Ramiro Cucho, Ponciano Santos y Humberto Claros irán a juicio acusados por asociación delictuosa durante los bloqueos que dirigieron en 2024, en demanda de la habilitación de Evo Morales como candidato a las elecciones generales.
Fuente: eldeber.com.bo
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La Fiscalía Departamental de La Paz rechazó la denuncia por el delito de terrorismo que se tenía contra el exministro Juan Ramón Quintana. Este proceso fue abierto en octubre de 2024 luego que la Policía lo identificara como uno de los instigadores de la violencia durante los bloqueos de caminos que se instalaron en el país para exigir la habilitación de Evo Morales como candidato a la reelección presidencial.
El fiscal del caso, Omar Condori, informó a EL DEBER que la resolución en favor de Quintana fue emitida por su antecesor en septiembre de 2025. Asimismo, confirmó que, dentro de ese caso, él elaboró otra resolución de sobreseimiento, también sobre el delito de terrorismo, pero en relación a la situación de los dirigentes Ramiro Cucho, Ponciano Santos Colque y Humberto Claros, quienes también estuvieron implicados en los hechos de 2024.
Aclaró que los tres dirigentes evistas ya fueron acusados y comparecerán en un juicio por instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, delitos que pudieron cometer durante los ataques a la Policía y a otros ciudadanos durante la protesta.
En contacto con EL DEBER, Claros, quien cuenta con una detención domiciliaria con derecho a salida laboral, pidió no referirse al tema, por el momento. Indicó que hasta la fecha no fue notificado oficialmente y que dará su criterio sobre el proceso luego de consultar con su abogado.
Los dirigentes del evismo lideraron las medidas de presión en 2024 luego del fallido operativo de captura de Morales que tuvo lugar el 27 de octubre de ese año. Ese día, un grupo de policías no logró aprehender al cocalero en la carretera del municipio de Villa Tunari, en Cochabamba.
Los seguidores de Morales reaccionaron con la irrupción en cuarteles, el sometimiento de oficiales y soldados, el control de las armas y municiones, además de extraer las dos camionetas usadas en el operativo por la Policía, las que fueron quemadas.
En la resolución, emitida el 25 de noviembre de 2025, el fiscal Condori explica que el Ministerio Público tomó conocimiento de un presunto hecho de terrorismo y asumió los mecanismos necesarios para su esclarecimiento, relacionado a lo acontecido los meses de octubre y noviembre de 2024, en la carretera a Parotani de ese departamento.
“24 días de bloqueo que fueron dirigidos por Humberto Claros, Ponciano Santos Colque y Ramiro Cucho, en ese sentido, los imputados mencionados en su calidad de dirigentes de organizaciones sociales, provocaron un grave daño económico, subsumiendo su conducta a los tipos penales de instigación pública a la delinquir y asociación delictiva y no así al terrorismo; por lo que, no se cuenta con suficientes elementos de convicción que permitan establecer que los imputados incurrieron en terrorismo”, señala parte del documento.
El fiscal Condori manifestó que tanto la resolución de rechazo en favor de Quintana, así como la de sobreseimiento y acusación para los tres dirigentes, fueron emitidas en respuesta al pedido de la autoridad del Juzgado Anticorrupción N° 8, ante el vencimiento de los plazos permitidos para cerrar la investigación.
Para hoy se espera una conferencia de prensa sobre el tema en la Fiscalía, en relación a la situación de Quintana, quien, según los antecedentes, no está exento de ser procesado nuevamente, debido a que el rechazo de la denuncia inicial se debe a un tecnicismo jurídico: no haber notificado al exministro con el inicio del proceso en su contra y no contar con su declaración.
Los acusados
Recordemos que Ponciano Santos Colque y Humberto Claros son exdirigentes de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), en tanto que, Ramiro Cucho, era el Jilliri Apu Mallku del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq).
Al momento de emitir la resolución de sobreseimiento la Fiscalía acumuló 97 indicios, los que presuntamente demuestran que los tres incurrieron en dichos delitos. Entre los antecedentes se tienen varios informes de la Unidad de Cibercrimen, sobre las varias declaraciones que lanzaron los tres acusados, avivando la situación de violencia que vivía el país.
La demanda principal fue que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite la candidatura a la presidencia de Evo Morales, pese a los fallos judiciales y electorales que explicaban lo inconstitucional de dicha pretensión.
Una evaluación realizada por el Ministerio de Economía, en la gestión de Luis Arce, señala que los 40 días de bloqueos que se vivieron en 2024, generaron al menos unos $us 3.000 millones de pérdidas. Ese año los evistas realizaron bloqueos nacionales en febrero, 16 días y 24 días entre octubre y noviembre. Todo ello en el contexto preelectoral.
Recomendación CIDH
Recordemos que luego de los conflictos generados por fraude electoral de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó eliminar del Código Penal boliviano los delitos de sedición, financiamiento al terrorismo y terrorismo, debido a que su redacción no se adecuaba a los convenios internacionales. Esta recomendación fue aceptada por el entonces presidente Luis Arce, quien presentó un proyecto de ley, que finalmente no prospero. Eso sí, en marzo de 2022, el Tribunal Constitucional sí dio curso a la eliminación del delito de sedición.
En los informes no se hallaron las apelaciones que debieron presentar los denunciantes de los ministerios de Gobierno, Presidencia y Defensa, además de la Procuraduría General del Estado.