicación de cocales, pero ahí mismo se pregunta para qué sirven, si por otro lado la coca crece por todos lados, incluida la reserva de El Choré.