La institución defensorial añade que tomó conocimiento a través de redes sociales de una publicación, cuyo contenido aparentemente difundido por un grupo de chóferes, instiga a sus pares a la comisión de actos de violencia y delictivos.
Fuente: El Potosí
Ante amenazas e instigación a cometer actos de violencia contra autoridad municipal de Potosí, la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento.
«La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante los hechos registrados en el municipio de Potosí, tras el repliegue del transporte público y el bloqueo del edificio central del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí por parte de un numeroso grupo de transportistas, quienes demandan que el Concejo Municipal deje sin efecto la Ley Municipal N.º 545, que establece la tarifa de Bs 2,50 para personas mayores en el servicio de transporte público», dice la nota de prensa.
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En este contexto, la institución defensorial añade que tomó conocimiento a través de redes sociales de una publicación, cuyo contenido aparentemente difundido por un grupo de chóferes, instiga a sus pares a la comisión de actos de violencia y delictivos, incluida violencia sexual, en contra de la Alcaldesa del municipio de Potosí, Lesly Flores y la toma del edificio edil reteniendo a las personas que se encuentren en el mismo con lenguaje y contenido misógino, violento y discriminatorio hacia las mujeres.
«Estos hechos se enmarcan en expresiones de violencia sexual, violencia simbólica y violencia política, promoviendo una escalada de agresiones que vulneran gravemente los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las mujeres en el ejercicio de la función pública», remarca.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo afirmó que repudia y reprocha enérgicamente cualquier instigación o manifestación que promueva la violencia en cualquiera de sus formas, recordando que el artículo 148 Ter del Código Penal sanciona los actos de violencia política contra mujeres electas o en ejercicio de funciones político-públicas, cuando estos tengan por finalidad acortar, suspender o impedir el ejercicio de su mandato o función, estableciendo penas privativas de libertad de tres (3) a ocho (8) años.
Asimismo, la institución recuerda que los delitos de violencia sexual se encuentran sancionados con penas de quince (15) a veinte (20) años de privación de libertad, siendo penalmente responsable no solo quien ejecuta el delito, sino también quien instiga o promueve la comisión de estos actos ilícitos, agrega la nota de prensa.
«La Defensoría del Pueblo exhorta al Ministerio Público y a la Policía Boliviana a asumir de manera inmediata las medidas de protección necesarias que garanticen la vida, la integridad personal y el ejercicio pleno de funciones de la autoridad municipal amenazada, así como a iniciar las investigaciones correspondientes conforme a ley. La Defensoría del Pueblo reitera que los conflictos sociales deben ser canalizados exclusivamente a través del diálogo democrático, el respeto mutuo y el marco constitucional, rechazando de manera absoluta toda forma de violencia, intimidación o amenazas, especialmente aquella dirigida contra mujeres, por constituir una grave vulneración a los derechos humanos y al Estado de Derecho», concluye.