La DEA comenzó a explorar capacidades con un diagnóstico previo para la firma de un acuerdo marco con Bolivia. Se buscará más apoyo internacional contra el narco
Fuente: eldeber.com.bo
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Al menos 13 personas fueron asesinadas por encargo en Santa Cruz en el curso del recién pasado año. Se trata de un recuento policial que aún no es definitivo por el subregistro de estos casos vinculados con el narcotráfico, una actividad que en Bolivia está en ascenso, según las proyecciones oficiales con datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).
De hecho, el Gobierno prevé que la extensión de cocales llegue a 40.000 hectáreas este año, lo que supone un 82% más del límite legal de las 22.000 establecida en la Ley 906. De este modo, Bolivia tendrá capacidad de producir más de 300 toneladas de cocaína, un indicador inédito, según reveló el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.
Ante este escenario, el Gobierno decidió reabrir y ampliar la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, con Estados Unidos, como socio estratégico inmediato, pero con la mirada puesta también en vecino Brasil. Justiniano confirmó así a EL DEBER que agentes estadounidenses ya se encuentran en Bolivia realizando un diagnóstico técnico de las capacidades de la Policía y de las distintas unidades vinculadas con la lucha antidroga. El objetivo será avanzar hacia la firma de un acuerdo marco de cooperación que permita ordenar el intercambio de información, fortalecer la inteligencia, mejorar el apoyo operativo y evitar la duplicación de esfuerzos con otros cooperantes internacionales, como la Unión Europea (UE), hasta ahora, el principal socio del país en la lucha antidroga y el desarrollo alternativo a la producción de cultivos de coca.
La autoridad explicó que esta apertura busca reposicionar a Bolivia como un país confiable dentro del esquema internacional de lucha contra el narcotráfico. “Volver a ser un país en el que se pueda confiar es clave. En los últimos años, muchos países tenían temor de compartir información con Bolivia”, señaló luego de admitir que la política antidroga quedó debilitada y erosionada por dudas sobre la transparencia.
Operativos sin Bolivia
Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, fuerzas policiales combinadas de varios países de la región, con apoyo de Europol y la DEA (la agencia antidroga de EEUU), ejecutaron un megaoperativo para neutralizar una organización que traficaba con cocaína producida en el país, según reportes de inteligencia. En esa operación no participó la policía antidroga de Bolivia. Posteriormente, se detectó la presencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en territorio nacional con información de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay. Al final, Marset huyó el junio de 2023 tras un fallido operativo de la Policía boliviana.
A estos casos se sumó el informe de la Fiscalía de Brasil que detectó, en territorio nacional, a 146 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC). El reporte entregado a Bolivia, por vía diplomática en junio de 2025, no mereció una respuesta inmediata por parte del gobierno del presidente Luis Arce, de acuerdo con el seguimiento periodístico.
Ahora bien, el viceministro Justiniano anunció que se hará una revisión interna de los perfiles de las personas que están a cargo de tareas sensibles en la lucha contra el narcotráfico con el fin de verificar el perfil adecuado y descartar posibles vínculos con redes criminales. “No se trata solo de palabras, sino de trabajo concreto y de indagación”, afirmó la autoridad.
Además, remarcó que la cooperación con EEUU no se limitará al intercambio de datos. Según el viceministro, incluirá tecnología, fortalecimiento de capacidades, apoyo en aeropuertos, controles con canes, inspecciones y respaldo a distintas unidades de seguridad, en un proceso que ya se encuentra en marcha con visitas técnicas, precisamente, a estas áreas operativas.
Además, el Gobierno apunta a involucrar de manera más activa a Brasil, uno de los principales destinos de la cocaína producida en Bolivia. Si bien ese país ya colabora en tareas de interdicción y secuestro de droga, la intención será avanzar hacia un apoyo más directo en la fase de erradicación y en la prevención de la producción de cocaína dentro del territorio boliviano. “Brasil debería estar muy interesado en este trabajo”, sostuvo Justiniano y advirtió que el flujo de droga hacia ese país tiene impactos regionales.
El relanzamiento de la cooperación internacional coincide con datos que confirman la magnitud del problema. Además de la expansión de cultivos de coca en el país, en 2024 el 91,5% de este cultivo producido en Trópico de Cochabamba terminó en el mercado ilegal. Además, de una producción potencial de 37.215 toneladas métricas, apenas el 8,5% fue comercializado en el mercado autorizado de Sacaba, en Cochabamba, desde donde se debe vender el producto para los usos lícitos establecidos en la Ley 906.
Este informe de la Onudc, presentado en diciembre de 2025, detalló que en los Yungas de La Paz se detectaron 19.230 hectáreas de coca, casi 5.000 más de lo permitido, mientras que en el Trópico de Cochabamba había 14.275 hectáreas, prácticamente el doble de las 7.700 hectáreas autorizadas para esa región, considerada el bastión político del expresidente Evo Morales.
A escala nacional, los mercados legales solo absorbieron el 41% de la producción potencial de hoja de coca en 2024, lo que confirma que la mayor parte de la producción excedentaria se desvía hacia circuitos ilegales vinculados al narcotráfico.
El presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de Yungas, Daynor Choque, sostuvo que el informe de la Unodc refuerza la postura de su sector, que demanda una modificación de la Ley 906 para reducir o anular la autorización de cultivos en el Chapare. Choque reiteró que esa región no es tradicional productora de coca y que la mayor parte de su producción tiene como destino el mercado negro y la elaboración de cocaína.
Evidencias
Ante el incremento de la actividad antidroga en el país, el viceministro Justiniano informó que se hizo un sobrevuelo de tres horas por la región del trópico de Cochabamba, donde se identificaron pistas clandestinas y se hallaron factorías.
“(El sobrevuelo) ha sido un tema de vigilancia. No es un operativo que, esperamos, en el futuro se den con mayor regularidad”, complementó el viceministro. “Esto nos ha permitido ver pistas clandestinas, destruir una importante y quemar fábricas encontradas la jornada anterior”. “La vigilancia del Estado no es una amenaza para nadie, es una protección”, remarcó la autoridad.
Solo dos de 31 aeronaves están operativas en la lucha antidroga
La lucha contra el narcotráfico en Bolivia enfrenta un serio déficit operativo: de un total de 31 aeronaves asignadas a tareas de interdicción y apoyo, solo dos se encuentran actualmente en condiciones de vuelo. Así lo reveló el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, para explicar las limitaciones con las que el Gobierno intenta reactivar el control aéreo en zonas consideradas críticas para la producción de coca ilegal y cocaína.
Según Justiniano, el parque aéreo heredado de la gestión anterior se encuentra prácticamente paralizado. “Solo tenemos una avioneta y un helicóptero Super Puma operativos”, afirmó. Esta situación, sostuvo, explica por qué durante meses no hubo sobrevuelos de control en regiones como el Trópico de Cochabamba.
El helicóptero recientemente puesto en funcionamiento por la Fuerza Aérea, permitió retomar la vigilancia aérea tras un prolongado periodo sin operaciones de este tipo. Sin embargo, el viceministro aclaró que se trata apenas de un primer paso frente a una brecha logística mucho más amplia.
Justiniano atribuyó esta situación a deudas acumuladas, falta de repuestos, mantenimiento pendiente y la ausencia de inspecciones técnicas. “No es que no se quería hacer sobrevuelos, es que no se podía”, señaló la autoridad frente a las limitaciones logísticas con las que se encontró.