Con la aprobación de esta norma se pone fin a una semana de conflictos. En decreto tiene 32 artículos, casi 90 menos que el anterior. La nueva norma deroga el Decreto Supremo 5503
Fuente: El Deber
El Gobierno de Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo 5516, una norma de 32 artículos de amplio alcance que ratifica la política de precios de los combustibles, incrementa transferencias sociales, eleva el salario mínimo nacional y establece un nuevo esquema de diferimiento de créditos para vivienda social y pequeños productores.
El decreto abroga dos normas clave del anterior paquete económico (DS 5503 y DS 5484) y marca un giro hacia una estrategia de estabilización con fuerte componente social. La normativa se validó en mesas de diálogo en medio de protestas sociales y bloqueos de caminos. La última negociación se realizó con la COB hasta las tres de la madrugada de este mismo martes.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, explicó que el resto de las disposiciones establecidas en diciembre irán a la Asamblea Legislativa con la idea de generar leyes en consenso con las fuerzas políticas del país.
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Precios de combustibles: estabilización y fin del subsidio cruzado
El decreto fija precios finales al consumidor para los principales combustibles líquidos, con excepción del GLP, que mantiene su precio subvencionado. La gasolina especial queda en Bs 6,96 por litro y el diésel en Bs 9,80, mientras que la gasolina premium sube a Bs 11.
El Gobierno justificó esta decisión en la necesidad de corregir distorsiones de mercado, frenar el contrabando —estimado en hasta el 40% de la oferta— y cumplir un fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cuestionó la diferenciación de precios en Bolivia. La norma incorpora una metodología de ajuste de precios, que permitirá variaciones futuras bajo criterios de sostenibilidad fiscal y eficiencia económica.
En paralelo, se mantiene el precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en Bs 2,73 por metro cúbico, con incentivos para la conversión de vehículos y la reposición de cilindros, reforzando la política de transición energética.
Bonos y transferencias: el nuevo programa PEPE
Uno de los ejes centrales del decreto es el refuerzo de la protección social
El Bono Juancito Pinto sube de Bs 200 a Bs 300.
La Renta Dignidad se incrementa en Bs 150 para adultos mayores sin jubilación contributiva.
Además, se crea el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), una transferencia monetaria temporal dirigida a hogares vulnerables. El PEPE pagará Bs 150 mensuales, con dos esquemas:
Hasta Bs 450 al año para madres beneficiarias del Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y familias con estudiantes en unidades fiscales.
Hasta Bs 1.800 anuales para adultos mayores sin pensión, como complemento a la Renta Dignidad.
El programa será ejecutado por la Gestora Pública, financiado con recursos del Tesoro General del Estado y financiamiento externo, sin afectar fondos previsionales.
Salario mínimo: aumento del 20% y retroactivo
El decreto fija el Salario Mínimo Nacional en Bs 3.300, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2025. El aumento rige tanto para el sector público como privado y tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2026.
La norma ratifica la negociación salarial entre empleadores y trabajadores, pero establece límites claros: el salario mínimo es inderogable y cualquier acuerdo que implique renuncia de derechos laborales será nulo.
Austeridad y control del gasto público
En contraste con el aumento salarial, el decreto impone una racionalización del gasto estatal. Se prohíben nuevas contrataciones en el sector público, salvo en salud, educación, Fuerzas Armadas y Policía. Las entidades deberán presentar planes de optimización de personal y reducir gastos corrientes al mínimo operativo.
Arancel cero para maquinaria e insumos productivos
Hasta el 31 de diciembre de 2026, el Gobierno reduce a 0% el gravamen arancelario para la importación de maquinaria, equipos y repuestos destinados a sectores estratégicos como alimentos, agroindustria, textil, metalurgia, minería y transporte. La medida busca aliviar costos productivos y contener presiones inflacionarias.
Diferimiento de créditos: alivio financiero condicionado
El decreto reglamenta el diferimiento de créditos previsto en la Ley 1670. Los prestatarios de vivienda social y micro y pequeñas empresas podrán solicitar la postergación de hasta seis meses en el pago de capital, intereses y seguros.
El diferimiento no implica condonación: los montos se redistribuirán durante la vigencia del crédito, sin penalizaciones ni afectación a la calificación crediticia. La medida solo podrá aplicarse una vez por prestatario y requiere solicitud expresa.
Un decreto de transición
El Decreto Supremo 5516 consolida el enfoque del nuevo gobierno: fin del subsidio generalizado, corrección de distorsiones económicas y compensación social focalizada. En un solo cuerpo normativo, el Ejecutivo articula política energética, social, laboral y financiera, apostando a estabilizar la economía sin renunciar a mecanismos de protección para los sectores más vulnerables.
El alcance de la norma, sin embargo, anticipa debates: el impacto fiscal del aumento salarial, la sostenibilidad de las transferencias y la reacción del sector privado frente a los nuevos costos laborales marcarán la discusión económica de los próximos meses.