Por: Carlos Manuel Ledezma Valdez
“La ley primera y fundamental de la naturaleza es buscar la paz y seguirla. A saber, la segunda: la suma del derecho de naturaleza, es decir: defendernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles” – Thomas Hobbes.
Cuentan las crónicas del 9 de julio de 1789 que, los representantes reunidos en la Asamblea Nacional celebrada en Versalles, decidían convertirse en Asamblea Nacional Constituyente. Los acontecimientos que sucedieron en los días posteriores, concluirían con la toma de la Bastilla, marcando el inicio de la Revolución Francesa. La concepción de Rousseau sobre el Estado y el pacto social, influenciaron como ningún otro en los revolucionarios franceses, adoptando las ideas políticas atípicas del filósofo ilustrado, enmarcadas en la importancia del pacto.
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En 1755 Jean-Jacques Rousseau publicó “Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres”, en la que desarrolla una de sus ideas más conocidas: “el hombre nace bueno y libre, la sociedad lo corrompe y esclaviza”. El postulado señala que en un estado de naturaleza el ser humano es inherentemente bueno, libre e igual, guiado por actos simples como la autopreservación y la compasión, sin egoísmo alguno ni ambición. La sociedad llega a destruir aquel estado primigenio, generando dependencia mutua, corrompiendo la bondad original, esclavizando al individuo, usurpándole la libertad y sometiéndolo a la voluntad general del colectivo.
En su obra cumbre “El Contrato Social”, Rousseau plantea que la soberanía reside en la “voluntad general”, donde cada ciudadano (sin ser consultado) se somete a las leyes creadas mediante sus representantes. Esta doctrina fundacional inspiró los sistemas de democracia directa, contrastando con los sistemas liberales que priorizan los derechos individuales y sostienen un gobierno representativo limitado, rechazando la democracia directa ante la posibilidad de que se ejerza la “tiranía de las mayorías” (como ocurre en varios países iberoamericanos).
Por su parte, el pacto social de los Estados Unidos, consiste en un acuerdo inspirado en las ideas “ius naturalistas” de John Locke, arraigadas en la Declaración de Independencia (1776) en la que proclaman que el gobierno deriva del consentimiento popular y la Constitución Norteamericana (1787) reafirma el pacto social, sustentada por la teoría de Montesquieu acerca de la separación de poderes bajo el argumento de que, “cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistrados, la potencia legislativa y la potencia ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad”.
Para Locke, los hombres nacen libres, iguales y racionales, se rigen por una ley natural accesible a la razón que prohíbe dañar la vida, libertad o propiedad ajena. Concibe el pacto social como un acuerdo voluntario y racional entre individuos libres e iguales, organizados para formar una sociedad civil y un gobierno limitado que proteja los derechos naturales de los seres humanos, vida, libertad y propiedad.
La influencia de la Revolución Francesa en las guerras de independencia en Latinoamérica es notable. Simón Bolívar adoptó la soberanía popular descrita en “El contrato social” de Rousseau, que abunda en que esta radica inalienablemente en el pueblo y la voluntad general. En la Constitución Política boliviana de 1926, se enfatiza el rol de sus representantes y se adoptan —al igual que en otras repúblicas de nuevo cuño— prerrogativas y atribuciones generales en favor del Ejecutivo, con el fin de evitar la anarquía.
Durante el último proceso constituyente en Bolivia que dio como resultado la Constitución Política del Estado (2009), resonaron ecos rousseaunianos, dejando la soberanía en manos de los pueblos originarios, con una fuerte influencia por parte de los ideólogos y asesores castro-chavistas, manifestando la voluntad general en una abierta y directa priorización de los aspectos indígenas, el bien común (principio básico del comunismo), por encima de la individualidad del ser humano y sus libertades.
El “pacto social” o “contrato social”, se basa fundamentalmente en el cumplimiento tácito de las leyes por ambas partes (sociedad y Estado). Aquel acuerdo implícito de respeto y obediencia a las normas a cambio de protección de derechos, orden, paz y seguridad, de todos y cada uno de los miembros de la sociedad, es cada vez más discutible. Si las leyes no son obedecidas —como ocurre en Bolivia—, el contrato social se resquebraja y será necesario elaborar ajustes para evitar que termine por romperse del todo.
Corría el año 2008 en Bolivia, cuando el último intento de alcanzar un pacto social a través de una Asamblea Constituyente legal y legítimamente constituida, se vio entorpecida por la intromisión de fuerzas externas alentadas por el gobierno de entonces, presidido por Evo Morales, acto que alteró la naturaleza democrática de la Asamblea que no alcanzó un acuerdo nacional con base en consensos, imposibilitando a los bolivianos tener una Constitución que oriente el destino del país, por el contrario, se impuso un documento elaborado por asesores extranjeros y con influencia ideológica marcada en las directrices y lineamientos del socialismo del siglo XXI.
Una muestra más de que aquellos que gobernaron Bolivia en los últimos veinte años, no respetaron la legalidad ni la legitimidad del país. El resultado, en la actualidad, es que existen grupos reducidos que permanecen anclados en el gobierno del Movimiento al Socialismo e insisten en mantener rehén a la patria, sus instituciones y su gente.
Ante la profunda crisis social, política, económica, cultural y, fundamentalmente, la crisis de valores morales que ha dejado como legado el gobierno del MAS, se debe plantear la construcción de un nuevo pacto social que busque refundar la nación basada en principios y valores, promoviendo las libertades individuales de su gente.
Luego de doscientos años resulta indispensable consensuar y arribar a acuerdos de forma transparente y soberana, con el fin de integrar al pueblo boliviano, El gobierno debe garantizar el cumplimiento de la Ley y la libertad de aquellos miles de bolivianos que se encuentran secuestrados por grupos acostumbrados (históricamente) a operar al margen de la Constitución y las disposiciones legales vigentes, sembrando violencia criminal, vulnerando sistemáticamente los derechos de las grandes mayorías y postergando el desarrollo de Bolivia.
Mientras las “autoridades” discuten estos y otros temas, que el desánimo y la frustración no minen nuestro espíritu y nos obliguen a cambiar nuestra manera de pensar, recuerden que: “Estamos acostumbrados a ver al poderoso como si se tratara de un gigante, sólo, porque nos empeñamos en mirarlo de rodillas y ya va siendo hora, de ponerse de pie”.