Por: Teresa Gutiérrez Vargas
El reciente conflicto social de casi tres semanas de bloqueo por la abrogación del Decreto Supremo 5503 parecía más una pulseada política entre el nuevo gobierno y los resabios de una COB que alguna vez se alineó a los intereses de gobiernos pasados.
La reducción de más de 120 artículos a apenas 32 en el nuevo DS 5516 no solo sepultó una de las agendas de reforma económica más ambiciosas —y necesarias— de los últimos años, sino que también desmanteló un paquete de incentivos que prometía cambiar la relación entre el Estado, el capital y el ciudadano contribuyente. Lo que iba a ser un alivio real para la clase media, profesionales independientes y pequeños emprendedores terminó en un retroceso, confirmando que, en la práctica, las prioridades del gobierno parecen inclinarse más hacia los grandes capitales y los sectores que amenazan con bloqueos, que hacia quienes sostienen la economía cotidiana sin hacer ruido.
Durante su campaña y los primeros días de gestión, Rodrigo Paz prometió un cambio profundo: un perdonazo tributario excepcional para condonar multas e intereses, pagos en cuotas sin recargos y una mayor formalización de la economía, especialmente en favor de pequeños contribuyentes y PyMEs. También anunció la eliminación del Impuesto a las Transacciones (IT) y reducciones en el IVA y el Impuesto a las Utilidades (IUE) para incentivar la inversión.
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Sin embargo, la aplicación fue selectiva. La primera medida tributaria fue la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), el Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ), beneficios que favorecieron principalmente a los grandes capitales y a élites económicas. Estos tributos, de bajo rendimiento, pero alto valor simbólico en términos de redistribución, desaparecieron en semanas, mientras el microempresario y la clase media siguen esperando alivio en el IVA o el IT, que impactan directamente en el bolsillo diario.
El perdonazo tributario, anunciado como un decreto inmediato, se diluye en una ley que avanza a paso lento, dejando a miles de contribuyentes en la incertidumbre.
En diciembre, el anuncio del DS 5503 buscaba aliviar el esfuerzo de la clase media profesional al permitir el descargo íntegro del crédito fiscal del IVA para profesionales independientes —consultores, docentes, abogados y contadores— en gastos de vida cotidiana, sin exigir vinculación exclusiva con la actividad profesional.
Además, reconocía los aportes patronales como crédito fiscal y creaba el SIETE-RG, un monotributo del 5% sobre ventas brutas que consolidaba IVA, IT e IUE para emprendedores unipersonales y microempresas con ingresos de hasta Bs 250.000 anuales. Era un esquema voluntario orientado a facilitar la formalización, reducir la burocracia y permitir una transición al régimen general sin asfixiar al pequeño productor.
Con la llegada del DS 5516 todo eso desapareció. Se suprimió el nuevo régimen SIETE-RG, se quitaron los beneficios para profesionales independientes y el reconocimiento de aportes patronales como crédito fiscal.
El Órgano Ejecutivo optó por volver al sistema extractivo anterior, fomentando —de forma deliberada o no— un comercio informal que no aporta al Estado y sobrecarga a quienes sí tributan puntualmente. Este retroceso no solo frena la formalización: la castiga. Deja a los profesionales como eternos «cajeros» del Estado y permite que el informalismo siga siendo una opción cómoda y rentable para muchos, a costa de todos los que cumplen. Un consultor, docente o abogado que paga su IVA completo, RC-IVA, emite facturas al día y declara todo sin evasión, termina con menos efectivo en el bolsillo que un comerciante gremial, informal o acogido al Régimen simplificado, que mueve montos mucho más altos, sin declarar ingresos reales ni contribuir proporcionalmente al fisco.
Surge entonces la pregunta: ¿por qué la COB, a punta de bloqueos, marchas y amenazas, es escuchada de inmediato? Los grandes empresarios también encuentran puertas abiertas en el Palacio. Pero el profesional con formación especializada —el que paga impuestos al día, no evade, pide y emite factura e invierte en su educación y en la formación de otros—, ¿qué recibe? Promesas incumplidas y retrocesos.
Los profesionales no marchamos con dinamita, ni bloqueamos carreteras. Somos quienes sostenemos la economía real sin escándalos, quienes pagamos el IVA completo sin poder descargar la mayoría de sus gastos reales y cargan con un fisco que los trata como ciudadanos de segunda. Aun así, el gobierno priorizó a los grandes empresarios mediante la eliminación de impuestos patrimoniales, cedió ante las presiones de la COB y la clase obrera organizada, y dejó golpeados a quienes nunca salen a la calle a exigir.
Resulta inevitable preguntarse si el DS 5503 fue solo un globo de ensayo: una prueba para medir resistencia y luego retirar lo que incomodaba, contentando a los sectores más ruidosos. El gobierno lanzó un decreto ambicioso con medidas de justicia tributaria para la clase media y los emprendedores, pero ante el primer bloqueo fuerte sacrificó casi todo. Permanecieron las medidas económicas más duras, mientras se eliminaron los alivios reales para quienes necesitan formalizarse sin castigo.
El conflicto dejó en evidencia que en Bolivia las reformas se negocian con quienes gritan más fuerte, no con quienes contribuyen en silencio. Porque si el alivio es solo para algunos sectores y para quienes amenazan, no es justicia: es privilegio y cobardía política.