Mallón sostuvo que, pese a que la normativa vigente ya contempla sanciones de uno a cuatro años, nunca se ha aplicado una condena efectiva contra los responsables de los bloqueos. “En 20 años jamás ha habido una sanción. Siempre se ha transado con los bloqueadores”, afirmó.
Fuente: ANF / La Paz
La senadora Claudia Mallón, de la alianza APB-Súmate, planteó la modificación del artículo 213 del Código Penal para endurecer las sanciones contra los bloqueos de caminos, proponiendo penas de ocho a diez años de cárcel para quienes impidan el libre tránsito y afecten servicios esenciales como ambulancias, alimentos, medicamentos o combustibles.
Durante una entrevista en el programa “El Café de la Mañana” de radio Fides, Mallón sostuvo que, pese a que la normativa vigente ya contempla sanciones de uno a cuatro años, nunca se ha aplicado una condena efectiva contra los responsables de los bloqueos. “En 20 años jamás ha habido una sanción. Siempre se ha transado con los bloqueadores”, afirmó.
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La legisladora denunció que los conflictos sociales terminan resolviéndose mediante acuerdos políticos que, según dijo, benefician a los movilizados sin asumir responsabilidades. “¿Qué se transa? Que no les descuenten. Día trabajado, día pagado. El ciudadano nunca se entera de que quienes perjudicaron al país reciben su sueldo completito”, cuestionó.
Mallón señaló que Cochabamba ha sido uno de los departamentos más afectados por los bloqueos debido a su ubicación geográfica, con pérdidas severas para sectores productivos como el agropecuario y los floricultores. “Yo lo he visto: gente varada cuatro días, una semana, sin dinero para comer ni para regresar a sus casas”, relató.
Respecto al contexto político, la senadora criticó al gobierno de Rodrigo Paz y Edmand Lara por gobernar mediante decretos y no a través de la Asamblea Legislativa, lo que —a su juicio— restó legitimidad a las medidas adoptadas y facilitó el conflicto social. “Si hubiese sido una ley trabajada en consenso, la historia habría sido diferente”, sostuvo.
Mallón aclaró que el objetivo del proyecto no es eliminar el derecho a la protesta, sino diferenciarlo del bloqueo, práctica que —remarcó— no está reconocida en la Constitución. “Mucha gente confunde el derecho a la protesta con el derecho al bloqueo, y ese derecho no existe”, enfatizó.
Finalmente, afirmó que la propuesta busca brindar respaldo legal al Estado frente a futuras medidas de presión y generar estabilidad. “Bolivia necesita cambiar el chip: instalar la cultura del diálogo y no la del miedo. La gente quiere certidumbre, quiere saber qué va a pasar mañana”, concluyó.