De acuerdo a la explicación del abogado Héctor Castellón, quien fue defensa del fallecido exdirector Marco Antonio Aramayo, principal denunciante del desfalco, los técnicos fueron impuestos por las organizaciones sociales del Pacto de Unidad.
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
El exfiscal anticorrupción, Anghelo Saravia, relató cómo, entre 2015 y 2016, por instrucción de la Fiscalía General del Estado, se excluyó de la investigación del millonario desfalco al Fondo Indígena, a varios técnicos impuestos por organizaciones sociales afines al MAS y al Gobierno de Evo Morales.
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Por este caso, en las siguientes semanas se tiene previsto el inicio de un juicio contra 15 personas, entre ellas la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. Pero en este momento también está encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz, el expresidente del Estado, Luis Arce, quien en ese tiempo fungía como ministro de Economía y Finanzas.
“Una vez que fui designado a la División Económico Financieros, me entregan dos carpetas con los antecedentes del caso Fondo Indígena. Me nombran jefe de la comisión de fiscales y desde la Fiscalía General sale un instructivo, para que estudie y determine la responsabilidad que tenían los miembros del directorio y las organizaciones sociales”, relató Saravia en entrevista con EL DEBER.
Explicó que ese trabajo lo realizó junto a un fiscal superior de apellido Gutiérrez y el exfiscal Paul Franco (expresidente del Tribunal Constitucional), con quienes por un mes analizó todo el expediente. Al concluir esa labor, entregaron una lista y un informe ante el entonces fiscal general, Ramiro Guerrero.
El testimonio de Saravia constituye en una pieza clave para identificar a los responsables del encubrimiento de un daño económico aproximado de Bs 4.000 millones. Dichos beneficios se otorgaron tanto por razones políticas como por la corrupción en la Fiscalía y juzgados.
El elemento que destaca la historia del exfiscal Saravia fue el hecho de ser quien imputó y llevó a la cárcel a Achacollo, pese a la oposición de Guerrero y Franco, quienes, asegura, obstaculizaron el proceso en favor de la exministra y otros implicados, como los técnicos del Fondo Indígena, pese a todos los indicios que existían en contra de ellos.
Saravia asegura que dicha acción llevó a que sus compañeros de trabajo fueran parte de un montaje en su contra, que le costó su cargo y luego su libertad. No obstante, desde la cárcel, en 2019, Saravia presentó una denuncia detallando todos esos elementos.
Fue meses después de su reclusión en San Pedro, donde ahora está Luis Arce, que un técnico del Fondo Indígena fue llevado a su sección y este intentó agredirlo. Le aseguró que mientras él estaba a cargo del caso, otro fiscal lo extorsionó y logró sonsacarle $us 12.000 con la promesa de que no sería imputado, trato que no se cumplió y fue a dar a la cárcel, junto al fiscal del caso.
Saravia explicó lo incongruente de la acusación además que logró averiguar el nombre del funcionario corrupto.
“Este técnico y un dirigente admitieron que incurrieron en el desfalco del dinero de sus proyectos, pero trataron de solucionar pagando a las autoridades, igual los metieron a la cárcel. Eso fue porque no tenían protección política”, sostiene Saravia.
Sin embargo, explicó que el papel de los técnicos y asesores del Fondo Indígena, fue clave en el proceso de desfalco, puesto que estos organizaron estrategias administrativas para engañar a los dirigentes de comunidades campesina, quienes, por su poca formación académica, obedecían las instrucciones y recibieron dinero en sus cuentas particulares y firmaron desembolsos sin respaldo.
Según el exfiscal, los técnicos y los dirigentes que eran parte del directorio del Fondo Indígena, ayudaban a aprobar los proyectos, pese a que no cumplían los requisitos y luego se llevaban parte del dinero, hecho que causaba que los proyectos no se ejecuten, pero toda la responsabilidad caía sobre los representantes legales de las comunidades.
Técnicos impuestos
De acuerdo a la explicación del abogado Héctor Castellón, quien fue defensa y amigo del fallecido exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, principal denunciante del desfalco, los técnicos fueron impuestos por las organizaciones sociales que componían el denominado “Pacto de Unidad”, afín al MAS.
“Marco Aramayo, como director del Fondo Indígena, no podía contratar ni despedir a nadie, solo a su secretaria, el resto del personal era una cota de poder de los dirigentes que metieron a su gente.
Siete de las organizaciones sociales impusieron técnicos, es decir, cada una tenía un funcionario a su servicio para hacer aprobar sus proyectos”, explicó Castellón.