Existe impotencia en comunidades originarias de San José de Chiquitos por la brutal agresión de la que fue víctima Ricardo Peña, un cacique de 70 años al que dos hombres golpearon hasta provocarle fracturas en ambos brazos
Agustín Zambrana es vicepresidente del Comité pro Santa Cruz
Fuente: Unitel
El Comité Cívico pro Santa Cruz demandó al Gobierno nacional identificar y procesar a los responsables de la brutal agresión que dejó gravemente herido al cacique Ricardo Peña, de 70 años, en el municipio de San José de Chiquitos.
El hecho ocurrió en la comunidad campesina Virgen de Urkupiña y fue denunciado como un nuevo caso de avasallamiento por los propios comunarios que reflejan la impotencia generalizada por el ataque sufrido por su autoridad ancestral, quien permanece hospitalizado tras recibir una golpiza que le provocó fracturas en ambos brazos.
“Exigimos identificación inmediata de los autores materiales e intelectuales, aprehensión y procesamiento penal de los responsables, desarticulación total de las redes criminales de avasallamiento, desalojo inmediato de quienes ocupan tierras de forma violenta”, dijo el vicepresidente cívico Agustín Zambrana.
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El vicepresidente del Comité advirtió que el ataque no puede ser considerado un conflicto social y exigió acciones inmediatas, así como la protección efectiva a las comunidades chiquitanas y sus autoridades ancestrales
“Golpear a un anciano por defender su tierra no es conflicto social, es cobardía. Al Gobierno nacional y a los operadores de justicia les decimos con firmeza: si hablan de cambio, demuéstrenlo ahora”, sostuvo.
De acuerdo con el relato, Ricardo Peña salió de su domicilio la mañana del viernes para visitar a unos vecinos. Al retornar, fue seguido por dos jóvenes que lo atacaron por detrás, lo golpearon con violencia, le rompieron las muñecas y lo dejaron ensangrentado a un costado del camino.
Ante estos hechos, la Federación de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz solicitó a la Fiscalía, al INRA y al Gobierno nacional la intervención inmediata en las zonas avasalladas, así como la captura de los responsables, otorgando un plazo de 72 horas para una respuesta oficial.